La Corte Europea de los Derechos Humanos ha sentenciado que crucifijos en escuelas violan la libertad religiosa. Las reacciones italianas muestran las dificultades para separar religión y Estado laico.
Italia es un Estado laico desde 1984, y ya en 1948, su Constitución hacía referencia a la libertad religiosa. Pero hasta los acuerdos con el Vaticano, hace 25 años, la religión católica aún era la religión oficial del Estado.
Pero este recorrido no ha sido todavía interiorizado por el país. En Italia la laicidad del Estado es todavía una tema in concluso, un problema sin solución. Los sentimientos, la pertenencia a una identidad religiosa y la influencia de la Iglesia y del Vaticano son muy fuertes. Por tal razón, el veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos, que esta semana ha sentenciado que los crucifijos en las aulas de los colegios italianos violan la libertad religiosa, ha provocado reacciones muy duras, no sólo en los sectores más tradicionales y conservadores.
En su primera sentencia sobre el tema, la Corte de Estrasburgo ha calificado la presencia de crucifijos en escuelas públicas como una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, y también de la misma libertad religiosa de los alumnos.
El Vaticano ha reaccionado con estupor, la Conferencia Episcopal ha hablado de una “visión parcial e ideológica”, el Gobierno (que apelará la sentencia) ha manifestado que “el crucifijo es parte de la tradición y la identidad italianas, las cuales no pueden suprimirse”.
Ferdinando Adornato, diputado de un partido católico de centro, ha hablado de una “sentencia sin ninguna base jurídica, y también absurda desde el punto de vista cultural y moral, porque el crucifijo no es el símbolo de una religión, sino de la libertad de la entera humanidad, incluida la religiosa”.
Aquí reside el problema. La sentencia de la Corte Europea habla de libertad religiosa, pero dice que aquel símbolo de la religión católica, el crucifijo, es demasiado fuerte, y puede vulnerar los derechos de alumnos, y sus padres, que no son católicos. La Corte se sitúa en el medio, e intenta tutelar todos los derechos.
Esto es lo que le corresponde hacer a un Estado democrático: garantizar los derechos de todos, incluidos los de la minoría más pequeña. Se trata de un concepto que constituyó además el fundamento de la integración europea. En este sentido, la Corte de Estrasburgo intenta ayudar a Italia, que hasta hoy ha respondido negativa y reiteradamente a su ciudadana, que, en definitiva, sometió hace tres años a Estrasburgo el tema de los crucifijos en las escuelas.
Paolo Naso, Profesor de Ciencia e Historia de la Religión en la romana Universidad la Sapienza, confirma que “Europa nos enseña que la escuela es un lugar público, que no tiene nada que ver con las confesiones religiosas, tal como consta en nuestra Constitución. El problema es que el crucifijo se ha vuelto un símbolo de índole cultural, y no sólo religiosa. Y desde esta perspectiva, es casi imposible entender el valor laico y plural de lo que ha establecido la Corte Europea”.
La obsesión por tener una identidad muy explícita, que en Italia se manifiesta a través de los símbolos religiosos, está presente también en otras partes de Europa. Pero todo esto no estaba en la mente de los padres de la Europa moderna, por ejemplo el católico italiano Alcide De Gasperi. Cuando se redactó la Convención de Derechos Humanos (1950), cuyo cumplimiento debe vigilar la Corte de Estrasburgo, no la anclaron en raíces cristianas, exactamente porque hubiera sido un elemento peligroso de división.





























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