Ya van casi tres años de la implementación de la Iniciativa Mérida, pero los resultados dejan todavía mucho que desear. Peor aún, no hay forma de medirlos.

En síntesis, la Iniciativa Mérida es una estrategia conjunta de los gobiernos de Estados Unidos, México y los otros países centroamericanos para combatir el narcotráfico hacia el mercado estadounidense.

La preocupación acerca de la Iniciativa Mérida es justificada. En papel es una "cooperación bilateral estratégica y táctica, concertada y necesaria para combatir de manera efectiva el narcotráfico'', lanzada después del encuentro que sostuvieron los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush en marzo de 2006 en Mérida. Ambos mandatarios establecieron como una prioridad urgente la ampliación de la cooperación bilateral y regional para alcanzar unos objetivos que hoy en día parecen quedar muy lejanos.

Para muchos analistas se trata de una variante del Plan Colombia para Centroamérica y México, cuya financiación correría, sobretodo, a cuenta del gobierno estadounidense. Washington había previsto 1600 millones de dólares para el programa, pero al parecer no hay esa capacidad de absorción. En el informe de la contraloría del Congreso presentado el miércoles de esta semana se afirma que "para el 31 de marzo de 2010, 46% de los fondos de Mérida habían sido comprometidos, y aproximadamente 9% fueron gastados”.

Armados hasta los dientes
Según Pim Metaal, del Instituto Transnacional de Ámsterdam, TNI, institución que dedica parte de su investigación al tema del narcotráfico y sus efectos en la comunidad global, "la iniciativa no ha logrado cumplir su objetivo principal, es decir, disminuir la cantidad de droga que ingresa a Estados Unidos desde Centroamérica. Pero tampoco ha sido efectiva en lo que se refiere a la seguridad de la gente''.

En efecto. Los transportes de droga adquieren cada vez características más sofisticadas y la cantidad de muertos que produce diariamente en la región, y México en especial, se cuentan por decenas y no parece que eso vaya a disminuir en el corto plazo. Sobretodo porque las bandas de narcotraficantes parecen estar decididas a dar cara al asedio militar. Para ello se han armado hasta los dientes, y en el caso de los Zetas, banda conformada por ex oficiales del ejército mexicano y de la policía, incluso han sido entrenados para labores especializadas de represión. Ahora la aplican, pero contra la ciudadanía indefensa, para lo que disponen de un arsenal más contundente y moderno que el mismo ejército.

Población civil brutalmente golpeada
Según la Procuraduría General de México, más de 70.000 armas han sido incautadas desde diciembre de 2006, cuando se inició la campaña contra los carteles del narcotráfico que ha incluido el despliegue de 50.000 militares para perseguirlos. Dentro de las armas incautadas se encuentran fusiles AK-47 y R-15, frecuentemente utilizados por el crimen organizado, además de otras armas de fuerte contundencia.

Desde que el presidente Felipe Calderón lanzara su campaña militar en la zona fronteriza con Estados Unidos, la población ha sido brutalmente golpeada por las bandas de narcotraficantes. Cualquier vínculo, por vago que este sea, con una banda enemiga o con alguna institución o funcionario del Estado, puede ser suficiente para que a uno le acribillen a tiros y le otorguen la paz completa y definitiva.

Congreso estadounidense
Debido a todo esto, miembros del Congreso estadounidense han criticado las condiciones en las que se fiscaliza la iniciativa que ha recibido innumerables críticas incluso desde los mismos institutos gubernamentales.
Uno de los puntos claves en la implementación de la iniciativa es el respeto a los derechos humanos, pero es allí precisamente donde no se ha logrado avance alguno. Por el contrario. Según Pim Metal, “las condiciones para entregar el dinero ofrecido por Estados Unidos para la iniciativa debería estar sujeta a avances en este campo".