Las conversaciones directas que iniciarán el 2 de septiembre próximo Israel y la Autoridad Palestina, y que han sido anunciadas triunfalmente por Estados Unidos el viernes pasado, encontrarán muy serias dificultades.

El objetivo declarado de Washington, que oficia como mediador, es llegar en un año a la denominada solución de los dos Estados, que establezca un Estado palestino en parte de Cisjordania (internacionalmente denominado West Bank o ribera occidental del río Jordán; o Samaria y Judea por los judíos) y Gaza, con Jerusalén Este como capital.

La base de un acuerdo sería volver a la división del territorio que existía antes de la guerra de 1967 y los detalles que se acordaron en el 2000, denominados los Parámetros de Clinton. El ex presidente estadounidense impulsó los encuentros entre israelíes y palestinos que, en el último momento, no fructificaron.

Un posible acuerdo implicaría:
a. El fin de la ocupación de Cisjordania por parte de Israel. Más del 40% de esta zona está tomada por colonos israelíes que viven en 131 asentamientos (100 declarados ilegales por las mismas autoridades israelíes, pero no han sido evacuados). En algunos casos los asentamientos son ciudades de hasta 40.000 habitantes.

Informalmente se ha propuesto que se realizarían intercambios de territorio para no desmantelar esos asentamientos. En otros casos, el gobierno israelí los evacuaría ofreciendo a sus habitantes compensaciones y nuevos sitios donde habitar. La población palestina en Cisjordania es de aproximadamente 2.407.681 habitantes mientras que los colonos suman 310.200. Los nacionalistas religiosos son una parte muy poderosa de la sociedad israelí que se opondrán fuertemente a abandonar los asentamientos.

b. El regreso total o parcial, o indemnizaciones, para los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus tierras y propiedades en las guerras entre Israel y diversos países árabes en 1948 y 1967. Entre los sobrevivientes de esas dos olas de refugiados y sus descendientes el número asciende a más de 4 millones que viven, muchos de ellos en condiciones precarias, en campos de refugiados en Cisjordania, Gaza, Líbano, Jordania, Siria, Irak y otros países.

c. Declarar a la parte árabe y oriental de la ciudad de Jerusalén capital del Estado palestino, y que la comunidad internacional acepte que la parte occidental sea la capital de Israel. También en este caso los colonos israelíes, que han ocupado y están ocupando casas y terrenos en diversos barrios y en zonas periféricas que forman parte de Jerusalén, serían relocalizados o tendrían que aceptar vivir en zona bajo soberanía árabe. Según cifras oficiales de Israel, 194.000 judíos habitan en barrios anexados por Israel y considerados parte de Jerusalén.

d. El Estado palestino tendría competencias para su seguridad interna pero estaría desmilitarizado. Esto significa que no tendría armas pesadas que pudiesen servir para un ataque a Israel.
Gaza se ha convertido en una cuestión especial. Tomada desde 2007 por el movimiento Hamas no ha sido posible hasta ahora que se alcanzara un acuerdo con la Autoridad Palestina.

Por un lado resultaría incompleto negociar y eventualmente alcanzar un acuerdo sobre la declaración de un Estado palestino sin Gaza, donde viven más de 1 millón de palestinos. Por el otro, la Autoridad Palestina podría negociar con Israel y en paralelo, o posteriormente, negociar desde una posición de mayor fuerza con Hamas.

Los obstáculos
Según información que ha circulado en los últimos días en medios de prensa árabes, el presidente Barak Obama habría ejercido una dura presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el Presidente Mahmud Abbas para que aceptaran conversaciones directas. La Autoridad Palestina ha mantenido en los últimos meses que mientras no cese la construcción de nuevos asentamientos y la expulsión de palestinos de sus casas no volverían a hablar con Israel.

Presionado por Estados Unidos, el gobierno israelí declaró en noviembre pasado una moratoria, con diversas excepciones, en la política de ampliar o crear nuevos asentamientos que finaliza el próximo 26 de septiembre. Todos los miembros de derechas y ultraderecha de la coalición del gobierno israelí, con la excepción del Partido Laborista, presionan a Netanyahu para que no extienda la moratoria. Ese será el primer obstáculo para las negociaciones ya que la Autoridad Palestina posiblemente se retire o amenace con retirarse si eso ocurre.

Un segundo obstáculo es la demanda de Israel de tener máximas garantías de seguridad. El gobierno de Netanyahu alega que después de la retirada de Israel de Gaza y de Líbano se han producido ataques con misiles desde esas zonas. En el caso que las fuerzas de Israel se retiren de Cisjordania, ¿cómo se garantizaría la seguridad? Israel quiere que los palestinos sólo se ocupen de la seguridad interior. Un argumento añadido es que más del 60% de la población jordana es palestina y que, por lo tanto, la frontera a lo largo del río Jordán se volvería muy insegura.

Otro argumento que maneja Israel es que la Autoridad Palestina, pese a las reformas y avances que está haciendo el primer ministro Salam Fayyad, no es fiable. “¿Qué pasaría si, como ocurrió en Gaza, Hamas toma el poder en Cisjordania?”, me decía recientemente un profesor en Tel Aviv.

El fantasma de Hamas opera, en este sentido, en dos formas negativas. Si se formase un gobierno de unidad nacional entre Fatah y Hamas entonces Israel considera que sería peligroso. Pero si Hamas se queda controlando Gaza entonces Israel alega que no puede negociar sólo con una parte de los palestinos. A la vez, el gobierno israelí no dialoga con Hamas por considerarlo un grupo terrorista que busca la destrucción del Estado de Israel.

El tercer obstáculo es el regreso de los refugiados. Para Israel negociar el regreso supone aceptar que en 1948 y 1967 hubo expulsión de palestinos, algo que oficialmente nunca se ha admitido. La tesis histórica oficial es que los árabes palestinos huyeron instigados por los gobiernos de los países vecinos que les alarmaron o les instaron a huir alegando que al terminar la guerra podrían volver.

Historiadores israelíes han puesto esto en cuestión, indicando que se llevó a cabo una expulsión premeditada usando el miedo y el terror. Para cualquier gobierno palestino aceptar que no haya reconocimiento del derecho al retorno es un paso difícil de asumir, pero que posiblemente se podría lograr a cambio de recuperar Cisjordania. Para un gobierno israelí aceptar que hubo expulsiones en 1948 y 1967 es poner en cuestión la legitimidad del momento del nacimiento del Estado.

El cuarto obstáculo es la demanda del gobierno israelí de que la Autoridad Palestina reconozca el carácter judío del Estado de Israel. Para los palestinos, esto supone legitimar que los refugiados nunca podrán recuperar las propiedades que perdieron y que, además, pone en peligro la situación de los ciudadanos árabes que tienen nacionalidad o residencia israelí, y que viven en Israel. La población judía en Israel es de 5.726.000 habitantes (75.5%); los árabes israelíes suman 1.548.000 (20.4%).

El quinto gran problema es Jerusalén dado que Israel ha reafirmado que está fuera de toda cuestión negociar su estatus y control israelí. Como afirmó en 2009 el primer ministro Netanyahu: “Jerusalén no es un asentamiento sino la capital histórica de Israel”.

Estos no son los únicos problemas, pero si se logra superar el 26 de septiembre, y Estados Unidos y el Cuarteto (Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas y Rusia) mantienen una firme posición a favor de la solución de los dos estados, entonces quizá se pueda avanzar hacia otros escalones igualmente complejos.