El Consejo de Ministros español aprobó este jueves el anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. El texto tiene todavía un largo camino por delante, pero se ha dado un paso más hacia la despenalización del aborto en España.

La nueva ley prevé que las mujeres puedan abortar sin condicionantes durante las primeras 14 semanas de gestación. Pasadas las 14 semanas, el aborto será posible en los casos en que haya riesgos para la salud de la madre o del feto.

Hasta ahora, el aborto figura dentro del código penal español y está despenalizado en tres supuestos: cuando el embarazo es fruto de una violación; si existe un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer; o si el feto sufre graves malformaciones.

La intención del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es ofrecer mayores garantías jurídicas tanto a las mujeres como a los profesionales de la salud en materia de aborto. "Derechos, garantías, seguridad y respeto", son, según la vicepresidenta primera del gobierno español, Mª Teresa Fernández de la Vega, las palabras clave que definen el anteproyecto de ley.

Largo trámite
El texto de la nueva ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera lectura, será revisado ahora por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado. Después de esto, comenzará el trámite parlamentario en el Congreso español. Allí se espera que la discusión sea larga, dado que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ya se ha declarado en contra de esta propuesta legislativa.

Asimismo, cabe esperar que haya reparos por parte de los partidos nacionalistas de corte conservador, así como una fuerte oposición de sectores como la Iglesia católica y los llamados grupos pro-vida. Aún así, el gobierno espera que la nueva ley esté lista antes de que finalice el año.

Equiparación con Europa

La ministra española de Igualdad, Bibiana Aído, explicó ayer en rueda de prensa que el gobierno está proponiendo la mejor ley posible para los ciudadanos, garantizando los derechos, la libertad y la autonomía de las mujeres, sin descuidar la protección de la vida pre-natal.

Según Aído, la nueva ley de plazos y supuestos equipara a España con la mayoría de los países europeos, e incluye una amplia batería de medidas para prevenir los embarazos no deseados. "Es una ley más equilibrada, más moderna, nos acerca más a Europa", dijo la ministra en rueda de prensa.

Un debate de meses
Desde comienzos de la actual legislatura, en abril del 2008, el aborto ha ido cobrando más y más atención en España, lo que ha generado un debate que, en no pocas ocasiones, ha subido de temperatura. El gobierno encargó a una subcomisión de expertos la realización de un informe que sirviera como propuesta de reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El principal objetivo era eliminar el aborto del código penal y responder así a la demanda de muchas mujeres que exigían una mayor protección jurídica y el respeto a su libertad para decidir.

Sin embargo, quienes se oponen a la reforma de la ley en España aseguran que se está abriendo la puerta al aborto libre, y consideran que los supuestos ahora reconocidos por la ley son suficientes para cubrir las necesidades de las mujeres que se enfrenten a situaciones desesperadas.

Posiciones encontradas
La subcomisión de expertos presentó su informe a la comisión de igualdad del Parlamento español el pasado febrero, donde fue aprobado con el único voto en contra del Partido Popular. La Conferencia Episcopal española puso entonces en marcha la controvertida campaña Protege mi vida, en la que se comparaba a un lince con un bebé de meses. Los grupos anti aborto también han mostrado de forma explicita su oposición a la reforma de la ley, promoviendo movilizaciones en toda España.

Por su parte, los defensores de la libertad de decidir también se han organizado y han puesto en marcha una página de Internet, www.nosotrasdecidimos.org con la que pretenden contrarrestar el empuje del movimiento que se autodenomina pro-vida.

La discusión, decíamos, promete ser larga y encendida, no sólo en el Parlamento español sino también en las calles. Queda por ver cuántas enmiendas tendrá que aceptar el gobierno antes de contar con la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en la que tanto ha invertido.