La jueza federal María Servini de Cubría pide a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura española en el marco de una investigación abierta en Argentina el año pasado.
 

“Es un paso muy importante,” dice el abogado argentino Carlos Slepoy, premio internacional de Derechos Humanos. “Las familias de las víctimas llevan muchos años intentando la apertura de un procedimiento judicial de investigación y un eventual castigo de los responsables en España. Esta noticia ha provocado el alborozo de las víctimas españolas. A mí me ha llamado mucha gente emocionada porque ha encontrado un camino cuando parecían estar todos cerrados,” añade Slepoy, uno de los impulsores de la demanda.

En el exhorto, la jueza Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, incluyendo a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, el partido único que, presidido por Franco, gobernó España en esa época.

Proceso “largo pero fructífero”
Aunque es una “buena noticia”, Slepoy es consciente de que “será un proceso largo”. “Las posibilidades de que el Gobierno dé esta información son escasas, y no porque no la tengan, pero muy probablemente se nieguen a colaborar.” Sin embargo, para Slepoy, “esto ya ocurrió en otros procesos; sin ir más lejos, en la causa que impulsó el juez Garzón con los crímenes cometidos en Argentina y Chile. Durante mucho tiempo, las autoridades argentinas y chilenas se negaron a toda colaboración, sin embargo el proceso siguió avanzando” y por eso, este primer paso está siguiendo una “vía que, sin dudas, va a ser fructífera en un futuro.”

“Impunidad en España”

La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa abierta en el 2010 en Argentina para investigar los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países. “El hecho mismo de que un juez de otro país tenga que intervenir pone de manifiesto la impunidad reinante en España, estimula a las víctimas y permite que se abran caminos para que finalmente, los juicios que haya que realizar se puedan hacer en el país”, puntualiza Slepoy.

En el 2010, Servini archivó las actuaciones ya que la Fiscalía Española aseguró que en España se estaban realizando las investigaciones correspondientes. Sin embargo, los familiares de las víctimas presentaron un escrito en el que “ponen de manifiesto la falsedad de estos hechos, y la jueza lo ha tenido en cuenta. Entiende que no hay una investigación judicial en curso en España en relación con estos crímenes, y han comenzado las actuaciones¨, señala el letrado argentino.

La dictadura de Francisco Franco dejó 1.500.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.