El juez chileno Mario Carroza decretó este martes 8 de octubre el arresto de un general retirado de la Fuerza Aérea, FACH, Patricio Campos, por presunta obstrucción a la justicia. Este cargo está relacionado con la entrega de información, por parte de las Fuerzas Armadas, sobre el destino de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Ricardo Cuadros

En 1999 se conformó en Chile la llamada Mesa de Diálogo, en la que participaron representantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de organizaciones humanitarias. El propósito de este grupo de trabajo era recopilar información sobre el destino de más de mil ciudadanos que fueron secuestrados, torturados y asesinados por comandos o miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta ese momento, los militares chilenos se habían negado a participar en cualquier tipo de investigación semejante, porque hacerlo implicaba la aceptación de haber cometido crímenes. La Mesa de Diálogo, a pesar de las críticas recibidas desde la izquierda extra parlamentaria, que no confió nunca en la voluntad de investigar de las FF.AA., fue apoyada por el gobierno y parte de la sociedad civil.

Cada rama de las Fuerzas Armadas hizo sus propias indagaciones y el informe final fue entregado al presidente Ricardo Lagos el 5 de enero de 2001, quien a su vez lo hizo llegar a la Corte Suprema. En este documento, por primera vez los militares reconocieron torturas y asesinatos, así como haber hecho desaparecer 130 cuerpos arrojándolos al mar desde aviones en vuelo. En total, el documento informaba sobre el paradero de los restos de 150 personas, cantidad muy inferior a las cifras oficiales de detenidos desaparecidos. Estos magros resultados pusieron en entredicho la Mesa de Diálogo y reafirmaron la opinión de quienes sospechaban de la escasa voluntad de las FF.AA. para reconocer violaciones a los Derechos Humanos.

La detención del ex general Patricio Campos está directamente relacionada con la entrega de información falsa o distorsionada sobre detenidos desaparecidos. Pero la orden del juez Carroza deja a la vista, además, una trama de lealtades y encubrimientos al interior de la FACH que alcanza incluso al comandante en jefe de la rama, Patricio Ríos.

Fue el comandante en jefe quien designó a Patricio Campos para encabezar la investigación interna. Ahora bien, la esposa de Campos, Viviana Ugarte, perteneció a un órgano de represión de la FACH llamado Comando Conjunto y enfrenta acusaciones por su participación en al menos tres casos de detenidos desaparecidos. El comandante Ríos reconoció que conocía este antecedente familiar del ex general Campos, pero que no lo consideró un impedimento para que éste recogiera información "útil y conducente" sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

Con esta respuesta, que bien podría calificarse de hipócrita, el comandante Ríos dejó en evidencia que está protegiendo a subordinados suyos. Además, un equipo de periodistas de La Nación consiguió entrevistar a un ex agente conocido como Colmillo Blanco, quien aseguró que el Comando Conjunto se ha reactivado al interior de la FACH, ahora con el propósito de entorpecer cualquier investigación sobre militares asesinos o torturadores. Muchos de los miembros del Comando Conjunto serían actualmente miembros activos de la FACH. El mismo juez Mario Carroza ya puso bajo arresto, a fines de septiembre, a otros tres integrantes de la FACH directamente relacionados con este ex organismo de represión, ahora reciclado como organismo de encubrimiento.

Con el arresto del ex general Patricio Campos, la posición del comandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, se ha hecho insostenible. Pocas horas después de conocerse la orden del juez Carroza contra Campos, el comandante en jefe solicitó un permiso administrativo y estará fuera de su oficina hasta el día jueves, cuando el presidente de la República, Ricardo Lagos, regrese al país de una gira por Europa Oriental. Lagos ya le retiró públicamente el apoyo al comandante Ríos, pero constitucionalmente está impedido para destituirlo. Ahora sólo queda esperar que Patricio Ríos presente personalmente su renuncia.

Bien podría decirse que este turbio panorama al interior de la FACH es una prueba del fracaso de la Mesa de Diálogo, que fue instalada durante la detención de Augusto Pinochet en Londres, como una forma de probar que en Chile se podía hacer justicia. Los militares involucrados en violaciones a los Derechos Humanos se encubren entre ellos y protegen su mal entendido honor con la misma frialdad con que cometieron sus crímenes. Pero, a la vez, se puede asegurar que el trabajo de investigación periodística, que en este caso condujo a las declaraciones del ex agente Colmillo Blanco, así como la acción de jueces como Mario Carroza, son datos que revelan que la sociedad chilena se está alejando sin titubeos de la época en que sólo mencionar la culpabilidad de un militar podía costarle la vida a un periodista o el descrédito a un juez.