El incendio en una prisión de Honduras que costó la vida a más de 350 reclusos el pasado martes “recuerda de forma cruda la necesidad de monitorear de forma independiente las condiciones y el trato en todos los lugares de detención”, según la Asociación Internacional para la Prevención de la Tortura (APT).

El comunicado se enmarca en una campaña de advertencia a los gobiernos latinoamericanos para que adopten medidas inmediatas encaminadas a reducir el hacinamiento en las prisiones y establecer claros protocolos de emergencia y evacuación. Medidas que, sin embargo, llegan demasiado tarde para las víctimas de La Granja Penal de Comayagua.

Responsabilidad del Estado
La ONU menciona “el hacinamiento, carencia de servicios básicos, demoras judiciales y prisión preventiva excesiva” entre las causas que han deteriorado las condiciones en los centros de detención. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha instado al gobierno hondureño a investigar las causas del incendio y establecer si las condiciones en el centro penitenciario contribuyeron a la pérdida de vidas.

“Los estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de privación de la libertad sean compatibles con la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, señaló Rupert Colville, portavoz de OACDH.

Visitas a las cárceles
Dicha obligación, como cualquier otra legislación internacional, está basada en un tratado, el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT por sus siglas en inglés). En virtud del mismo, los miembros deben enviar observadores independientes de visita a las cárceles, y efectuar las consiguientes recomendaciones para que las autoridades cumplan con las normas internacionales de respeto a los derechos humanos.

Actualmente el Tratado está integrado por 62 estados miembros, entre ellos México, Costa Rica y -sorprendentemente, Honduras - país donde se registró la última de una serie de tragedias en Latinoamérica derivadas de las precarias condiciones penitenciarias.

Informes de Naciones Unidas han emitido reiteradas críticas a los países de la región por no cumplir plenamente los protocolos del tratado, algo que el Comisario de la ONU por los Derechos Humanos considera un asunto de suma urgencia. “Instamos a los gobiernos de la región a poner en práctica estas recomendaciones a fin de evitar que ocurran nuevas tragedias”, reclamó Colville.

La Asociación Internacional para la Prevención de la Tortura emitió una severa advertencia a las autoridades hondureñas asegurando que “el grave hacinamiento es una forma de trato cruel, inhumano y degradante”, e instó al Estado a proporcionar los recursos necesarios para cumplir con las normas establecidas en una ley internacional ratificada por Honduras.