Después de una reunión de más de cinco horas con los jefes castrenses de su país, la ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet, declaró escuetamente: "hablé de todos los temas que hay que conversar con los Comandantes en Jefe", y refiriéndose a la declaración de los ex vicecomandantes, en la que condenaron las violaciones a los Derechos Humanos y la exhumación de cadáveres, la ministra agregó, "yo creo que todo Chile valora la declaración de los ex vicecomandantes".

En esta cita se trató la agenda institucional, así como materias que guardan relación con la propuesta de Derechos Humanos que prepara el gobierno. Según trascendió, en la reunión se habrían abordado mecanismos posibles para rebajar sanciones y acelerar los juicios, como la colaboración eficaz y la diferenciación de penas según el grado de participación. Las autoridades de Defensa habrían descartado implementar otro sistema, como fue el de la mesa de diálogo, para aportar nuevos antecedentes en casos de detenidos desaparecidos. Esta posición estaría basada en que los jefes militares insisten en que ya está entregada toda la información y que no es posible recabar nuevos datos.

No obstante, los militares se inclinaron por generar otros mecanismos de carácter legal para que quienes tengan antecedentes los puedan entregar directamente a los Tribunales de Justicia. Entretanto, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sometimiento a proceso de otros cinco militares por la exhumación de restos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga, dependencia del Ejército.

El juez Juan Carlos Urrutia concluyó que miembros del departamento de Inteligencia del regimiento Tacna, donde se desempeñaban los procesados, concurrieron el 23 de diciembre de 1978 hasta el Fuerte Arteaga y removieron la fosa donde se encontraban sepultados los restos de 15 personas fusiladas en el mismo recinto, tras ser detenidas en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Poco después los restos fueron removidos con maquinaria pesada y trasladados, en un helicóptero del Ejército, hasta un lugar indeterminado. Las presunciones señalan que pudieron ser lanzados al mar.

Por unanimidad, los jueces Sergio Valenzuela, Raúl Rocha y el abogado integrante Domingo Hernández, respaldaron al juez Urrutia. Los cinco uniformados en retiro sometidos a proceso en esta causa son Hernán Canales Varas, Comandante del Regimiento Tacna en 1978; el oficial Luis Fuenzalida Rojas, Jefe del departamento de Inteligencia; el suboficial José Canario Santibáñez; el suboficial Darío Gutiérrez de la Torre y el suboficial Eliseo Cornejo Escobedo, quién participó en los fusilamientos y conocía el lugar donde estaban sepultados los cadáveres, en el Fuerte Arteaga.

Augusto Pinochet, por su parte, se mostró sorprendido al ser informado sobre el documento que firmaron los ex vicecomandantes. Recordemos que los ocho tenientes generales emitieron públicamente una declaración en la que condenaron las violaciones a los Derechos Humanos y las exhumaciones ilegales durante la dictadura liderada por Pinochet. Tanto el gobierno como la totalidad de los partidos políticos chilenos recibieron positivamente la declaración de los ex uniformados.