Dirigentes indígenas panameños aceptaron dialogar este sábado con el gobierno tras cinco días de mantener bloqueadas varias rutas del país contra el desarrollo de la minería y proyectos hidroeléctricos en sus territorios, informó uno de los líderes de los nativos.

"Hemos aceptado el diálogo, dependiendo del resultado reabriremos las vías. Somos optimistas", afirmó Rogelio Montezuma, portavoz de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé, que organiza la protesta.

El diálogo, aceptado tras una reunión de más de cinco horas entre líderes de la Coordinadora y autoridades indígenas, empezará este sábado en un punto entre las localidades de San Lorenzo y David, en la occidental provincia de Chiriquí.

Los indígenas del pueblo Ngöbe-Buglé en Panamá quieren que el Parlamento reconsidere en sus discusiones sobre la ley de minas, la 415, el llamado artículo 5 que prohíbe las concesiones a empresas para la explotación de yacimientos en su comarca.

Decisión arbitraria
“No es posible que en un estado democrático se estén dado estas tomas de decisiones arbitrarias sobre temas que van en contra de los intereses sociales” dijo en entrevista a Radio Nederland Alberto Montezuma, el miembro de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé.
Montezuna explica que el retiro del artículo 5 de la Ley de Minas se decidió en el Parlamento meses atrás, al mismo tiempo que aumentaron las solicitudes de exploración de empresas en la zona. Por lo menos 10 estarían interesadas en buscar oro.

Graves Consecuencias
El líder indígena alerta sobre las graves consecuencias que traería la explotación a cielo abierto de yacimientos de oro en uno de los ecosistemas más ricos y extensos de Panamá. “Esta mina, la segunda más grande del mundo, se ubica en Cerro Colorado de donde nacen 6 importantes ríos. Eso no afectaría solo nuestra comarca, sino a 3 provincias de Panamá y las comunidades que se abastecen de esos ríos”.
El representante del pueblo Ngöbe-Buglé se muestra escéptico frente a la promesa de las empresas que eventualmente puedan explorar la zona de atenerse a lo que disponga la nueva ley minera, como estudios de impacto ambiental, medidas de precaución contra la contaminación o el respeto de las demandas de los pueblos indígenas.

“Desconfiamos de esa palabra porque ahorita mismo la institución que tiene que ver con la regulación de esto, que es la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM, no hace los estudios como tienen que ser”. Montezuma explica que los estudios no van dirigidos a la protección como dice la ley, sino que responden a los intereses de las trasnacionales y del gobierno.

Diálogo directo y no mediación
El líder de los Ngöbe-Buglé, lamenta que hasta ahora los indígenas no han tenido contacto directo con ninguna de las empresas. “Ellas solo conversan con el gobierno. Jamás conversan con nosotros. Cuando nos enteramos de ellas, ya se va a hacer tal proyecto, no se nos consulta”
La llegada de la ombudsman panameña, Patria Portugal, para ofrecer su mediación tampoco está dando frutos para un diálogo. “Ella solamente vino a hacer un show ofreciéndose de mediadora. Pero nosotros ahorita no necesitamos mediador, porque ya desde un principio establecimos un acuerdo directo con el gobierno, con el presidente, y él faltó a ese acuerdo”.

Los indígenas se van a quedar en la carretera hasta que el presidente Martinelli se acerque en persona a dialogar. La petición formal es que el mandatario panameño autorice al presidente de la Asamblea Nacional, a incluir en la agenda con carácter de urgencia las discusiones sobre la mencionada ley.

Tensión por los bloqueos
Entretanto el periodista de Radio Temblor, Olmedo Carrasquilla, informó a Radio Nederland sobre los bloqueos. Estos tienen lugar en diversos puntos de la carretera Interamericana, que une Panamá con Costa Rica. Los indígenas Ngöbe-Buglé, incluidos sus familias, se han postrado en las calles y no permiten el paso de ningún tipo de transporte.

Se habla de los costos económicos para el gobierno panameño, pero no de las consecuencias políticas y sociales que ya se están dando por la falta de diálogo. “Ya ha habido algunos enfrentamientos. Las unidades antidisturbios están en alerta. Hay más de 34 organizaciones solidarias y de defensa de los derechos humanos que hacen un seguimiento de las acciones debido que no hay un ambiente de paz y justicia”.