"Con la decisión del juez Juan Guzmán Tapia de juzgar al general Augusto Pinochet, la justicia chilena ha dado un paso importante en la lucha contra la impunidad que por tantos años ha cubierto las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar". En estos términos se ha pronunciado la sede central de Amnistía Internacional en Londres. Los opositores al senador vitalicio celebran la decisión judicial. Los adictos al general repiten que detrás de esta medida está la mano de los comunistas.

La justicia chilena se mueve en la dirección correcta. Ese es un hecho mayor en el proceso de democratización nacional. Contra todo pronóstico, lo cierto es que el general Pinochet puede ser juzgado en el mismo país que hasta hace muy poco lo consideraba un intocable. ¿Qué razones han posibilitado este cambio histórico?

Nadie puede negar la influencia de la infatigable actividad de los familiares de los detenidos desaparecidos. Los rechazados, los tratados con desdén por la clase política, los parias de una sociedad que había recibido con complacencia "la amnesia inducida", han logrado, con el apoyo del juez Baltazar Garzón de España y del Gobierno de Gran Bretaña, revertir el olvido y transformarlo en un presente doloroso.

La defensa del general ha cometido numerosos errores. Tal vez el más importante ha sido el intentar convencer a expertos y neófitos de que el caso Pinochet tiene sólo connotaciones políticas. Que el general sería inocente de tanta barbaridad que se le imputa y que sus detractores son, simplemente, resentidos sociales que no han terminado jamás de aceptar su derrota, y que hoy buscan, por mano ajena, vengarse de cualquier forma.

Es un error estratégico de gran calado, porque los hechos han terminado por imponerse. No cuesta demasiado esfuerzo constatar que los asesinatos con torturas indescriptibles de los detenidos víctimas de la Caravana de la Muerte no son una invención sino una cruda realidad. Un general del Ejército se ha encargado personalmente de ratificarlo, el general en retiro Joaquín Lagos Osorio.

Lagos Osorio representa hoy día el honor perdido de muchos uniformados. Es un símbolo de dignidad humana. El ha puesto las cosas en su lugar al salirle al paso a la pretensión de Pinochet de inculpar de esos y otros asesinatos a sus subordinados, como si en las Fuerzas Armadas fuera posible prescindir de las autoridad de los altos mandos, máxime en condiciones tan especiales como las que se derivaron del golpe militar de septiembre del 73. La molestia dentro de las filas de los uniformados es casi inocultable, y de forma anónima se levantan voces que aseguran que no es de "hombres" culpar a un subordinado.

Por ello no es extraño que el Ejército conserve la calma frente al veredicto del juez Juan Guzmán, sobre todo si a ello debemos agregar las presiones y las imprecaciones que la familia Pinochet, sobre todo su hija, ha levantado en contra del general en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta.

Tiene razón Amnistía Internacional cuando exhorta a la justicia chilena a continuar demostrando su independencia y su rechazo a las presiones que pretendan influir sus decisiones. Hoy están dadas todas las condiciones para que el general Augusto Pinochet tenga un juicio justo y responda ante la ley por las acusaciones que pesan en su contra. Que así sea.