En los últimos tiempos las demandas contra Presidentes y altos mandatarios de estado ante la Corte Penal Internacional de la Haya, se han multiplicado. La corte internacional recibe a diario solicitudes que en muchos casos no tienen que ver en nada con su jurisdicción y con las competencias dadas por el Estatuto de Roma.

La Haya es quizás, la ciudad holandesa que más reconocen los latinoamericanos, por lo menos de nombre. La capital política de los Países Bajos se ha convertido en el símbolo de la justicia y en la aparente única posibilidad para miles de personas en los países de América Latina de encontrar vedad y reparación desde que comenzará a funcionar hace ya casi 10 años, la corte Penal Internacional.

La espada de Damocles
El deambular de individuos, líderes de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, grupos de mujeres, de autoridades y de políticos por los pasillos de la sede de la CPI, no cesa. Son innumerables las solicitudes de demandas pero llama la atención como en los últimos tiempos están siendo cada vez más recurrentes las demandas contra Presidentes o Jefes de Estado. Citaremos solo algunos ejemplos.

Hasta La Haya llegó un abogado colombiano para demandar al presidente Hugo Chávez por apoyar supuestamente a la guerrilla de las FARC. También varios líderes opositores venezolanos acusaron al mandatario por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El ex presidente de facto hondureño Roberto Micheletti fue denunciado y posteriormente investigado por los hechos ocurridos durante el golpe de estado en Honduras en el 2009.

Igualmente, ciudadanos de ese país centroamericano interpusieron una demanda ante la CPI contra el Papa Benedicto XVI por mantener un régimen coercitivo que somete a sus miembros con amenazas aterradoras y nocivas para su salud. El último caso que se conoció es la demanda que la próxima semana, interpondrá un asambleísta opositor ecuatoriano contra el Presidente Rafael Correa por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la sublevación policial del 2010.

Grave pero no contra la humanidad
Entre los juristas y catedráticos de derecho internacional existe una preocupación por el mal uso que se le puede estar dando al término “crimen de lesa humanidad”. La generalización que en oportunidades se hace de éste concepto jurídico podría degenerar en un uso político del mismo y en algunas ocasiones, en un caballito de batalla de grupos políticos que desconocen su aplicación y definición.

El profesor adjunto de derecho internacional de la Universidad de Maastricht, Fabián Raimundo cree que en los últimos años ha habido un abuso del concepto de Crimen de lesa humanidad y de genocidio. “Ciertos hechos pueden ser criminales y pueden ser muy graves sin necesariamente constituir ninguna de estas categorías”. El jurista recalca la importancia de conocer bien la definición que el Estatuto de Roma estableció para un crimen contra la humanidad.

“El elemento común a todas las diferentes especies de crímenes contra la humanidad es que son numerosos o que son sistemáticos y que engloban por lo general una política de estado o de grupos armados de oposición. Si estos elemento no se alcancen quedarían como crímenes ordinarios. Un acto de tortura o dos actos de tortura o 10 actos de tortura, siendo crímenes muy graves, no alcanzarían a configurar el crimen de tortura como crimen de lesa humanidad”.

Claridad e información
La posibilidad de que se esté utilizando la Corte Penal de La Haya como una herramienta política y la evidencia de la falta de claridad sobre la función, competencias y jurisdicción del máximo tribunal penal internacional saca a flote la falta de información que sobre este organismo existe en Latinoamérica. Incluso en un país como Colombia en donde el tema de la CPI, ya tiene un lugar fijo en la agenda política de ese país, no se tiene mucha claridad sobre la función de la Corte.

El director del Centro Internacional de Justicia Transicional, Michel Reed plantea el enorme reto que tiene el organismo internacional en Latinoamérica: “la discusión de la CPI en Colombia, por ejemplo, hace parte de la agenda de todos los sectores. Pero me temo que es una discusión que carece de información cualificada y justamente una de las importantes tareas de los diferentes estamentos de la Corte Penal de La Haya sería tratar de que sus tareas de difusión fuera mucho más agresiva hacia el mundo de habla hispana”.

Esta especie de “coco”, personaje imaginario que se utiliza para meter miedo a los niños en el que se ha convertido la Corte Penal de La haya en Latinoamérica, además de evidenciar un desconocimiento de los alcances de este tribunal de justicia, ratifica la enorme desconfianza que persiste en amplios sectores de la sociedad, hacia sus propios aparatos de justicia. Una desconfianza de sobra sustentada por los altísimos niveles de impunidad reinantes en muchos de los países del hemisferio.