La consulta a los indígenas, que el gobierno de Evo Morales ha comenzado el domingo y acabará a fines de agosto, conlleva el riesgo de enfrentamientos debido a la resistencia anunciada por muchas de las comunidades del Territorio Indígena del Parque Nacional del Isiboro Sécure (TIPNIS) que rechazan el procedimiento de la consulta, por inconstitucional.

La presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, Bertha Bejarano, ha denunciado ante los medios locales la presencia de unidades de la fuerza naval para despejar los bloqueos en el río Isiboro e intervenir la localidad de Gundonovia, punto de reunión de los líderes indígenas encargados de poner en marcha una estrategia de resistencia contra la consulta y la construcción de una carretera por la mitad del TIPNIS, cabecera de la cuenca amazónica.

Cuestionada en su legitimidad
Nunca hasta ahora, gobierno alguno ha pasado por alto tantas normas nacionales e internacionales a fin de lograr la concreción de un proyecto vial, resistido por buena parte de los bolivianos. Además de la Constitución Política, del Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno boliviano incumple la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que exige concertar las formas de consulta con los beneficiarios antes de su aplicación en un proceso participativo y bien informado.

La antropóloga y socióloga Sarela Paz explica que la ley de consulta, conocida como la ley 222 en Bolivia, está cuestionada en su legitimidad. Pero, además, critica el planteamiento gubernamental de que cada comunidad tome una posición sobre la intangibilidad del territorio y la carretera, puntos de la consulta, ajena a los usos y costumbres originarios.

“Aquí se está violando un principio de lo que es la consulta previa, uno de sus principios es que la consulta sea mediante procedimientos propios. Aquí el gobierno pasa por alto un mecanismo, un procedimiento interno de decisión política que en el TIPNIS existe hace 22 anos. Cuál es ese procedimiento: que las decisiones grandes, las decisiones fundamentales, que atañen al territorio nunca son tomadas por una comunidad. Cada comunidad delibera, efectivamente, sobre la temática asume una posición y manda autoridades y representantes a un encuentro territorial y en ese evento grande, que se llama Encuentro Territorial, se toman grandes decisiones”.

Desacuerdos sobre proyecto vial
El presidente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, manifiesta las razones de los desacuerdos a raíz del proyecto vial, financiado por Brasil, que estuvo en plena ejecución y fue suspendido después debido a las protestas de indígenas de las 32 etnias del oriente boliviano.

“La Constitución actual dice que el gobierno debe realizar consultas - antes de tomar medidas legislativas o administrativas- a los pueblos indígenas a través sus instituciones. El contrato de la carretera fue firmado el 2008 y después de cuatro años, y ejecutado dos tramos, recién quiere hacer la consulta. Ese es el procedimiento que rechazamos”.

La Corte Electoral ha inaugurado la consulta en dos comunidades, Oromomo y San Miguelito, que recibieron muchos regalos de parte del Gobierno, aparentemente, para mostrar las bondades del desarrollo aunque ha asegurado que la consulta es libre y democrática.

“Esta comunidad (San Miguelito) no ha decidido todavía aceptar esta consulta. Han dicho que no les interesa la carretera porque sería abrir un espacio para que los cocaleros y los narcotraficantes se entren al parque o territorio indígena. El gobierno dice que la consulta es libre, pero no deja que los dirigentes lleguemos a la comunidad de Oromomo el día domingo; segundo, dice que es libre y, si es libre por qué no nos permite decidir el destino de nuestro propio territorio y como parque nacional no lo vamos a destruir; tercero, dice que es de buena fe, sin embargo el gobierno desde marzo lleva regalos con el propósito de inducir a las comunidades para que acepten la consulta”.

Las autoridades gubernamentales esperan tener un resultado oficial de la tan cuestionada como resistida consulta en la primera semana de septiembre, mientras los líderes indígenas acuden al amparo de la justicia para frenar legalmente la consulta y, el excesivo interés comercial en un territorio con demasiados recursos naturales.