Los movimientos sociales en el Perú han convocado a sendas jornadas de protesta los días 7, 8 y 9 de julio. Al igual que la plataforma de lucha –como los gremios la llaman-, las demandas son múltiples.

Algunos temas, como el rechazo a la política neoliberal, el aumento de sueldos y pensiones, y la suspensión de los tratados de libre comercio, se aglutinan. Si los movimientos sociales peruanos se hubiesen preguntado a inicios de años cuál iba ser el mejor momento para exigir demandas concretas al Gobierno central, a través de movilizaciones y huelgas, la respuesta más acertada hubiese sido: a inicios de julio del 2009.

Tiempos de un Primer Ministro, Yehude Simon, debilitado por una serie de situaciones devenidas, en su mayoría, de la propia protesta social. Los 34 muertos, 24 policías y 10 nativos, en los enfrentamientos de la selva el mes pasado, su función incomprendida de bombero apagando los incendios de la protesta en Andahuaylas, Apurímac, y la protesta irresuelta de los comuneros de Sicuani en las alturas del Cusco, encabezan esta lista.

Durante su gestión, un Gabinete del premier Simon Munaro no ha contando con el apoyo claro y decidido de la bancada gubernamental en el Congreso de la República. Su no pertenencia al partido gubernamental, su origen político vinculado a la izquierda radical peruana, su convocatoria a formar parte del Gabinete a independientes cercanos a él, marcaron una tortuosa relación con el partido de Gobierno.

La aparición de sectores regionales que plantean estas “jornadas de lucha”, como las han denominado, tienen su propia independencia regional. Eso de por sí marca ya un punto de inflexión. No son necesariamente cercanos, ideológicamente hablando, a las capitalinas centrales sindicales nacionales, y tienen dinámicas propias. Desde el interior del país, desde sectores indígenas y campesinos, sobretodo del sur pobre e indio, son parte de aquello que, a principios de año, era difícil predecir.

La insistencia del Ejecutivo de ver detrás de la protesta a los Gobiernos de Hugo Chávez o Evo Morales es algo que ha terminado por insuflar los ánimos de las regiones y de los gremios de trabajadores.

El creciente desgaste del presidente Alan García es asumido políticamente por su Primer Ministro. Lo que blinda a Alan García es su función. En cambio, e Premier va perdiendo poco a poco su credibilidad, fuerza y su capacidad de negociación y de acuerdos. La caída de 12% en las encuestas de la aprobación a la gestión presidencial tiene en Simon al primer convencido de la necesidad casi inmediata de la remoción del Gabinete. El presidente Alan García ha anunciado que este fin de semana tendrá listo su nuevo equipo ministerial.
 

Los sectores sociales y sus demandas
Cada organización que se sumará a la paralización tiene una plataforma de lucha específica, pero existen puntos de consenso. Rechazo a la política neoliberal que se basa en el modelo primario-exportador, aumento de sueldos y pensiones, defensa de los recursos naturales y medio ambiente y suspensión de los tratados de libre comercio (TLC). Se reclama, también, la despenalización de la protesta social y la renuncia del Gabinete por los sucesos de Bagua.

Desde el Gobierno se ha cuestionado esta protesta tildándola de política, antes que gremial o laboral; en la lógica de desactivar las movilizaciones, se afirmó que una clara señal de debilidad de la protesta recaía en que lo primero que convocaron los trabajadores fue a un paro nacional, pero que en la medida en que no consiguieron aglutinar las fuerzas suficientes, se había convertido en una tibia jornada de protesta.

Lo cierto es que el sector transporte no se plegó a la movilización, y, en el Perú de hoy, la única manera en que funcione una medida de protesta como esta es paralizando el transporte.

Sin embargo, el Gobierno peruano se tomó en serio esta protesta, como si de un paro nacional se tratara. El martes, Lima, la capital peruana, amaneció resguardada por cientos de policías y por miembros de las Fuerzas Armadas, sacadas a las calles para prestar “apoyo a la policía en caso que sea necesario,” según señala el decreto supremo que autoriza la participación de los militares.

El paro de 72 horas que han convocado las Organizaciones Andinas y Amazónicas , y que han denominado el “Paro andino-amazónico”, se acatará en las regiones Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, al sur del país, y en Junín, Pasco, Huánuco y Áncash, en la zona centro. Por su parte organizaciones agrarias del norte coordinan aún para definir su participación en la movilización.

Las organizaciones regionales y nativas que lideran la paralización son la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Confederación Nacional Agraria (CNA). Esta última es una antigua organización campesina vinculada a las luchas por tierras durante la década del 70. Participa también la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). El pasado lunes, los campesinos cocaleros de Huánuco ingresaron a una paralización.

Por su parte, AIDESEP, la organización amazónica de Alberto Pizango, exiliado en Nicaragua tras los sucesos de Bagua, expresó su respaldo a la protesta, pero no aseguró que se sumará a ella.

Antolín Huascar, dirigente agrario señaló a la prensa local que
“el país tiene que cambiar de rumbo, no puede seguir con el modelo económico de vender sólo materia prima, porque, con tal fin, se invaden las tierras de las comunidades para saquear la minería, gas, petróleo, y eso tampoco está dando ningún resultado, ni siquiera en la época de bonanza que ha proclamado el Gobierno. Eso trae contaminación y conflictos”.

Los dirigentes no descartaron que se produzca una escasez de alimentos en Lima producto de la medida de fuerza de 72 horas. Así mismo, indicaron que la medida de fuerza se da en cumplimiento de un acuerdo adoptado en la reunión de todo el continente de pueblos indígenas que se realizó en Puno en mayo.

Finalmente, el SUTEP, el fuerte y movilizador sindicato magisterial, no dictará clases el miércoles. Su dirigencia controlada por la izquierdista Patria Roja aprovechará estas jornadas para plantear su abierta oposición al cambio que desde el Gobierno se trata de implementar con la carrera pública magisterial.

Consecuencias
Si bien la Administración del socialdemócrata Alan García no enfrenta esta vez un paro general, no hay duda que está frente a su peor momento de cara al pulso que le plantean en las calles los movimientos sociales y sindicales.

Es claro que éstos aprovechan también el desgaste del Gabinete Simon para poder obtener resultados concretos a demandas específicas. En otros casos, es la calle movilizada expresando su descontento contra un discurso único que evidencia que las bondades del mercado no llegan a gruesos sectores de la población peruana, principalmente la del sur andino.

Se trata también de los primeros acomodos de cara a un proceso electoral en ciernes que, según analistas, podría dejar en fuera de juego a los políticos tradicionales y capitalinos, lo que daría lugar a la fuerte presencia de movimientos regionales articulados y con propuesta de cambio desde el espacio de las provincias.

Por último, es claro que en sectores nativos e indígenas los hechos de Bagua son aún recientes y marcan un punto de inflexión en su relación con el Estado, más aún cuando según un reciente Informe de la Defensoría del Pueblo acaba de arrojar que no hay ningún desaparecido en relación a los luctuosos sucesos de la selva. Sin embargo, la Defensoría tan sólo ha recorrido el 22% de las comunidades nativas donde, afirman los indígenas, aún no han regresado a casa decenas de comuneros.