Human Rights Watch asegura en su último informe que en Colombia existen grupos herederos de los paramilitares que cometen graves violaciones a los derechos humanos.

Este miércoles se ha presentado en Bogotá, Colombia, el informe “Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia”, elaborado por María MacFarland, investigadora de la organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch.
 

La organización pide al gobierno colombiano que responda de manera efectiva ante los grupos violentos que están cometiendo abusos contra civiles y que han surgido a lo largo del país, después de una deficiente desmovilización de los grupos paramilitares.
 

Graves abusos contra la población civil
El informe documenta abusos graves y generalizados cometidos por los grupos sucesores de la coalición paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. HRW denuncia que los así llamados grupos sucesores cometen habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia.
 

En entrevista con Radio Nederland, María MacFarland explica que los mandos medios de los que fueran grupos paramilitares continuaron las operaciones de dichas formaciones y crearon nuevas organizaciones delictivas con nuevos nombres. El modo de operar, sin embargo, es prácticamente el mismo que el que tenían los grupos paramilitares, dice MacFarland, quien señala que los cálculos más conservadores hablan de 4.000 miembros en 24 de los 32 departamentos del país. Los grupos sucesores surgieron prácticamente al mismo tiempo en que se estaba dando esta desmovilización supuesta de los paramilitares en Colombia, dice la investigadora de Human Rights Watch.
 

El documento es fruto del trabajo de casi dos años de investigaciones de campo y describe el brutal impacto que los grupos sucesores están teniendo en la situación de derechos humanos en Colombia, con especial hincapié en cuatro regiones donde los grupos mantienen, según HRW, una presencia significativa: la ciudad de Medellín, la región del Urabá chocoano, y los departamentos de Meta y Nariño, al sur del país.
 

La idea de hacer esta investigación surgió de la necesidad, por parte de la organización internacional, de monitorear desde un principio el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, para detectar las deficiencias del proceso y constatar la falta de justicia frente a los crímenes de los paramilitares.
 

Críticas a las autoridades colombianas
Human Rights Watch espera una actuación más firme por parte del gobierno colombiano y no elude las críticas al proceder de las autoridades del país. Así, la organización considera que el surgimiento de estos grupos sucesores era predecible, “en gran parte debido a que el gobierno colombiano no desarticuló las redes criminales de la coalición paramilitar durante el proceso de desmovilización desarrollado entre 2003 y 2006”.
 

En el informe, la organización expresa su preocupación por la supuesta tolerancia por parte de algunos funcionarios del Estado y sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los grupos sucesores.
 

María MacFarland reconoce que esta es una acusación sumamente grave, pero asegura que existen denuncias y testimonios de civiles de la población que vive en estas zonas, en el sentido de que algunos sectores de la fuerza pública no estarían respondiendo cuando ven a miembros de estos grupos cometer sus crímenes, no los enfrentan. Altos mandos de la policía y miembros de la fiscalía comentaron a HRW que estaban muy preocupados por las dificultades que tenían para investigar a estos grupos, en parte porque había una situación de tolerancia en algunas zonas, sostiene MacFarland.
 

Bandas criminales, no paramilitares
En su reciente visita a Radio Nederland, el Fiscal General de la Nación de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, reconoció la existencia de altas cifras de criminalidad en algunas regiones del país, pero lo relacionó con la presencia de bandas criminales que se enfrentan entre sí, y lo desligó de un supuesto retorno del paramilitarismo.
 

María MacFarland, de HRW, opina que esta es la posición estándar del gobierno colombiano y dice: “El gobierno niega que los paramilitares existan, entonces, por definición dice que esto son bandas criminales”.
 

En realidad el nombre que reciban los grupos criminales tiene poca importancia para Human Rights Watch. “Al margen de eso, las obligaciones del Estado son las mismas, el Estado tiene una obligación de proteger a la población civil y tiene la obligación de hacer justicia cuando se cometen abusos”, subraya MacFarland.
 

Valor de los defensores de los derechos humanos
Muchos pensarán que se requiere cierta valentía para presentar un informe de este calibre en la propia capital colombiana, pero María MacFarland le resta importancia. Ella asegura que Bogotá le ofrece cierto grado de confianza.
 

“Los que tienen mucho valor son las personas que viven día a día con esas amenazas, esos riesgos, en distintas zonas del país”, y añade, “quienes se merecen los aplausos son los locales”.

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Rueda de prensa del Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco

Bogotá, 3 feb (SP). El siguiente es el texto de la rueda de prensa que ofreció este miércoles, en la Casa de Nariño, el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco:

Pregunta: Human Rights Watch ha entregado un informe y advierte que las Fuerzas Militares siguen en connivencia con las bandas criminales.

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Respecto a ese informe el Gobierno tiene algunas observaciones. En primer lugar, el Gobierno ha reconocido que hay un problema con las bandas criminales emergentes. No es un problema nuevo ni ha sido desconocido por el Gobierno. En lo que el Gobierno difiere es en el carácter del problema: nosotros no creemos que sea una extensión del paramilitarismo, sino que es un problema motivado por el tema del narcotráfico.

Y en relación con la política del Gobierno, es clara su contundencia. El informe mismo resalta las declaraciones del Presidente ordenando el combate a estos grupos.

En segundo lugar, ustedes han sido testigos de que el 60 por ciento de los consejos de seguridad llevados en los últimos dos años han sido en zonas donde hay presencia de las bandas criminales.

En tercer lugar, el Gobierno ha tenido una política transparente de informar cada mes los resultados del combate a estos grupos, y tiene un mecanismo de seguimiento donde está participando la OEA (Organización de Estados Americanos), Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo.

Adicionalmente a eso, están los resultados. Jefes con ‘HH’, ‘Los Mellizos Mejía’, ‘Don Diego’, ‘Don Mario’ han sido capturados o dados de baja por la Fuerza Pública en este combate.

Solo el año pasado, 45 mil millones de pesos les fueron decomisados en bienes a estos grupos; 55 toneladas de coca les han sido incautadas; 3 mil 500 armas largas, 4 mil armas cortas.

Entonces, la claridad de la política del Gobierno frente a estos grupos está en los hechos; el país ha sido transparente.

El Gobierno quiere invitar al doctor (José Miguel) Vivanco y al equipo de Human Rights Watch a una reunión del comité integrado de inteligencia para discutir el informe a profundidad.

Pregunta: Habla el informe de zonas donde se van a hacer operativos militares y hay información de la Fuerza Pública para que esos grupos se retiren en el momento en que van a haber los operativos. Parece que hay una complacencia, digamos, con estos grupos.

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: El Gobierno no descarta que haya fenómenos de corrupción al interior de la Fuerza Pública. Pero ni es generalizada esta situación de complicidad con grupos armados, y se han tomado medidas. Muchas personas están siendo procesadas por esto o han sido destituidas. Y es igualmente claro los resultados que se han dado contra estos grupos.

Pregunta: ¿El paramilitarismo tiene herederos?

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Nosotros creemos que hay unos problemas, porque Colombia tiene un negocio de narcotráfico que puede valer 7 mil millones de dólares al año, y pueden haber otro tipo de actividades delictivas.

Entonces, el Gobierno es claro que tiene un problema y que se ha presentado ese problema. Donde hay desmovilizaciones en cualquier parte del mundo se ha presentado el problema y donde hay un negocio importante hay quien lo quiere ocupar. Esa es nuestra percepción del tema.

Pregunta: ¿El Gobierno maneja unas cifras de estas bandas emergentes en las que participen desmovilizados del paramilitarismo? ¿Qué porcentaje está participando?

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Esas cifras se hacen públicas todos los meses. El Gobierno y Human Rights Watch recoge estas cifras en su informe, estima que entre miembros directos y colaboradores de estos grupos hay cuatro mil personas, y es un conteo transparente que la Fuerza Pública hace con la participación de la MAP-OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos), e igualmente la presencia que el Gobierno en su informe ha hecho en 159 municipios.

Y en relación con las personas capturadas, tenemos que menos del 15 por ciento de las personas capturadas de estos grupos son desmovilizados; el 85 por ciento no son desmovilizados. Y esas cifras cada mes las entregamos.

Pregunta: ¿El paramilitarismo está actuando sistemáticamente como en el pasado, con crímenes atroces, en determinados sitios, apoderándose de ciertos sectores?

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Nosotros tenemos la opinión de que el paramilitarismo en Colombia está extinguido y sus jefes en la cárcel.

¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, un fenómeno de criminalidad, que es organizado. En México existe y nadie puede decir que es un crimen organizado con interés político. Las ‘maras’ existen en Centroamérica; nadie puede decir que tiene una intencionalidad política.

Entonces, creemos que hay un fenómeno criminal organizado en Colombia que se ha estado combatiendo y que tiene, digamos, un poder de crecimiento y un atractivo importante en los volúmenes de dinero que manejan.

Pero quisiera resaltar algo y es que en muchas zonas del país está probado el trabajo conjunto de estos grupos criminales con grupos guerrilleros. Eso es lo que, además, se evidencia en el mismo informe de Human Rights Watch.

Pregunta: El informe sugiere que Estados Unidos no firme el TLC con Colombia. ¿Usted qué opina?

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco: Nosotros creemos que es una recomendación de la cual nos apartamos. Nosotros estamos de acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía, de la Fuerza Pública, que llama a colaborar al mundo con esto. Pero creemos que no firmar el TLC lo único que hace es fortalecer la economía ilegal y, por lo tanto, a estos grupos.

La decisión más contraria, la más negativa para combatir la criminalidad en Colombia es negarle la posibilidad a la economía formal.