Brasil fue sacudido recientemente por un crimen tan trágico como desconocido en la vida del país. La masacre de una docena de escolares en un barrio de Rio de Janeiro conmovió a la opinión pública y desató un debate nacional sobre el sentido que podría tener este acto de terror e irracionalidad.

¿Qué explicará una agresión tan aleatoria y odiosa? Por cierto, una mente perturbada y desequilibrada, quizás movida a un acto de desesperación por la solidad radical que produce la sociedad de masas contemporánea. ¿Habrá sido la matanza un intento de venganza personal o revanchismo existencial, o simplemente la búsqueda por la notoriedad fácil, la fama instantánea en el mundo de la mediatización globalizada?

Es muy temprano para especular, si es que jamás conoceremos las motivaciones profundas de un acto tan extremadamente anti-social. El pronto anuncio por la Presidenta Rousseff de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, más allá de un gesto de solidaridad, expresó la carencia de las palabras como consuelo frente a tamaña crueldad. El silencio conmovido tradujo, en último análisis, una perplejidad colectiva frente a la pérdida de una ilusión muy común en la sociedad brasileña. Pensábamos que en Brasil no se veían modalidades tan insanas de disfuncionalidad social. Gestos de violencia gratuita, expresivos de una morbidez mental con síntomas de psicopatía colectiva, era cosa que sucedía lejos, en otras latitudes y culturas. Las cruces fijadas frente a la escuela donde se produjo la matanza son un recordatorio de nuestro engaño nacional.

Por cierto, los brasileños están acostumbrados, quizás anestesiados, frente a otro espectáculo no menos grotesco, aquel de las muertes y matanzas casi diarias en las grandes ciudades. Esas serían, sin embargo, un mal menos incomprensible y, por ende, menos detestable. Asociamos estos actos de violencia a la precariedad de las condiciones materiales en que subsisten aún muchos conciudadanos. En otras palabras, se trata de una forma de comportamiento anti-social racionalmente explicable y en principio técnicamente solventable - si hay la voluntad política colectiva.

Paz social solo con justicia social
El momento actual en Brasil parecería alentar optimismo. Como resultado del continuado auge económico y, en particular, de la baja de la cesantía, se nota una innegable mejora en casi todos los indicadores nacionales de calidad de vida. Asociado a eso, se vienen adoptando políticas públicas dirigidas específicamente a paliar las carencias de los sectores más vulnerables. Especialmente notable ha sido el éxito en transformar en ciudadanos plenos a los habitantes de las villas miserias de los grandes conglomerados urbanos del país. Merced a inversiones masivas, se está llevando infraestructura de transporte, salud e educación a personas que antes vivían en barrios donde el poder público se hacía notable tan solo por medio de periódicas incursiones policíacas para reprimir las bandas de narcotraficantes que dominaban las tristemente conocidas favelas. Expresión más elocuente de la nueva postura del Estado, la policía hoy tiene una función “pacificadora” que contribuye directamente a la reversión, por cierto aún insuficiente, de las alarmantes estadísticas de conflictividad social.

Esa transformación fue gráficamente capturada por la cinematografía brasileña en años recientes. “Ciudad de Dios”, de 2002, traza una visión desesperanzada y sin retoques de una realidad sombría y aparentemente sin perspectivas redentoras. Más recientemente, las películas “Tropa de Élite” I y II, historian la reacción, compleja y contradictoria, de una sociedad agotada por ese paroxismo de criminalidad. El personaje central de ambas películas es un policía que ve en una combinación de intimidación y represalia la única respuesta eficaz a esa lacra social. Su ley es la de la selva, basada en una noción personalista de justicia y en un modelo moralista de honor.

Contra esas prácticas policíacas represivas, que hacen recordar los peores momentos de los “años de plomo” de la historia reciente del país, se levanta el otro protagonista principal, un activista social. Él no vacila en defender los derechos humanos, incluso los de los criminales, una vez que echa la culpa por la mayoría de los males del país a los pies del modelo concentrador del poder y de ingreso inaugurado por el régimen autoritario. Deriva en la tentación de abdicarse de enfrentar enérgicamente a la criminalidad, bajo el concepto de que soluciones definitivas a la violencia estarían subordinadas a cambios, necesariamente lentos, en las condiciones socio-económicas de las capas más vulnerables de la población.

Ambas caricaturas conllevan a un vacío moral, a la abrogación de compromiso individual y responsabilidades colectivas en reverter la grave degradación de la vida en los grandes centros urbanos del país ¿Cómo reconciliarlas? Es el reto que ha inspirado a la sociedad brasileña en años recientes. Como primer paso, en culminación de la redemocratización, se adoptó la constitución “ciudadana” de 1988. En ella, los derechos políticos individuales fundamentales se plasman con las aspiraciones socio-económicas colectivas de la nación. Al mismo tiempo, se fortaleció la Policía Federal, se institucionalizaron los órganos de control ciudadano y judicial, además de construir más cárceles y cárceles más seguras. Se traduce así en la práctica la consigna de que desarrollo social y seguridad personal son valores complementarios e interdependientes.

La inseguridad ciudadana: una agenda hemisférica
¿Qué impacto tendrá la reciente masacre sobre ese consenso emergente? El hecho de que el arma utilizada en la masacre de Rio fue robada y que muy probablemente es de origen clandestino podría reactivar demandas por un mayor rigor en el control del porte de armas. Bajo el concepto de que, con menos armas, se mata menos, se realizó hace algunos años, un plebiscito. Sin embargo, merced al fuerte clima de inseguridad entonces vigente, venció la tesis de que, en una sociedad donde prevalece la ley del más fuerte, la ciudadanía – y no solo los criminales - deben estar armados. Hoy, cuando caen significativamente los índices de violencia en las grandes urbes nacionales, tal vez el plebiscito tuviera mayores posibilidades de éxito.

El debate sobre restringir el acceso a armas de fuego no es, sin embargo, un tema tan solo doméstico. No se puede ignorar que la violencia urbana en Brasil, como en muchos otros países latinoamericanos, está estrechamente vinculada a una compleja trama de crímenes transnacionales. Si el narcotráfico es el eje central, el comercio de armas, junto con el lavado de dinero, son importantes coadyuvantes.

¿Podrá una renovada determinación en cohibir el acceso doméstico a armas contribuir también a subrayar el imperativo de que igualmente la comunidad de países se movilice en torno a esa cuestión? Una mayor coordinación en el control a nivel internacional del contrabando de armas es indispensable a cualquier esfuerzo consistente para combatir el crimen organizado. Sin embargo, no es lo que se ve. Pese a la elocuencia de las estadísticas, se calcula que el 90% de las armas que llegan a las manos de los carteles de drogas mexicanos, por ejemplo, son contrabandeadas desde la frontera norte. En Brasil, no será muy distinto. Por cierto, Brasil tiene una fuerte industria de armas y se calcula que al menos ocho millones estarían en circulación clandestina. Sin embargo, es innegable que la mayoría de las armas de gran calibre recuperadas de las pandillas en las favelas de Rio es, al igual que en México, de origen norteamericano.

Sin embargo, las autoridades en Washington se niegan a colaborar en una estrategia global para interrumpir ese tráfico fatal. Rechazan cualquier monitoreo más efectivo sobre el comercio de armas en EEUU, bajo el principio de que restringir el libre acceso de sus ciudadanos a esos productos constituiría una violación de un derecho supuestamente constitucional. Así, se frustraron los esfuerzos por cohibir o, al menos, reducir ese flujo clandestino e incontrolado de armas de gran letalidad.

La batalla de la opinión pública
A despecho de la verdadera amenaza que ese flujo representa para la paz y seguridad internacionales, prevalecen los intereses comerciales por detrás de esa idiosincrasia. Sin embargo, el criterio realmente determinante en ese debate tiene como trasfondo la siguiente pregunta subliminal: ¿qué credibilidad tendrá México – u otros países latinoamericanos - como para exigir cambios en las leyes de EEUU? ¿No se trata de un esfuerzo inútil, frente a la incompetencia – para no decir corrupción – de las fuerzas de seguridad encargadas de reprimir el tráfico de armas y drogas en ese país?

Es un argumento bien conocido. Ya se lo esgrimió cuando la controversia en torno de la quiebra de patentes farmacéuticas utilizadas en el tratamiento del SIDA en países en desarrollo. Tan solo con medicamentos a bajo costo sería viable financiar los programas de acceso universal necesarios para evitar verdaderas pandemias en países sin recursos para adquirirlos a precios “de mercado”. La noción de que la salud pública debe tomar precedencia sobre los lucros no prevaleció automáticamente. Para vencer la resistencia de las compañías farmacéuticas a la venta de versiones más baratas de sus remedios, era preciso antes vencer la guerra de la opinión pública. Fue indispensable que países como Brasil demostraran que eran capaces de armar ambiciosos programas de distribución de medicamentos. Quedaron por tierra tesis alarmistas de que el país no tenía condiciones técnicas ni administrativas para implementar proyectos anti-SIDA en escala nacional.

Los desafíos no serán diferentes en la lucha por cohibir el contrabando internacional de armas. Este sendero, Brasil ya empezó a caminarlo. Los resultados que el país está cosechando al instalar “policías pacificadoras” en las favelas de Rio, ganan aún más credibilidad y consistencia cuando reeditan la estrategia exitosa que se aplica en los barrios de Puerto Príncipe, en Haití. Igualmente imprescindible será que toda Latinoamérica se una para forjar una estrategia coordinada e integrada para combatir el narcotráfico. Los acuerdos en materia anti-drogas que Brasil viene firmando con sus vecinos es un primer paso. En estas circunstancias, quedará aún más rara e idiosincrática la continua renuencia de los EEUU en reprimir el tránsito clandestino de armas que sabidamente alimenta a las pandillas narcotraficantes.

Para los brasileños, esa perspectiva tal vez sea un modesto consuelo para lo acontecido en Rio y la pérdida de nuestra inocencia con respeto a las causas de la violencia. Por cierto, seguiremos sin respuestas plenamente satisfactorias o científicas para el acto demencial que costó tantas vidas hace pocos días. Sin embargo, que sirva de incitación para que nos dediquemos solemnemente a eliminar otro tipo de violencia, esa, sí, muy racional - la lógica mercantil de los “mercaderes de la muerte”.