La cuestión militar, - esto es, la centralidad alcanzada por los asuntos que implican la amenaza y el uso de la fuerza y la relevancia de un control civil y democrático para evitar nuevos costos colectivos — está de regreso en la región.  

Y está para quedarse por buen tiempo. Varios indicadores apuntan en ese sentido. Por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras y su desenlace resultan importantes. El golpe de Estado convencional — la usurpación ilegal, violenta, preconcebida y repentina del poder por parte de un grupo de poder liderado por los militares y compuesto por las fuerzas armadas y sectores sociales de apoyo —fue una nota central de la política latinoamericana y del Tercer Mundo durante el siglo XX. Con el tiempo, se fue gestando un ‘neo golpismo’: a diferencia del golpe de Estado tradicional, el “nuevo golpismo” está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las fuerzas armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima, no siempre involucra a una gran potencia y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso. Honduras expresa el primer caso de ‘neo golpismo’ exitoso en Centroamérica en lo que va del siglo XXI.

 
Paralelamente, otra señal de preocupación en el área es el incremento de las tensiones regionales derivadas de asuntos distintos a los del pasado reciente. América Latina puede estar deslizándose hacia un peligroso sendero de confrontaciones diplomáticas descontroladas. La región, comparativamente la más pacífica del mundo por la ausencia de guerras internacionales y graves conflictos bilaterales, está viviendo una exacerbación de roces políticos que está conduciendo a la ‘rutinización’ de una “diplomacia de la escaramuza” en las relaciones entre distintas capitales del área. Las tensiones entre México y Guatemala, Haití y República Dominicana, Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, Perú y Chile, Bolivia y Chile, Argentina y Uruguay, Brasil y Bolivia y Brasil y Paraguay que involucran en algunos casos cuestiones limítrofes y en otros asuntos ligados al medio ambiente, la migración, la energía, se han multiplicado. A pesar de que los desencuentros entre países son normales, las divergencias en la región tienden a crecer y sus alternativas de resolución son aún incógnitas.
 
Adicionalmente, el papel de los militares en la lucha anti-narcóticos se ha extendido por la región. La militarización del combate contra las drogas se convirtió, salvo contadas excepciones (por ejemplo, Argentina, Chile y Uruguay), en una política usual en Latinoamérica. Aquello que comenzó como una participación episódica y temporal en tareas que competían a la policía y/o a cuerpos de seguridad especializados se fue transformando en una labor constante de las fuerzas armadas. En los ochenta, la “guerra contra las drogas” se tornó en una cuestión de seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para varios países de América Latina y, con ello, la militarización de la lucha antinarcóticos se volvió irresistible. Desde ese momento en adelante se borró la diferencia entre actividades policiales y militares. Después del 11/9 y ante el auge de las llamadas “nuevas amenazas” (esa presunta gran amalgama de males — terrorismo internacional, crimen organizado, narcotráfico, proliferantes privados de armas de destrucción masiva, entre otros) - Washington ya no concibe la diferenciación entre seguridad interna y defensa externa.
 
Asimismo, en los últimos tiempos la región ha visto un incremento en los presupuestos de defensa y en la compra de armamentos. Ello, en lo que corresponde a Sudamérica, se ha concentrado en los casos de Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. Hasta el momento, este fenómeno se ha presentado en términos de modernización y no de armamentismo. Lo anterior es más evidente en el Cono Sur que en la región andina. No obstante, en ambas sub-regiones los niveles de tensión no son similares: en el mundo andino, más que el sur del continente, se aprecia un conjunto de fricciones nuevas y viejas entre los países; lo cual puede derivar en distintos dilemas de seguridad.
 
Por último, está la perpetuación del conflicto armado en Colombia. En ese sentido, la prolongación del enfrentamiento violento interno incrementa el peligro de una confrontación militar externa. En ese contexto, hay que ubicar el acuerdo entre Bogotá y Washington para que Estados Unidos tenga acceso, con 1400 hombres (800 militares y 600 contratistas privados) e inmunidad, a siete bases militares colombianas. En esencia, el acuerdo se ha presentado en Bogotá como necesaria continuación y complemento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y en Washington como indispensable sustitución de la base de Manta, Ecuador; como localizaciones para llevar cabo “operaciones contingentes, logística y entrenamiento”; y como puente para expandir el contacto entre el Comando Sur y el recientemente creado Comando Africano, de acuerdo al lenguaje específico del Pentágono. Se entenderá que las señales que visualiza la región son distintas. Si bien para Bogotá el uso de las bases parece tener un sentido, para Washington tienen otros propósitos: el primero tiene argumentos locales, el segundo argumentos globales; el primero se centra en la lucha anti-narcóticos, el segundo en potenciales operaciones de mayor envergadura estratégica. Pero sea uno u otro el argumento principal que subyace a este acuerdo, lo cierto es que la posibilidad de una internacionalización cada vez negativa del caso colombiano no ha decrecido.
 
En breve, la primera década del siglo XXI muestra signos distintos a la última década del siglo XX. Un asunto no suficientemente tratado es el retorno en América Latina, y en el marco de una compleja y contradictoria situación mundial, de la cuestión militar. La yuxtaposición de un incipiente ‘neo golpismo’; de creciente tensiones diplomáticas de nuevo tipo entre los países del área; de una ascendente militarización de la lucha anti-drogas; de un incremento en las compras de armamentos acompañado de una re-introducción del tema nuclear; y la notoria internacionalización del conflicto armado de Colombia son hechos que merecen más atención.