Por 14 votos contra 6, la Corte Suprema de Justicia de Chile ha reafirmado el desafuero del senador vitalicio y ex dictador de Chile, el general Augusto Pinochet, decisión que ya había expresado la Corte de Apelaciones. Dentro y fuera del país el veredicto es considerado un hecho significativo que reivindica el papel independiente de la justicia en todo sistema democrático. El Estado recupera, simultáneamente, toda su credibilidad en el concierto internacional.

La sentencia de la Corte Suprema es una victoria doble porque contradice todos los temores que anidaban entre los propios chilenos y en la mayor parte de la comunidad internacional. Temores con base, por cierto. Había sido muy grande el daño causado por los años de la tiranía. Muchos los muertos y muchos los heridos de todo tipo. Se habían levantado las más siniestras sospechas sobre la legitimidad del gobierno, acerca del poder real de las fuerzas armadas en el proceso de transición democrática, sobre el papel de la derecha política que siempre había respaldado al general.

Las aprehensiones han quedado en eso. Legítimos temores.
Los partidarios de la ex dictadura y de Pinochet, es decir, parte de las fuerzas armadas, algunos empresarios y un grupo cada vez más reducido de políticos, han puesto el grito en el cielo. Como siempre han deslizado en sus primeras declaraciones, tras el fallo de la Corte, solapadas amenazas: "que esto no le hace nada bien a la reconciliación, que las fuerzas armadas están inquietas, que pobrecito el general que es una vez más víctima de un complot comunista-socialista, que las maniobras judiciales entorpecen la necesaria reconciliación nacional".

El peor de los argumentos de los "pinochetistas" es ese que asegura que Augusto Pinochet es inocente porque trajo la prosperidad económica de la cual hoy se vanagloria Chile. La reivindicación es mala porque nadie desea juzgar a Pinochet por razones económicas, ni mucho menos políticas. Se trata simplemente de esclarecer el destino de muchos de los desaparecidos y los asesinados en la Caravana de la Muerte (una comitiva encabezada por el general Sergio Arellano Stark que dio muerte brutal, sin mediar juicio, a 74 presos políticos). No son los méritos los que forman parte de la acusación, son los crímenes cometidos.

Es también una victoria para los familiares de los desaparecidos. Ellos, como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, no cejaron en su empeño. Contra toda adversidad, contra toda incomprensión política (que la hubo de todos los partidos) insistieron hasta el hastío en la necesidad de justicia. Este desafuero es, en gran medida, fruto de ese esfuerzo.

Se ha dicho tantas veces pero nunca será suficiente repetirlo: sin el juez español Garzón, sin la intervención de la policía y la justicia británica, otra sería la historia de Chile. Presumiblemente más basada en el olvido y menos en la justicia.

¿Y ahora qué?
No mucho en realidad. En todo caso es dudoso que Augusto Pinochet alcance las gradas de algún tribunal. La justicia chilena establece que los acusados, en ciertos casos, pueden hacer sus declaraciones desde casa. Ya se encargarán, por otra parte, sus abogados de alargar el proceso todo el tiempo que sea necesario.

En todo caso sus familiares y aliados han expresado la firme voluntad de luchar para demostrar la inocencia del general. Menuda tarea.

Chile está tranquilo. La mayoría de sus ciudadanos están más preocupados por las condiciones económicas que por el destino de un hombre que, a pesar de ocupar las primeras páginas de las diarios, ya no representa mucho para el conjunto de la nación. Incluso sus antiguos partidarios se dan cuenta de que Augusto Pinochet no es rentable ni política ni económicamente.