“Depredador”, “Parasitario” y “Simbiótico”, de menor a mayor jerarquía, son los tres principales niveles de la estructura delincuencial en Guatemala, según un estudio de la Inteligencia Civil al que Radio Nederland tuvo acceso exclusivo.

Los propósitos del trabajo: demostrar el desarrollo, organización y penetración de la delincuencia – sobre todo el narcotráfico, gracias a su incomparable poder corruptor – en prácticamente todos los estamentos de la administración publica y alertar al Poder Ejecutivo sobre la capacidad de descomposición social e inestabilidad política de actividades que en el primer semestre de este año produjeron aproximadamente 2 mil asesinatos, la mayoría impunes.

El análisis acaba con las fronteras entre “delincuencia común” y “crimen organizado”; demuestra la relación entre ambas categorías y de estas con las instituciones del Estado y con los organismos constitucionalmente encargados de prevenirlos o neutralizarlos.

Marabuntas
El primer nivel (“de calle”; operativo) esta integrado por jóvenes de zonas urbanas marginales, fuertemente armados, jerárquicamente organizados y sin escrúpulos o impedimentos de carácter psicológico o moral para ejercer una violencia extrema. La mayoría pertenece a alguna “mara” - término derivado de las hormigas marabuntas, que acaban con todo a su paso, metáfora para explicar lo que hacen estas "mara-buntas" humanas.

Se trata de la modalidad mas reciente y peligrosa de las tradicionales pandillas; una respuesta a la necesidades de identificación, pertenencia y reconocimiento, sobre todo de los jóvenes pobres en un contexto discriminatorio y hostil, y con un comportamiento fuertemente territorial.

Pese a la proliferación de maras, la “18” y “Salvatruchas” son las más importantes y letales. Ambas surgieron en los años 80 en el estado norteamericano de California, integradas por inmigrantes ilegales o descendientes de ellos provenientes de México y Centroamérica. La primera tomó su nombre de la calle 18 de la ciudad de Los Ángeles. La segunda, surgió en el seno de la comunidad de inmigrantes de El Salvador – muchos de ellos expulsados por la guerra en ese país -, como respuesta a las pandillas ya existentes. La rama “MS-13” se hizo fuerte en el sur de ese Estado; la “MS-14” en el norte.

Pruebas de admisión
Al regresar (deportados) quienes pertenecieron a alguna de esas maras – para ser considerado un “iniciado” el aspirante debió pasar por inhumanas pruebas, contra si mismo y contra otros, incluyendo el asesinato – trajeron consigo esa “cultura” de tribu urbana, violenta y excluyente, asociada a la delincuencia y el consumo/comercio de drogas ilegales, y la reprodujeron o readaptaron en sus países de origen.
 

En Guatemala “18” y “Salvatruchas”, históricamente enfrentadas entre si, controlan áreas claramente diferenciadas de la periferia de la capital e, inclusive, dentro de ésta. En las zonas 1, que corresponde al centro de la ciudad, 18 (una de las mas violentas), 12 y en la colonia “Limón”, opera la “18”. En la zona 21 y las colonias Villanueva y Boquerón, entre otras, los Salvatruchas.

Inicialmente, los mareros se tatuaban casi todo el cuerpo con nombres, símbolos y códigos que, no solamente los identificaban como pertenecientes a tal o cual organización, sino que llegaban a representar su historial delictivo (cuantos homicidios tenían en su haber, por ejemplo), para imponer temor y subordinación entre sus pares y amedrentar a sus rivales. Después decidieron prescindir de esa practica para evitar ser blancos de la “limpieza social” y fácilmente reconocidos por las autoridades.

300 bandas
Actualmente se estima en 5 mil los integrantes de ambas maras (en el caso de “Salvatruchas” provenientes en su mayoría de la rama MS-13), sub-organizados en unas 300 bandas.
 

En el nivel “parasitario” se establecen los contactos y las relaciones de complicidad o pactos no escritos entre la delincuencia “de calle” y los jefes, oficiales y tropa de las estaciones (40), sub-estaciones y “serenazgos” (patrullas o turnos nocturnos a cargo de entre 6 y 8 agentes) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas relaciones se producen y manifiestan de diferentes maneras. A cambio de cantidades de dinero preestablecidas o de una parte del botín, los jefes, oficiales y efectivos corruptos de la PCN acuerdan y respetan “áreas libres” para el accionar de la delincuencia; desestiman pedidos de auxilio o denuncias de las victimas; no capturan o liberan rápidamente a los maleantes; los alertan o les proporcionan protección y, en no pocos casos, son co-partícipes de robos, asaltos, secuestros, extorsiones y asesinatos.

Corrupción
El informe advierte que estos comportamientos corruptos, pese a que en Guatemala se vienen produciendo con alarmante frecuencia y cantidad, se registran en casi todos los países del continente americano, “inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica”.
 

Los partícipes en los “serenazgos” son los que están en más directo y estrecho contacto con los delincuentes. Por lo tanto, son los mas fácilmente sobornables, pero también los mas vulnerables: los malhechores los conocen personalmente, saben dónde viven, tienen identificados a sus familiares. Cualquier reticencia, delación o violación a los acuerdos establecidos les puede costar la vida y/o la de sus seres queridos. Es decir que los efectivos policiales se mueven entre la tentación del dinero fácil y el permanente temor.
 

Pese a que en los últimos años se avanzó en la creación de la Escuela de Policía (no forma oficiales), cursos y becas para entrenamiento y especialización, mejoras salariales y de prestación social, en materia de armamento, alojamiento y logística, el estudio reconoce que la PNC arrastra prácticamente los mismos males de su antecesora, la Policía Nacional. (PN) que, en lugar de proporcionar seguridad ciudadana, actuó como organismo de represión política ilegal y “limpieza social” de los regímenes militares.

Reciclaje
Uno de los principales problemas que se reconoce es el denominado “reciclaje”, por medio de cual se integraron a la PNC ex policías nacionales y ex miembros de las ya desaparecidas Policía Militar Ambulante y Guardia de Hacienda (empleados del Estado, subordinados al Ejercito y al servicio de la seguridad de los grandes empresarios privados y sus negocios), con toda su carga de irrespeto por los Derechos Humanos, corrupción e incapacidad técnica y operativa.

Como después de las sucesivas purgas de elementos corruptos dentro de la PCN no existe ningún recurso o sistema para monitorear sus actividades, muchos de ellos, al quedar desempleados y disponer del “know how” necesario – disposición criminal, manejo de armas de fuego, conocimiento del “modus operandi” de los maleantes y de la forma de restablecer contacto con ellos - se incorporan a tiempo completo a las actividades delictivas.
 

En las instituciones del Estado y hasta en sus mas altos niveles, la colusión entre la prestación de un servicio publico (seguridad) y las actividades delincuenciales (“de calle”) se reproducen en todas las funciones (Defensa, Administración de Justicia; Legislación; Economía y Finanzas: Obras Publicas, etc.) y alcanzan su máximo nivel de corrupción e impunidad en el ultimo peldaño: el “simbiótico”.

El análisis lo denomina así porque considera que en esa instancia se produce una verdadera “simbiosis” entre la función publica y los delitos de gran escala: narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, sub y sobre facturación en el comercio internacional, comisiones y sobreprecio en las compras del Estado y en la adjudicación de obras publicas, compras fraguadas, desviación o desaparición de fondos y bienes del erario nacional, enriquecimiento ilícito, etc.

(Algunos organismos internacionales estiman en 400 toneladas la cantidad de cocaína que anualmente atraviesa Centroamérica, desde Colombia hacia los Estados Unidos. De ese total se calcula que un 80 por ciento utiliza territorio guatemalteco.)

Estructura del delito
En la cúpula de la estructura delincuencial resulta difícil establecer una distinción entre funcionarios de alto nivel, grandes empresarios y “capos” de las diferentes “mafias” nacionales y trasnacionales. Son, prácticamente, lo mismo, aunque con funciones diferentes.

Este nivel entrelaza, retroalimenta, sintetiza y comanda toda la pirámide. Para muchas de sus actividades ilícitas y para crear y mantener las condiciones socio-políticas que las faciliten (un Estado débil y un clima de permanente inestabilidad institucional y pánico social) recurren al accionar de las instancias subalternas y, por lo general, subordinadas.
 

“Conforma el Alto Mando o Estado Mayor del delito”, se afirma. Pero, a continuación, se aclara que no existe un mando único. Existen varios, pero una primera división puede hacerse entre los capos de narcotráfico, altos funcionarios civiles y militares, ex funcionarios judiciales y policiales y empresarios que están en prisión y los que gozan de libertad (un porcentaje muchísimo mayor gracias al extraordinario nivel de impunidad existente en el país).

Prisioneros destacados
En el sector 3 del Centro de Detención Preventiva de la zona 18, por ejemplo, (según otras fuentes se trata del sector 12) conviven el ex Presidente de la Republica Alfonso Portillo, el general Eduardo Arévalo Lacs, ex Ministro de la Defensa, dos ex directores de la PNC, el sacerdote Mario Orantes, encubridor del asesinato del obispo Juan José Gerardi, un ex superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío, el ex jefe de seguridad de Portillo, Napoleón Rojas y un ex ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos, entre otros personajes.
 

Aunque algunos delincuentes “de calle” operan por su cuenta, muchas bandas de mareros, son armadas, equipadas y responden a las ordenes de estos Estados Mayores.

¿Cómo hacen los jefes que están en prisión para transmitir sus ordenes que, según el informe, se calculan entre un 30 y un 35 por ciento del total que se imparten en el país?

A través de sus abogados, de las visitas que reciben y por medio de teléfonos móviles que logran introducir y conservar gracias a la complicidad de muchos elementos del Sistema Penitenciario.

Estos guardias actúan como enlaces – además de prestar todo tipo de servicios a los reclusos más adinerados e influyentes – a cambio de dinero para aumentar sus ingresos regulares que, en general, no superan el equivalente a 300 dólares mensuales.

Impedir la comunicación
Hasta ahora los sistema electrónicos instalados en los principales centros de detención para impedir las comunicaciones inalámbricas tienen una efectividad de entre un 80 y un 85 por ciento.

El resto lo representan las llamadas en la jerga carcelaria “cabinas” (espacios que esos sistemas no logran bloquear, de aproximadamente un metro cuadrado de superficie, cada uno).

Los reclusos poseen todo el tiempo y la paciencia suficiente para detectarlas. Generalmente se encuentran cercanas a las vigas de los edificios, cuyas estructuras interiores de hierro funcionan como antenas.