La movilización ciudadana y la protesta social se ha convertido en la nueva forma de lucha por el respeto de los derechos humanos. Así lo reseña el Informe Anual de Amnistía Internacional presentado hoy en varios países.

Mara Landa

Desde Oriente Medio hasta España y Chile, la lucha ciudadana ha destacado en la defensa de los derechos humanos. “La extraordinaria movilización de la gente en la calle, a través de internet, debido a la pérdida de confianza sobre los gobiernos para poder resolver los problemas de derechos humanos, económicos y sociales”, destaca Javier Zúñiga, representante de Amnistía internacional.

La revolución social vivida el pasado año ha creado un nuevo enfoque en la solución a los problemas de derechos humanos. La calle ha sustituido a las grandes instancias y los ojos ya no pueden permanecer cerrados a la protesta.

Indígenas en América Latina
En América Latina, la movilización creciente de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos ha sido notable. “Intereses económicos y financieros, multinacionales, han intentado tomar recursos naturales, mineros, petróleo y tierras que pertenecen a los indígenas sin la debida consulta y sin el debido acuerdo”, explica Zúñiga.

Destacada en la defensa de sus derechos ancestrales ha sido la tribu Kichwa de Sarayaku pues su caso, como expone Javier Zúñiga, “muestra que este grupo étnico pueden perfectamente defender sus derechos y tienen conocimiento de instrumentos sobre los derechos de los indígenas. Entonces los gobiernos ya no pueden asumir que pueden hacer lo que quieran”.

En el 2002 una compañía petrolera, apoyada por el Gobierno Ecuatoriano, invadió las tierras de los Sarayaku sin consulta previa. También militares establecieron puestos de control en el territorio sagrado, un área remota y virgen del Amazonas. Tras meses de protestas, lograron sacar a la compañía, pero aún no se han retirado las 1.4 toneladas de dinamita que permanecen en el territorio sagrado de los Sarayaku.

En ese momento, comenzó la movilización de la tribu. “Para el pueblo Sarayaku no ha sido una lucha fácil, muy difícil de llevar durante diez años, con sacrificio, dolor, llanto, sufrimiento, paralización de escuelas, abandonos de hijos y ancianos”, afirma Noemí Gualinga, miembro del pueblo originario.

En abril de 2010, la tribu fue víctima de una emboscada en su territorio y varios miembros fueron heridos. La comunidad achaca estos ataques a su férrea posición tribal de no permitir que personas extrañas ocupen su territorio sagrado para comerciar con la petrolera AGIP. “Muchos de nuestros compañeros fueron torturados, golpeados, maltratados. Además, nuestros campos de cultivos fueron abandonados totalmente. Todo esto lo vemos como una violación a nuestra forma de vivir”, narra Gualinga.

Sucesivos gobiernos de Ecuador no han reconocido el derecho a la consulta previa a las comunidades sobre proyectos de desarrollo que les afecten directamente. La protesta de los Sarayaku ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, cuya sentencia está pendiente. “Lo que se pide al Gobierno ecuatoriano es que sea reconocida y aceptada la violación de los derechos humanos hacia el pueblo de Sarayaku y que en un futuro seamos consultados”, concluye Noemí Gualinga.