En la región central de Honduras, un mensaje premonitorio, demencial y apocalíptico está grabado en la puerta de entrada al recinto penal donde más de 350 privados de libertad murieron calcinados en las últimas horas: “Hágase justicia, aunque el mundo perezca”.

La tragedia se registra como la mayor de su tipo en los últimos diez años a nivel mundial y se desató al anochecer del pasado martes en la cárcel de Comayagua, 86 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa, donde unos 850 reos se encontraban distribuidos en diez recintos, llamados con humor negro “hogares”, de los cuales cinco se incendiaron con todos sus ocupantes hacinados.

El número exacto de víctimas aún no se precisa por las autoridades, partió inicialmente de unos 250 hasta cerrar el día con informes preliminares que registran más de 350 muertos, todos varones a excepción de una mujer, de quién no se sabe su procedencia y qué hacía en su interior.
La primera reacción del presidente del gobierno, Porfirio Lobo, fue ordenar una investigación con personas imparciales que esclarezcan los hechos y apoyar a los familiares de las víctimas para atender su duelo y demanda de justicia.

Un comandante del Cuerpo de Bomberos, que apoya las labores de rescate, dijo que “la investigación llevará tiempo. Simplemente el recuento es difícil por las condiciones en que se encuentran los restos de las víctimas, y porque no se sabe si en la confusión de los hechos varios prisioneros se fugaron”.
Igual incertidumbre hay sobre el origen del siniestro. Las hipótesis abundan: un posible cortocircuito por la proliferación de aparatos electrónicos conectados, una eventual mano criminal tomando en cuenta la rivalidad a muerte de pandillas o un recluso trastornado de quien se afirma prendió fuego un colchón al tiempo que gritaba: “aquí nos vamos a quemar todos…”

Al margen de la chispa inicial, la responsabilidad de fondo en la tragedia apunta al Estado hondureño por su tendencia a utilizar sistemáticamente el encarcelamiento como instrumento para combatir una criminalidad que va en ascenso. Las 24 cárceles que operan en el país no dan abasto para recibir a los procesados judicialmente, la mayoría de los cuales sufren una larga espera mientras se les dicta sentencia.

Tras los barrotes hay una proliferación de prisioneros jóvenes, la mayoría entre los 24 y 30 años, que es también la edad promedio de los muertos en el incendio. La frase de Dante en las puertas del infierno: "Abandona la esperanza si entras aquí", calza perfectamente en esos antros. Todo nuevo privado de libertad tiene que negociar, de entrada, su integridad física. Si paga, será protegido; si no paga queda a merced de cualquier abuso imaginable.

La mayoría, obviamente, no puede pagar, y es el instinto de supervivencia o la ley del más fuerte lo que puede salvarlo, mientras el tiempo transcurre con tragedias silenciosas, a cuentagotas: un muerto por aquí, otro por allá. Los “alcaides” y los custodios saben lo que pasa, pero su corrupción también es moneda de uso corriente en las prisiones. El ala más protegida de las grandes cárceles tiene un costo de hospedaje que generalmente para en bolsillos oficiales. Uno de esos recintos tiene un nombre irónico: la Casa Blanca.

Todo el mundo admite en Honduras que la finalidad principal del sistema penitenciario no se cumple: la rehabilitación de los privados de libertad. Paradójicamente, la cárcel de Comayagua, ubicada en un fértil valle donde la modernidad de los cultivos de exportación contrasta con la inseguridad alimentaria de los campesinos, era considerada “granja modelo” en el país.

Por la magnitud de las cifras mortales, las denuncias de la situación en el resto de las cárceles inunda los programas informativos de la radio y televisión que dan seguimiento a las noticias , pero siempre un hilo de fatalismo ata las expectativas de cambio, porque no es la primera tragedia de ese tipo, y seguramente no será la última.

En abril de 2003 un incendio en la granja penal de El Porvenir, en la caribeña ciudad de La Ceiba, dejó 70 muertos, y un año después la cifra superó el centenar en un incidente similar en la cárcel de San Pedro Sula, la segunda en importancia del país. Nada cambio después de ello, como si se tratara de un drama inevitable, que flota en el ambiente, como salido de una novela de Juan Rulfo.
El ex rector de la universidad estatal y actual director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares, Juan Almendarez, lamentó que deba haber tanto dolor para que se debata la búsqueda de soluciones a una violación de los derechos humanos que “todos conocemos”.
Almendarez subrayó que mientras persista la ausencia de una política nacional para el tema de la criminalidad y los centros penales, “las tragedias continuarán”.

Por el momento, no hay otra información que acapare la atención pública nacional. El sensacionalismo y el amarillismo periodístico tienen su propio festín con las gráficas. Todo es cinematográfico: bolsas blancas conteniendo cuerpos, paramédicos que se desmayan, forenses agotados, familiares que lloran, rostros de violencia contenida, tropas antimotines con uniformes negros, restos humeantes, y la noche que cubre el escenario de otro monumento fúnebre, a la espera de un próximo día, de sol calcinante en este valle, cuando el largo listado de las víctimas comience a olvidarse, a la espera de otros nombres.