Las empresas canadienses GoldCorp, Industrias Infinito y la norteamerica Doe Run acaparan el espectro de noticias en América Central y el Cono Sur. "No todo lo que brilla es oro".

En la capital de Costa Rica, San José, la presidenta Laura Chinchilla rompía ayer la cuarentena de un anuncio que se hacía esperar y que ya empezaba a tomar, entre pasillos y aceras, talla de rumor. Se trata de un complejo problema cultivado durante la administración de Óscar Arias, cuando en esos años se autorizó el inicio de actividades de la minería a cielo abierto en uno de los lugares más sensibles del ecosistema costarricense.

De acuerdo con la presidenta Chinchilla, "se ha integrado una comisión fiscalizadora, con representación estatal y de las comunidades cercanas a la mina, para que inicie sus funciones de manera inmediata".

Quiere decir que el gobierno costarricense opta por fiscalizar las actividades de la explotación minera Las Crucitas, en el norte del país, mientras se define judicialmente el futuro de la concesión otorgada a una empresa canadiense para extraer cerca de una tonelada de oro. Esa empresa tiene nombre: Industrias Infinito.

Pero la concesión otorgada a Industrias Infinito y el proyecto desarrollado por esta empresa se encuentran en un limbo jurídico, paralizados. Hay un juicio en proceso cuya próxima audiencia será el 11 de agosto. En caso de que la justicia costarricense falle en contra de la empresa , el gobierno de Laura Chinchilla deberá pagar una indemnización de aproximadamente $ 1.700 millones.

Visiblemente irritada, la presidenta de Costa Rica aprovecha el micrófono y se vale de la cámara para insistir en su idea de proyectar cambios dentro del Código de Minería costarricense. "Hay que prohibir de manera definitiva la industria extractiva en el país, tanto de minerales como de petróleo, porque el país ha optado definitivamente por otro modelo de desarrollo".

Lo interesante es que la política verde ha sido históricamente una de las principales banderas de Costa Rica para definir su modelo de desarrollo, y se convirtió en uno de los principales aspectos de la retórica del ex presidente Óscar Arias Sánchez.

No ha quedado dilucidado la razón que tuvo aquella administración para autorizar la explotación a cielo abierto en una de las regiones más emblemáticas para la lapa verde, a partir de la eliminación de por lo menos 190 hectáreas de bosque tropical, el cual además es refugio para otros tipo de fauna y flora en peligro de extinción.

En este contexto, Industrias Infinito refuerza sus argumentos para decir que el proyecto que desarrollarían sería exitoso, pese a admitir que nunca antes lo han implementado en el mundo. “El proceso con cianuro para la minería se usa en casi todo el mundo, pero el modelo de Costa Rica sería diferente, sería una mina modelo”, afirma John Thomas, gerente general de la empresa. "Podría ser una mina carbono neutral", dice Thomas, deseoso de sonar convincente.

De concretarse la actividad de la empresa, habría una fiscalización desde cuatro áreas: instituciones públicas como el Ministerio de Ambiente y Energía, una comisión mixta que integra representantes de la sociedad civil, el regente ambiental y una compañía internacional que será contratada con dinero de Infinito, pero elegida por el Gobierno.

Estará por verse hasta dónde llega el compromiso costarricense y el discurso verde que le caracteriza: si decide por un modelo fiscal para una empresa que busca explotar una mina carbono neutral que se comerá 190 hectáreas de bosque primario y acabaría con el refugio de la lapa verde, o asume su responsabilidad como Estado y desembolsa una cifra millonaria por una concesión de torcida naturaleza.

GoldCorp y Guatemala
Geográficamente más distante, pero sin ser un caso distinto, en Guatemala la empresa canadiense GoldCorp cosecha el descontento en las comunidades aledañas a la mina, ubicada a unos 350 Km. al noroeste de la capital.

Ayer, cientos de trabajadores marcharon en Ciudad de Guatemala para protestar por la ocupación ilegal de tierras y los territorios de los pueblos maya Mam y Sipakapense.
Los dirigentes de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa presentaron también una denuncia ante la Corte Suprema contra la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de GoldCorp, por continuar con los trabajos de explotación pese a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde pide suspender la actividad por supuesta contaminación.

Con fecha del 20 de mayo, el fallo determina que existe contaminación de aguas en 18 comunidades aledañas a la mina. Fue cuando el gobierno guatemalteco anunció el 23 de junio que acatará la resolución de la Corte Interamericana, con sede en San José, pero mientras continuará la explotación minera.

Benito Morales es abogado de los pueblos indígenas afectados por la actividades en la mina Marlín, y dice que " el Estado guatemalteco es cómplice, porque ha apoyado la explotación minera a pesar de que ello vulnera la salud y seguridad de los habitantes de las áreas vecinas. Se ha causado daños a los pobladores de las comunidades Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, así como a sus fuentes de agua y medioambiente".

Según cifras oficiales, en promedio cada año la mina Marlín produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata. ¿Pero a qué precio lo está haciendo? Morales es claro al sostener "que hay vulneraciones considerables a los derechos humanos y las garantías ambientales de los trabajadores y vecinos de Marlín".

"Estamos ante un modelo explotador, que deja solamente explotados y muchas ganancias para ellos, a costa de nuestros hombres y medioambiente", explica el abogado Benito Morales.

Doe Run, Perú
Coincidía este miércoles el presidente Alan García, de Perú, con la cadena de noticias sobre la actividad minera en el hemisferio.

Sin embargo, su tono es otro: anuncia la cancelación de la licencia de funcionamiento de la compañía minera estadounidense Doe Run por haber incumplido el plazo para reiniciar actividades con las garantías ambientales exigidas por el gobierno.

"Vencido el plazo sin que la empresa Doe Run haya solucionado la contaminación ambiental y reiniciado sus actividades, se aplicará estrictamente la ley y se cancelará la licencia de funcionamiento", dijo el mandatario en un mensaje por el Día de la Independencia de Perú, en el Congreso de la República.

"El gobierno no permitirá que una empresa abuse del país o lo chantajee como es el caso de Doe Run, y vencido el plazo sin solucionar la contaminación ambiental se le cancela la licencia", dice contundente Alan García.

La empresa es propiedad del Grupo Renco de Estados Unidos. En un comunicado anuncian el reinicio de operaciones en una fecha por definir. "Subsisten temas que requieren ser solucionados para garantizar la sostenibilidad del complejo metalúrgico de La Oroya", explica el comunicado.

Pero la minera debe unos 200 millones de dólares a proveedores y al fisco por impuestos. También incumple con el financiamiento de 160 millones de dólares para poner en práctica un plan de defensa del medioambiente.

Doe Run controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde 1997, cuando se privatizó, pero cerró sus operaciones en junio del año pasado argumentando que fue afectada por la crisis financiera mundial, baja de los precios de los metales y por la suspensión de un crédito de un grupo de bancos extranjeros.

La Oroya, ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada a 185 Km. al este de Lima y sobre los 3.500 metros de altitud, vive de la minería desde hace más de cien años y es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Los casos de Perú y Guatemala se enmarcan en una larga lista de países que si bien han obtenido ganancias por su apertura a actividades mineras, las facturas que han tenido que pagar por daño ambiental, deterioro absoluto de la salud de los trabajadores, desaparición de bosques primarios y ecosistemas insustituibles, es muy alta.

Son casos en los que Costa Rica debería estudiar en profundidad para frenar el proyecto de Las Crucitas, preámbulo de una cruz mayor sobre la naturaleza de ese país centroamericano.