El lunes 17 de agosto tuvo lugar un seminario internacional bajo el título "Compromiso con la libertad de expresión 2009". El evento fue organizado por la Fundación para la Libertad de Expresión en el salón de actos del Museo Antropológico de Ciudad de México. A continuación la intervención de José Zepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland.
José Zepeda*
El devenir del tiempo puede medirse tanto cronológica como históricamente. En este último caso, el siglo XX terminó en 1989. Dos hechos capitales inauguraron una nueva época: el primero, la caída del Muro de Berlín. Atención, habría que repetirlo en voz alta y de pie este acontecimiento: cayó el Muro de Berlín. El derrumbe de una ideología que conquistó a millones de creyentes con la promesa incumplida de un mundo mejor dejó tras si una estela de orfandad, un vacío profundo, una gran desazón.
Ese mismo año de 1989, se populariza Internet y se acelera sin pausa la convergencia digital. El fenómeno de la globalización comercial y económica torna difusas las fronteras y elimina virtualmente las distancias. En el campo mediático, la concentración empresarial en el ámbito local e internacional es determinante. En América Latina, en las postrimerías de las década del 80, comienzan a salir los primeros brotes de la primavera democrática tras largas y cruentas dictaduras.
Estos hechos constituyen individual y colectivamente las razones de un cambio político, social, económico y cultural de gran magnitud. Un mexicano célebre, Octavio Paz, dijo en su obra Pasión Crítica que “los medios de comunicación forman parte de la sociedad y cuando cambia la sociedad cambian los medios”. Es verdad. Agreguemos, con la experiencia actual que lo contrario también es cierto: “Los medios del siglo XXI tienen la capacidad de influir en el cambio de la sociedad”.
De la visión a los hechos: cuando regresan los militares a sus cuarteles y llevan consigo las pistolas que hacían indiscutible el argumento de la censura, tanto los medios como los periodistas recuperan la posibilidad crítica.
Hay que decirlo por lo alto, en la noche larga de América Latina hubo demasiada obsecuencia, demasiada traición, que ha tenido escasa autocrítica. Son excepcionales los casos de aquellos que han reconocido que, desde diarios, revistas, televisión y radio, se hicieron cómplices de los regímenes autoritarios.
Por desgracia, esa obsecuencia, en muchos países, aún perdura en democracia. Pero la libertad no ha sido abandonada ni en las peores circunstancias. Unos pocos aquí, y otros allá mantuvieron la dignidad de un periodismo veraz, comprometido con la denuncia del crimen. Pagaron caro siempre su osadía. Intimidación, cárcel, exilio, desaparición, asesinato. La democracia devolvió la voz a los demócratas. Cambiaron los medios, porque la sociedad cambió.
Internet, al posibilitar la interactividad sin tener que pedir permiso a nadie para hablar, al ampliar hasta cifras siderales la cantidad de información disponible, al concatenar imagen, texto y sonido, impulsa cambios de comportamiento sociales y culturales. Obliga a replantearse la educación, la lectura, la concepción de los medios, la función misma del periodismo. Las nuevas tecnologías comunicacionales cambian a la sociedad.
Las características actuales de la globalización son contradictorias. Potencian la participación a través de la Red y restringen el pluralismo mediante la concentración de los medios. Por eso, cuando queremos preguntarnos por la salud de la libertad de expresión, hay que responder primero cuál es la salud libertaria de la sociedad en que esos medios actúan. Y la respuesta a esta pregunta en América Latina y el Caribe es ambivalente.
Hay países en los que sus gobernantes mantienen con los medios una saludable relación de amor y de odio, que preserva las condiciones básicas de una práctica democrática. Pero hay otros países en los que se ha llegado al divorcio. En ellos, el gobierno trata a medios y periodistas de la oposición como enemigos de la patria, como delincuentes que buscan la desestabilización, como sujetos a los cuales hay que privarlos de sus canales de expresión, llevarlos de preferencia a la cárcel y demonizarlos para que no se atrevan a levantar la voz.
La respuesta algunas veces no ha sido democrática, sino a fin a los propósitos de estos gobiernos: manipulación, medias verdades, ocultamiento de hechos, connivencia militante, que no son respuestas periodísticas sino que conforman una patología que envilece la profesión.
La polarización extrema, que divide a grupos y familias, hace difícil la práctica de la libertad de expresión. Pero más allá de estos comportamientos criticables prevalece la intención decidida de gobiernos intolerantes incapaces de aceptar la opinión crítica. Estos demócratas a tiempo parcial están llevando a la libertad de expresión al despeñadero.
La razón última es menos compleja de lo que parece: no creen en ella. No sirve a sus intereses, es un obstáculo en el camino de sus pretensiones, disque libertarias. Son gobernantes que se llaman entre ellos, que se preguntan: “oye, cómo tu de deshaces de estos periodistas molestos”.
Los Estados tienen una enorme responsabilidad en las limitaciones de la libertad de expresión. Persiguen, hostigan, intimidan, amenazan, recurren a triquiñuelas aparentemente legales para callar o deshacerse de los periodistas molestos. Estos señores todavía no se enteran que el periodismo tiene por sino principal buscar la verdad y darla a la conocer; criticar al poder, y dar voz a los que piensan distinto. Hay agentes del Estado, en esta región, que tienen sobre sus hombros la imperdonable responsabilidad de ser autores intelectuales del delito por premeditación u omisión en contra de periodistas. Están para defender la vida y utilizan una instancia que es de todos para delinquir.
¿Es el Estado el único responsable del déficit en la libertad de expresión? De ninguna manera. Para tener derecho a crítica, los medios como los periodistas también debemos evaluar nuestro proceder. La concentración en pocas manos, aquella que asfixia a medios medianos y pequeños atenta en contra de la pluralidad de voces que es la esencia de la democracia.
Los medios tienen derecho a una posición editorial, pero no así a hacer de los mediadores entre el conocimiento y la sociedad instrumentos de indoctrinación, de causas particulares, mediante la manipulación a través del engaño, la tergiversación y el ocultamiento. El periodismo para ser creíble debe ser respetuoso de las ideas ajenas, y no debe tratar a sus interlocutores como gente sospechosa de quién sabe qué fechorías. Un periodismo informado, serio, con vocación de verdad es lo que potencia los alcances de la libertad de expresión.
La libertad de expresión necesita de ciudadanía activa, no el mero espectador embelesado frente a la pantalla. Uno de los rasgos menos deseados es el cultivo de la indiferencia. La sociedad democrática es autónoma con ciudadanos autónomos imbuidos de fraternidad social.
No hay recetas únicas para elevar los índice de la libertad de expresión. Señalo, finalmente, algunos aspectos que me parecen pertinentes:
- La educación sobre los medios debe comenzar a edad temprana. No me refiero a los aspectos técnicos sino al entramado que recoge, elabora y difunde los contenidos de la comunicación. La capacidad de discernir es algo que puede ser motivado desde las aulas y los propios medios.
- Los Estados tienen la obligación de velar por la libertad de expresión sin cortapisas ni leyes elaboradas de acuerdo a los intereses ideológicos del gobierno de turno. Por ello deben promover la creación o mantenimiento de medios realmente públicos que gocen de autonomía sin injerencia de las autoridades de turno.
- Es preciso legislar sobre comunicación, de otra forma se actúa en el vacío y la impunidad. Las leyes sobre comunicación deberían ser el fruto de la concatenación de miradas legislativas, unida a la de los propios medios y sus trabajadores, a la de la academia y de la sociedad civil. Hay que crear puentes entre las partes, ahora que sabemos, por experiencia, que la confrontación no ha dado resultados positivos. Nadie está en contra de los grandes medios, se está contra cuando aquellos perjudican más que benefician a la democracia. El caso de Uruguay es un camino posible.
- Es bueno fijarse en lo que pasa con los vecinos. En Perú, por ejemplo, la sociedad civil ha creado una veeduría de la comunicación, un observatorio de la comunicación, que tiene por misión observar el comportamientos de los medios y la calidad de sus productos. La sociedad tiene derecho a exigir una comunicación plural y de calidad. Asimismo en Perú, desde las organizaciones sociales y no gubernamentales se propician leyes que son el fruto del debate entre los diversos sectores.
- Éstas son sugerencias locales, pero es necesario ir un paso más allá en una realidad globalizada. Si queremos soluciones globales a desafíos globales, y éste es uno de ellos, deberíamos promover La Convención Interamericana de la Comunicación, que establecería criterios inequívocos sobre el quehacer democrático de los medios y el acceso a ellos por parte de la sociedad. Convención que debería dotarse de recursos que hicieran posible su aplicación sin dilaciones. No como hoy que existiendo un consenso continental no es posible hacer sentir realmente el peso del derecho internacional y la defensa sin restricciones de la democracia a quienes la han traicionado.
*José Zepeda es director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland.

























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