La Mesa de Diálogo entre civiles y militares en Chile, alcanzó un acuerdo que la mayoría del país no ha dudado en calificar de histórico. Uno de los aspectos fundamentales de lo acordado es el mecanismo para que las Fuerzas Armadas recopilen y entreguen, en un plazo de seis meses, la información que poseen sobre los desaparecidos.

Han tenido coraje y constancia los integrantes de la mesa de diálogo. Representantes de las Fuerzas Armadas, abogados defensores de los derechos humanos, personalidades de la ciencia, la cultura y la Iglesia Católica han logrado sobreponerse a la incomprensión, la crítica partidista interesada, la descalificación moral, para alcanzar una visión histórica, política y social de lo ocurrido en Chile antes, durante y después del golpe de Estado de setiembre de 1973.

Las partes coinciden en calificar de "crisis social" el ambiente previo a la dictadura y que la exacerbación de esa situación condujo al fin de la democracia. Pero sobre todo, el documento recalca que existe consenso en que es preciso rechazar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes del Estado durante el gobierno militar.

Los empresarios se han apresurado a elogiar a la dictadura y a pedirle al gobierno que busque la forma de poner fin al proceso del general Augusto Pinochet, que afronta el desafuero parlamentario y 113 querellas criminales. La razón esgrimida por los empresarios es que la división entre los chilenos es un factor "que está pesando sobre la economía". Es más, el presidente de los empresarios ha dicho que "está absolutamente convencido de que, por razones de patriotismo, tanto los tribunales como el Parlamento y el presidente de la República van a buscar las vías más adecuadas para lograr una reconciliación definitiva".

La impunidad jamás puede ser condición para avanzar hacia la concordia nacional.

Curiosas declaraciones. No aluden en momento alguno a la justicia, no niegan los hechos ocurridos, los crímenes cometidos. Son palabras que basan su alegato en el patriotismo, la economía; como si las víctimas no tuviesen condición patriótica o humana. Como si su dolor los convirtiese, por un maleficio desconocido, en seres reprobables, que más bien deberían avergonzarse de su condición.

No es esa la reconciliación que se busca. La impunidad jamás puede ser condición para avanzar hacia la concordia nacional.

Por lo demás nada puede ahora reducir el impacto que significa para el país el reconocimiento explícito de las Fuerzas Armadas de que han existido violaciones a los derechos humanos desde las instancias del Estado. Quiéranlo o no los firmantes del acuerdo, este reconocimiento pesará significativamente en el proceso a Augusto Pinochet.

Los familiares de los desaparecidos también han corrido a condenar el acuerdo porque temen que el documento consagre la impunidad. Parten de la base de que, con la entrega de los antecedentes, los cuerpos de las víctimas serán localizados, y con ello, desaparecerá la figura del secuestro permanente, que no proscribe en el tiempo y que, por lo tanto, es objeto de delito punible. Es comprensible el temor de los que siempre han sido engañados, pero no se trata más que de una conjetura. La Mesa de Diálogo se trazó la tarea de llegar a un acuerdo para conseguir información sobre los detenidos desaparecidos y lo ha logrado. Esa es su grandeza; no se le puede exigir que asuma responsabilidades que están más allá de sus funciones.

Contribuye este acuerdo global al proceso de democratización nacional? Sin duda. Lo que no hace es modificar la condición de los culpables, ni aplicar sanciones, ni obligar a los victimarios a pedir perdón.

En síntesis, es un avance de proporciones en la dirección correcta, pero no cierra el pasado histórico porque las heridas son de tal magnitud que no existe documento que alcance a curarlas. La respuesta sólo podrá surgir del deber ineludible de que se haga justicia.