Las condenas de ex militares vinculados a graves violaciones de los derechos humanos, indican que algo ha cambiado en el funcionamiento de la justicia de Guatemala. ¿A qué se debe ese cambio? Y, ¿es suficiente?

Pedro Pimentel, de 55 años y ex miembro de la Escuela Kaibil, un cuerpo de elite del ejército guatemalteco entrenado en contrainsurgencia, fue condenado recientemente a 6.060 años de cárcel por delitos de asesinato y de lesa humanidad. Pimentel había sido acusado de participar en la matanza de la comunidad rural de Dos Erres en 1982, en la que murieron 201 campesinos, y se convirtió en el quinto ex militar guatemalteco condenado por esta matanza.

Para muchos, las condenas de militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos ha sido motivo de júbilo, pues durante decenios Guatemala ha figurado prominentemente en la lista de países donde los altos grados de impunidad hicieron que se cree una enorme desconfianza hacia el aparato de justicia.

Y no era para menos. Fallas en los procedimientos penales, faltas de pruebas contundentes para dar luz verde a los juicios, jueces descalificados y la complicidad de estos mismos, hicieron imposible durante años sacar adelante juicios por violaciones a los derechos de las personas.

Cambio
Pero las cosas parecen ir cambiando, al menos si se puede sacar esa conclusión de las recientes condenas de ex militares.

Según Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, entre los factores más importantes para que se opere el cambio en el funcionamiento de la justicia guatemalteca están el fortalecimiento institucional que se ha dado en Guatemala en los últimos años. En esto tuvo mucha influencia la incansable y tenaz acción de varias organizaciones de la sociedad civil, las que, sin duda, ven aquí el producto de sus esfuerzos.

Por otro lado, anota Polanco, “la mayor parte de los jueces que actualmente componen el aparato judicial de Guatemala son aún demasiado jóvenes y no tuvieron que tomar partido en relación con el conflicto armado que ensangrentó al país por más de tres décadas. Muchos son altamente profesionales, lo que implica que son mucho más objetivos. ’’

El analista Fernando Girón Soto, de la Fundación Myrna Mack, además de subrayar las aseveraciones de Polanco, prefiere sin embargo relativizar el cambio. “No es para tanto”, dice. “Lo que hay es progreso en algunos juicios sobre graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Todavía no se ha juzgado a los principales responsables de esas decisiones, aunque sí ya están siendo juzgados los autores materiales.”

Según Girón, la llegada a la fiscalía de Claudia Paz y Paz ha sido también preponderante en el avance de la justicia. Varias organizaciones de derechos humanos ponderaron el trabajo de Claudia Paz por haber dado el trato adecuado a los casos que tuvo en manos, pero sobre todo por haber enfrentado todos los embates en su contra.

Uno de los primeros se produjo en plena campaña electoral, algunos meses antes de las elecciones que llevaron al poder al actual presidente Otto Pérez Molina y después de que fuera detenido Héctor Mario López Fuentes, uno de los militares acusados de genocidio en el proceso que se sigue en el Juzgado Primero de Alto Riesgo.

La detención produjo un sentimiento de rechazo en las filas militares y se empezó a especular sobre el fin de la fiscal. Esta vez, Paz y Paz recibió apoyo desde el ángulo más inesperado. Fue la propia secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, quien se apresuró a expresar públicamente el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a la fiscal. Un comentario editorial de uno de los diarios nacionales señaló al respecto: “en un contexto así, Claudia Paz y Paz encontrará más obstáculos que aliados para hacer bien su trabajo, por lo cual no sería extraño que renuncie… si es que no la destituyen antes’’. Actualmente, Claudia Paz y Paz sigue en funciones.

CICIG
A la tenacidad de las organizaciones de la sociedad civil, que mucho tienen que ver en la mejoría del trabajo de la justicia guatemalteca, se suma el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, aunque la misión de este organismo de la ONU no consiste en averiguar asuntos del pasado.

Sin embargo, el trabajo de la CICIG ha sido preponderante para hacer público el involucramiento de algunos operadores de justicia en hechos dolosos y con brazos del crimen organizado. La más reciente intervención de la CICIG fue la denuncia el pasado 16 de marzo ante el Ministerio Público a la jueza Primera de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Rossana Maribel Mena Guzmán. Los cargos contra la jueza forman una larga lista: comisión de los delitos de prevaricato, denegación de la justicia, abuso de autoridad, supresión y alteración del estado civil, usurpación de atribuciones, omisión de denuncia, retardo malicioso, trata de personas y maltrato contra personas menores de edad.

Fuerzas armadas
Por otro lado, al analizar el cambio que muestra la práctica de la justicia en Guatemala, también se debe tomar en cuenta el debilitamiento de la influencia del ejército. En este sentido parecería que las fuerzas armadas actualmente no están muy preocupadas en mantener las mismas cuotas de poder político que en el pasado. Polanco: “Esto no quiere decir que no haya alguna oficialidad que aún desee mantener una cuota de impunidad. Sin embargo, y esto hay que subrayar, el ejército guatemalteco ya no es el mismo de hace tres décadas.”

Pensar que dentro de las fuerzas armadas se ha dado una ruptura generacional es para Mario Polanco ir demasiado lejos. “Estamos en proceso”, dice. “Todavía hay algunos resabios dentro de la institución armada que marcan el límite entre quienes violaron los derechos humanos y quienes defienden éstos. Esos resabios hay en todas las instituciones. No es que todos los jueces estén actuando correctamente, pero cada vez son más los que hacen su trabajo en forma apropiada, y eso para nosotros es sumamente positivo.”

Para las organizaciones de derechos humanos, la justicia de Guatemala recién habrá hecho bien su trabajo cuando logre condenar al ex general Efraín Ríos Montt, a todas luces el cerebro detrás de las masacres perpetradas sobre la población indígena durante el conflicto armado interno.

De cualquier modo, es una gran verdad que la sociedad civil guatemalteca está mejor organizada que en el pasado y eso implicará, a la larga, un mejor control sobre el trabajo de la justicia y de las instituciones públicas en general.