Madrid podría poner fin a una generosa ley que permite a sus jueces investigar violaciones a los derechos humanos fuera de las fronteras españolas. Esto pondría fin a una década en la que muchas víctimas alrededor del mundo han tenido la oportunidad de hacer oír su voz en la Audiencia Nacional.

España es uno de los pocos países que han validado los principios de la jurisdicción universal. Desde 1985 el código penal español permite a la Audiencia Nacional actuar fuera de España en casos de serios abusos contra los derechos humanos, incluso si no hay víctimas españolas involucradas.

En años recientes algunos jueces españoles han utilizado esta doctrina para abrir casos por atrocidades desde Tibet hasta Ruanda. El juez Baltasar Garzón alcanzó renombre mundial cuando ordenó el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, en 1998. A partir de ese momento, los violadores de derechos humanos más conocidos entendieron que ya no podían contar con impunidad alrededor del mundo.
 

En este momento la Audiencia Nacional está viendo 13 juicios que implican genocidio o crímenes contra la humanidad que afectan a 8 países, entre ellos China, Israel y Estados Unidos.
 

Diplomacia
No obstante sus virtudes, la generosa ley española se está convirtiendo en un problema. Casos recientes han derivado en presión internacional para que Madrid ponga freno a su política de justicia internacional.
 

Israel ha mostrado preocupación después que la justicia española aceptara acusaciones de crímenes contra la humanidad cometidos por altos oficiales israelíes en Gaza, el año 2002. El gobierno israelí llamó a España a no entrometerse en asuntos de otros países y ha ordenado una investigación del bombardeo en Gaza, que dejó un saldo de 15 civiles muertos.

Pekín también ha pedido a Madrid que no interfiera en sus asuntos internos, después que un juez español anunciara que quiere interrogar a 8 líderes chinos en relación con acusaciones de genocidio.
Estados Unidos ha mostrado igualmente preocupación por la posibilidad de que el juez Garzón presente cargos contra 6 ex funcionarios del gobierno de George W. Bush por permitir torturas.
 

Reformas
Hasta ahora las investigaciones españolas han derivado en una sola condena. Adolfo Scilingo, un ex capitán de la Marina argentina, fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad el año 2005. Scilingo colaboró en el lanzamiento al mar desde aviones del Ejército argentino de 30 prisioneros drogados y atados, en los años setenta.
 

El mes pasado los legisladores españoles consideraron que su país no se puede convertirse en “el policía judicial del mundo” y votaron a favor de una urgente reforma de la política de justicia universal. La recomendación de los legisladores es que los principios de justicia universal solo pueden aplicarse cuando el delito está directamente relacionado con España.
 

Las agrupaciones de defensa de los derechos humanos han pedido a Madrid que no aplique reformas al sistema, que se ha convertido en una clara señal de advertencia a los criminales internacionales que pretender viajar a Europa. Sin esta ley española, la impunidad volverá a ser la norma.

Todo indica, no obstante, que el gobierno español aprobará la reforma legal, tal como hizo Bélgica hace 6 años. Bajo presión de Israel y Estados Unidos, en 2003 Bruselas alteró sus leyes de aplicación universal, que eran similares a las españolas.

Una vez que Madrid derogue la aplicación universal de su ley penal, el único recurso de las víctimas de atrocidades será la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Holanda. Pero, el mandato de los jueces de la CPI es mucho menos amplio que el de los jueces españoles. En La Haya solo se pueden ver casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando así lo solicita una nación o el Consejo de Seguridad de la ONU.