Una de las pandillas más grandes del mundo se ve afectada por la feroz persecución del Gobierno estadounidense mediante operativos de captura y deportación. Sin embargo, los expertos no están de acuerdo de que perseguir a las bandas sea la solución al problema. Por otro lado esta situación puede originar mayores violaciones de los derechos de los inmigrantes.

Charly Pérez

Los medios de comunicación estadounidenses bombardean con la problemática de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más importantes del mundo, con ciento de miles de miembros en Centroamérica y los Estados Unidos.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), anunció el lanzamiento en todo el país de la Operación Escudo Comunitario. Desde que fuera lanzada esta nueva iniciativa han sido detenidos más de 100 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13). Este operativo es el más grande que se realiza en la guerra contra las pandillas desde que el ICE fuera creado en marzo del 2003, y comenzó en seis ciudades del país donde los miembros de la Mara están presentes en forma contundente: Los Ángeles, Dallas, Baltimore, Washington D.C., Miami, y Nueva York.

"La Operación Escudo Comunitario constituye una importante iniciativa de seguridad pública del Departamento de Seguridad Interna para frenar la proliferación de pandillas en todo el país", afirmó el secretario de la ICE, Michael Aguirre. "Al combinar la jurisdicción sobre inmigración y sobre aduanas que tiene ICE en la lucha contra las pandillas, lograremos retirar de las calles a cientos de pandilleros, y como resultado tener un impacto importante en la seguridad comunitaria", agregó Aguirre.

Max Hernández, Consejero de la organización "Nuestra esperanza", especialista en los temas de pandillas, y con un Master en "Trabajo Social", expresó a Radio Nederland su desacuerdo con estas medidas del Gobierno, y subrayó que no se ha tratado el tema en forma adecuada. "Ahora las pandillas son más que nada una forma de conducta que se ha vuelto peligrosa, pero no debemos olvidar que el origen de esa conducta es un fenómeno social. Este fenómeno no ha sido enfocado desde un principio, no se ha tratado, ni se ha reconocido como tal, simplemente se ha visto como un fenómeno que causa miedo. Y se ha buscado una solución que no es la adecuada para detener este fenómeno, estamos buscando el castigo como un arma o como una manera de poder resolver el conflicto".

El movimiento de la Mara en Estados Unidos surgió en California, en la década los ochenta, con miembros refugiados de la guerra civil de El Salvador que participaron en la Mara de ese país. A causa de la guerra civil muchos de ellos emigraron a los Estados Unidos, y constituyeron sus propios movimientos en las calles de Los Ángeles. Es un fenómeno social alimentado durante años en Centroamérica, y que cobró su propio estilo al imponerse en las calles de los Estados Unidos.

El problema por lo tanto no es nuevo, sin embargo a la política antiinmigrante de la Administración Bush, le viene como anillo al dedo la excusa de la Mara para comenzar a realizar procedimientos federales de captura y deportación, que no siempre terminan enfocándose en los pandilleros. Muchos inmigrantes indocumentados, que no tienen relación con las pandillas, pueden ser perjudicados por este tipo de procedimientos. Inmigración podría buscar algún nexo con las pandillas para poder deportarlos a sus países de origen.

La política contra los inmigrantes se ha endurecido en Estados Unidos con el pretexto de la llamada guerra contra el terrorismo, y muchos inmigrantes han sufrido la violación de sus derechos a causa de esa política. La situación de las pandillas con mayoría de extranjeros, como el caso de la Mara, es una excusa para justificar las deportaciones masivas. El Gobierno federal fue ampliamente criticado, cuando vulneró el uso de las leyes de inmigración para detener a cientos de personas tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Algunos abogados de inmigración, señalaron que esta nueva campaña es un proceso administrativo con escasas posibilidades de defensa para los acusados, haciendo que inmigración sea una extensión del sistema de justicia criminal.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), se "opone al uso del estatus de inmigración como un sustituto para el buen cumplimiento de la ley".
Aunque en realidad en alguno de los casos se estuviera deportando a pandilleros, esto no constituye una solución porque sólo traslada el problema de una nación a otra, según explicaron algunos especialistas en el tema.

Malcolm Klein, miembro del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad del Sur de California (USC), manifestó que la deportación sólo transfiere el problema de un país a otro. "Sólo sé que el infierno de las pandillas va de aquí para allá, y de allá para acá. Esa no es una política inteligente", dijo Klein.

De igual forma opina el especialista Max Hernández, y agrega: "Yo siempre he considerado esto como una forma de exportar conductas y formas de vivir. Las personas que fueron deportadas, lo continuaron, lo aprendieron, lo asimilaron, y lo han practicado en su país de origen. Ahora no solamente lo han practicado los que lo aprendieron, sino lo han multiplicado para enseñar a las nuevas generaciones, a los nuevos reclutados, a practicar la misma forma de vivir que ellos han aprendido".

Incluso cuando la Mara ha sido catalogada por el Gobierno estadounidense como una amenaza para la seguridad nacional, el ICE descartó que tenga lazos con grupos terroristas como Al Qaeda, aunque se mantiene alerta ante cualquier cambio. La problemática de la Mara es una cuestión nacional, e incluso con alcance internacional, pero el problema no se ataca en su raíz, y la situación esta lejos de resolverse con políticas represivas que pueden atentar contra los derechos de los inmigrantes.