La renuncia de una Fiscal de Derechos Humanos aduciendo “razones personales” debiera ser algo rutinario en el mundo. No en Honduras, donde la violencia e impunidad enfrentan al crimen organizado con los defensores del derecho a la vida.

Sandra Ponce, una abogada especializada en derechos humanos, dejó su cargo rodeada de controversia, con partidarios y detractores de su prolongada gestión, 17 años, en el Ministerio Público, o Fiscalía General del Estado.

En conversación con Radio Nederland, Ponce dijo no haber trabajado en función de agradar o no, sino “de apegarme al mandato legal y hacer todo lo que estuviera a mi alcance para cumplirlo”.

Asesinato de universitarios
Su última acción fue presentar un requerimiento fiscal en contra de un alto oficial de la policía nacional, presuntamente involucrado en el asesinado de dos jóvenes universitarios, ocurrido el 22 de octubre de 2011.

Una de las dos víctimas, Rafael Alejandro Vargas Castellanos, era hijo de la actual rectora de la universidad estatal, Julieta Castellanos, quien luego de confirmar que los responsables eran policías, encabezó un movimiento ciudadano a favor de una reforma profunda del sistema de seguridad pública.
Ponce seguramente no se lleva un buen recuerdo de este caso, puesto que la rectora Castellanos declaró en público que había perdido su confianza en la actuación de la ex fiscal, a la que responsabilizó de negligencia.

La indignación y valentía de la rectora de encarar a los victimarios rompió con la inercia rutinaria en esta sociedad, donde lo usual es que ante los abusos prevalezca la indignación, pero sin valentía.
La enérgica reacción de Castellanos propició, además, la ruptura de un dique que contenía miles de denuncias o testimonios de abusos de agentes policiales en contra de la población, y que habían permanecido soterrados.

Extendida corrupción
De pronto, como en una catarata, la mayoría de la sociedad hondureña se enteró de que ciudades y regiones enteras del país habían sido ubicadas en cuadrantes al arbitrio de policías corruptos, lo que explicaba que la mayoría de los hechos delictivos y abusos contra los derechos humanos más elementales se archivaban sin posibilidades reales de aclararse.

“Yo no me imaginaba tanta corrupción”, llegó a decir el presidente Porfirio Lobo, al admitir tramas casi inverosímiles del involucramiento policial en casos de asesinatos por encargo, extorsión, secuestros, vínculos con maras o narcotráfico.

Impunidad
A lo largo de su carrera en el Ministerio Público, la ex fiscal conoció y tramitó muchas de esas denuncias, incluso actuó de oficio, pero en la mayoría la impunidad judicial y policial se impuso.

Esa historia de requerimientos judiciales fallidos no se limita al tema de derechos humanos, sino que se extiende al resto de las fiscalías, entre ellas las especializadas contra la corrupción, crimen organizado o la violencia de género, pero esa circunstancia no se admite como excusa en el debate actual en Honduras sobre el papel de los funcionarios públicos.

Ponce reconoció que su fiscalía recibió más presión de la usual a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se multiplicaron las denuncias luego del derrocamiento violento del presidente Manuel Zelaya, al multiplicarse violaciones a los derechos humanos en contra de activistas y dirigentes políticos y sociales de la oposición. La gravedad de esos hechos marcó un antes y un después en su dilatada gestión.
En esa coyuntura, a la fiscal se le demandó más de lo que en la práctica estuvo en capacidad de ofrecer. Quizá a eso se refirió Ponce cuando afirmó: “creo que he llegado a un límite desde la posición (institucional) que me encuentro para trabajar por los derechos humanos”.

Finalmente, cuando Radio Nederland le preguntó el porqué de su renuncia, cuando en el país se abrió una posibilidad de lograr cambios sustanciales para frenar la violencia, Ponce apeló a que ella siempre seguirá ligada a la lucha por los derechos humanos y que la institucionalidad es la permanente, no las personas.
Probablemente la polémica alrededor de cuánto tuvo realmente a su alcance para actuar en defensa de las víctimas acompañará el análisis de su gestión, pero también hay muchos que perciben su renuncia como una pérdida, sobre todo por la incertidumbre de quién será electo para sustituirla.