Casi un mes después de su divulgación, el informe y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación siguen sin destino claro por falta de seguimiento de parte del presidente Porfirio Lobo, y el rechazo  de la oposición encabezada por el ex presidente Manuel Zelaya.

El informe, que en total cuenta más de mil páginas, ofrece la posibilidad de que Honduras supere su  grave desgarramiento interno y reinicie una transición a la democracia. Pero los grandes protagonistas de la crisis han optado por darle una atención mínima o condenarlo sin leerlo siquiera.

“No lo he leído, pero puedo asegurar que contiene falsedades”, dijo una dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, mientras que un líder de la extrema derecha manifestó que lo que diga el informe, “nos tiene sin cuidado”. Dos posturas ideológicamente diferentes, pero políticamente coincidentes.

La cobertura de los medios de comunicación social refleja también el conflicto de intereses. En los cuatro periódicos de circulación nacional se publicaron unas 150 notas sobre el informe, en especial se reprodujo el anexo de testimonios que varios de los involucrados en la crisis dieron a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), pero una pesada losa de silencio cayó sobre sus recomendaciones.

Los editoriales y artículos dedicados al tema también se cuentan con los dedos de la mano. La censura y autocensura metieron sus manos. De hecho, los antejuicios y los prejuicios se impusieron a una valoración serena. Para el coordinador de la CVR, el guatemalteco Eduardo Stein, la recepción no fue una sorpresa. En días previos a la divulgación anticipó que “el informe es bastante equilibrado, aunque es seguro que no gustará a los grupos radicales”.

Sólo una institución no gubernamental, el Centro de Documentación de Honduras (CEODH), convocó en este período a una reunión pública para analizar las 84 recomendaciones del documento, con una perspectiva crítica amplia.  En un país de escasos cultura política y debate democrático, esa convocatoria fue todo un atrevimiento.

La tendencia predominante es ignorar el informe o condenarlo. Uno de los argumentos es que “fue dirigido por extranjeros que no conocen nuestra realidad”, en alusión a Stein, una magistrada peruana y un diplomático canadiense que formaron parte de la comisión. El problema es que si ese punto de vista es válido también desautorizaría a la Comisión de Verdad, de la oposición, que tiene siete comisionados extranjeros y dos hondureños.

“Ése no es el punto, sino valorar los resultados del trabajo”, sostiene Sergio Membreño, secretario técnico de la CVR, quien comentó a RNW que “el informe no abarca todos los aspectos que hubiésemos querido, por varias razones, pero lo que plantea fue resultado del compromiso a favor de la verdad de los hechos”.
Víctor Meza, director del CEDOH, sostuvo que si el conjunto de las recomendaciones del informe se pusiera en práctica, “el Estado hondureño empezaría a transformarse”.

Para otros analistas, la debilidad del informe es la profundidad de la mayoría de sus recomendaciones. “Todo el capítulo en materia de derechos humanos es valioso, pero habrá que esperar a que Dios baje del cielo a concretarlo, porque, de lo contrario, aquí será muy difícil”, dijo, en una mezcla de objetividad y sarcasmo, un político liberal allegado a Zelaya.

En efecto, la recomendación número 12 indica que “el Estado de Honduras, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, debe investigar, procesar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio del 2009, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad”.

El problema es que la mayoría de los implicados sigue arropada por la impunidad del poder, y no pocos forman parte del Gobierno de Lobo, incluyendo al general Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas, quien protagonizó el golpe, y fue nombrado a la cabeza de la empresa nacional de telecomunicaciones.

Otra de las recomendaciones subraya que los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia “deben someter su actuación ante las violaciones a los derechos humanos derivadas del 28 de junio a un consenso nacional de la legislatura”. ¿Magistrados procesando magistrados? Difícil, muy difícil. Los comisionados lo sabían, sin embargo prefirieron formular recomendaciones políticamente inviables en la actualidad, al pecado de omitirlas.

El ex fiscal nacional y ex ministro del gobierno de Zelaya, el abogado Edmundo Orellana Mercado, resumió en una frase el muro oficial ante el cual se estrellan las recomendaciones: “falta de voluntad política”.
En lo inmediato, Lobo tiene la obligación de promover la integración de la Unidad de Seguimiento de la CVR, que “debe ser independiente, con alto nivel técnico en su personal, con capacidad de incidencia política y apoyo de organismos internacionales”. ¿Cumplirá Lobo?, y si lo hace, ¿cuáles serían las facultades vinculantes de esa unidad de seguimiento? No se sabe.

Mientras tanto, los comisionados disponen sólo hasta agosto para cerrar la tienda de su mandato. En este mes tienen planeado cuatro presentaciones del informe en diversas regiones del país. Puede que esa gira sea el canto del cisne. En realidad no depende de ellos, sino del Gobierno y de la oposición política.