Sierra Leona, Colombia, Afganistán, Angola, Perú, Sudán, Indonesia son países tan diferentes y distantes entre sí pero tienen algo en común: todos han pasado o están sufriendo un conflicto agravado y fomentado por el comercio ilegal de sus riquezas naturales.

Rosa Meneses

La abundancia de recursos naturales en Estados frágiles contribuye a alimentar guerras y conflictos y genera problemas de tráficos ilícitos y corrupción. La explotación legal o ilegal de el petróleo, la madera, los diamantes, el coltán, las drogas puede desencadenar o avivar un gran número de conflictos violentos en el mundo.

Pero, lo más grave es que las riquezas contribuyen a financiarlos. La cuarta parte del medio centenar de guerras y conflictos armados tienen como ingrediente principal los recursos naturales: una receta explosiva.

El impacto humano de estos conflictos es grave. 5 millones de personas murieron en la pasada década en medio de guerras por los recursos. Otras 20 millones de personas tuvieron que refugiarse en países vecinos o huir dentro de sus países.

Mientras la población sufre pobreza, subdesarrollo y muerte, las elites nacionales, los dictadores y caciques, los gobiernos corruptos, las multinacionales sin principios, los señores de la guerra o los traficantes de armas obtienen beneficios del expolio y el saqueo. El dinero que ganan con el tráfico ilícito engrosa sus cuentas bancarias y financia sus disputas. Es un círculo vicioso que se retro alimenta: el botín de la explotación de las materias primas paga la guerra y la guerra permite el control ilegítimo e ilimitado de las riquezas. En el medio, una población aterrorizada se convierte en blanco de la violencia. La llave del poder es el control de los recursos. Por eso ejércitos y guerrillas ejercen el terror contra la población local con el fin de someterla o expulsarla de la tierra donde está justamente el recurso codiciado.

Muchas veces, los conflictos por recursos naturales cuentan en su origen con una motivación ideológica, levantamientos a causa de la opresión política o la violación de los derechos de una parte de la población. Poco a poco, los grupos rebeldes y los regímenes aprovechan el caos para transformarse en saqueadores y enriquecerse.

El motor de muchos conflictos relacionados con recursos naturales es el expolio de las riquezas. En casos como Angola, el saqueo de los recursos ha prolongado las hostilidades. Durante la guerra en este país, los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA consiguieron unas ganancias anuales de 600 millones de dólares con la venta ilícita de diamantes, según lo asegura la organización Global Witness.

El Gobierno de Luanda también financiaba sus operaciones militares con los beneficios del petróleo. Casi dos décadas de violencia se cobraron las vidas de alrededor de un millón de personas. La situación comenzó a normalizarse después de la firma de un acuerdo de paz, en abril de 2002. Desde entonces han pasado varios años de una frágil paz. La corrupción y la debilidad de las instituciones y de la propia sociedad civil siguen condicionando el despegue económico del país y la consecuente mejora de las condiciones de vida.

En Colombia la situación es distinta. País con múltiples recursos: café, esmeraldas y oro, pero ha sido el cultivo de coca lo que ha transformado el conflicto político en una compleja lucha por la tierra y el control de cultivos, procesamiento, tráfico y trabajadores. Los paramilitares, los grupos mafiosos que cuentan con sus bandas armadas y las guerrillas utilizan el cultivo y exportación de coca para financiarse. El narcotráfico es una de las fuentes de ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Para cortar el acceso a ese recurso a las FARC y debilitar así la lucha insurgente, Estados Unidos ideó el Plan Colombia.

En Bolivia, país rico en hidrocarburos cuyos yacimientos se extienden por la mitad de su territorio, tiene las segundas reservas de gas de América Latina. A pesar de esto tres de cada cuatro de los nueve millones de bolivianos viven en pobreza extrema. A finales del 2003, una parte de la sociedad lanzó una oleada de protestas que acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La chispa que encendió la crisis fue el proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos que generaría beneficios que alcanzarían los mil millones de dólares al año para las compañías multinacionales, pero los ingresos para Bolivia quedaban reducidos a 50 millones de dólares anuales. En las revueltas murieron 80 personas. A finales de mayo de 2005, la población se levantó nuevamente para exigir la nacionalización de los hidrocarburos. La crisis esta vez surgió tras la aprobación de la polémica Ley de Hidrocarburos por el Congreso. El presidente, Carlos Mesa, se negó a ratificarla y dimitió.

Muchos otros países ricos en recursos, como Bolivia, son víctimas del dilema entre la nacionalización de los recursos para garantizar su reparto equitativo social y las políticas de liberalización y privatización predicadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

¿Cómo es posible que un país rico en recursos tenga a su población sumida en la pobreza? ¿Por qué naciones con riquezas naturales con las que podrían construir sociedades desarrolladas están sumergidas en conflictos que lastran las vidas de sus ciudadanos? ¿Son los estados frágiles con abundantes materias primas más propensos a caer en la violencia?

Michael Renner, investigador del Worldwatch Institute de Washington, sostiene que los conflictos por recursos se producen por una combinación de factores políticos, sociales, económicos y militares, y que . Dice que la abundancia de recursos puede tener consecuencias económicas negativas en los estados con instituciones frágiles. Estos países tienden a depender de sus riquezas y no diversifican su economía. Al mismo tiempo, invierten muy poco en educación y sanidad, lo que provoca que su capacidad de desarrollo humano y de innovación sea muy baja. Las diferencias sociales son muy acusadas. Y también suelen generarse bolsas de riqueza en enclaves con poca conexión con el resto de la economía nacional.

Los expertos aseguran que la fragilidad institucional y la precariedad de la gobernabilidad es la tendencia común en países con ingresos procedentes de los beneficios de sus recursos naturales. Se generan así lo que algunos analistas han llamado Estados en la Sombra, en los que impera la corrupción y la compra de favores en medio de un laberinto burocrático insalvable para el ciudadano. Los servicios públicos quedan fuera del alcance de la población y las instituciones estatales se debilitan de forma intencionada con el fin de diluir los cauces de reclamación.

Estos países destinan gran parte de sus ingresos a las partidas de armamento. La compra de armas y el financiamiento de las Fuerzas Armadas o de mercenarios les ayuda a mantener el control de las materias primas. El tráfico de armas está fuertemente relacionado con el comercio ilegal de minerales, diamantes o narcóticos. Armas y recursos circulan por las mismas rutas.

Así ocurre en Afganistán, el principal país productor y abastecedor de opio del mundo. El opio de las amapolas es enviado a zonas remotas de Pakistán, atravesando inhóspitos pasos de montaña, donde son procesadas y convertidas en heroína. Luego, deshacen su camino rumbo a Europa y América. La ONU estima que en 2004 se cosecharon más de 4 mil toneladas de opio. La industria de este narcótico generó casi tres mil millones de dólares en 2003, el equivalente al 60% del Producto Interior Bruto del país. De este dinero, las mafias se embolsaron más de la mitad en beneficios netos. El opio es el negocio más rentable del caótico Afganistán.

Multinacionales, petroleras, compañías aéreas, bancos. Cientos de empresas privadas también están implicadas en el peligroso círculo de los comercios ilícitos. Unas son responsables directas, jugando un papel activo en la explotación ilegal de materias primas. Otras se ofrecen a realizar transacciones, no hacen preguntas y se convierten en cómplices silenciosos.

Como contrapeso, muchas han sido las iniciativas internacionales. A finales de los años 90 se hicieron evidentes los vínculos entre la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas, los conflictos armados, las crisis humanitarias y las violaciones de derechos humanos. También comenzó a denunciarse el impacto negativo en el medio ambiente. Desde empresas madereras o petrolíferas hasta cazadores furtivos de marfil. Una gran variedad de actores incontrolados descargan su avidez depredadora contra el entorno ecológico de países como Brasil, Indonesia o República Democrática del Congo.

Las Naciones Unidas han creado comisiones de expertos para estudiar lo que ocurre en estados como Sierra Leona o Angola. También las ONG vigilan de cerca el problema y han lanzado campañas como la de los "diamantes ensangrentados". Con ella han llamado la atención internacional para denunciar que estos comercios generan millones de dólares que ayudan a costear guerras en las que se mata y se violan los derechos de miles de personas.

Participan en este programa:
Luis Guillermo Solís, profesor de Ciencias Políticas e integrante de la Fundación para la Paz y la Democracia de Costa Rica.
Juan Gabriel Tokatlián, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.
Nieves Zúñiga, investigadora del Centro de Investigación para la Paz de Madrid, analiza las raíces de la crisis.