El Congreso Nacional de Honduras selló la suerte del derrocado Presidente Manuel Zelaya Rosales e introdujo nueva incertidumbre a la crisis al rechazar, por mayoría de votos, su restitución al cargo, en un acuerdo que ratifica el Golpe de Estado del 28 de junio y consuma la profunda fractura de la sociedad hondureña.

Manuel Torres Calderón, corresponsal en Honduras

De nuevo Zelaya Rosales fue “condenado”, incluso por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, sin haber sido nunca oído en juicio.

La decisión legislativa fue la prevista y deja al ex gobernante con apenas tres escenarios posibles: continuar su aislamiento y resistencia en la sede de la Embajada de Brasil, aceptar la cárcel para defenderse de 28 procesos judiciales dictados en su contra después del derrocamiento o viajar al exilio. En sus manos estará la decisión.
 

“Tuvimos la oportunidad de reconciliar Honduras, pero se desperdició”, afirmó el abogado Edmundo Orellana Mercado, diputado liberal y ex Ministro de Defensa del gobierno de Zelaya.

El parlamentario, profesor de Derecho en la universidad estatal, enfatizó que “el 28 de junio se cometió un error y ahora, lamentablemente, se ratificó”.

La maratónica sesión, histórica según la calificaron sus protagonistas, comenzó con una señal premonitoria para la democracia hondureña puesto que antes de la votación se escuchó una marcha fúnebre salir de los parlantes de la Cámara Legislativa.

Afuera del recinto, ubicado en el corazón de Tegucigalpa, dos anillos de militares y policías impedían cualquier manifestación popular en contra. La advertencia previa de parte de los comandantes policiales fue intimidante: “no permitiremos ninguna protesta”.

En todo el país se siguió la transmisión de la sesión por radio y televisión, con una población polarizada que revivió, como un deja vu, los sucesos del domingo 28. La tensión e intolerancia reflejada en la mayoría de las intervenciones se percibió de inmediato en la desolación de las calles y en la multiplicación de rumores de brotes de violencia.

En esencia, los diputados fueron convocados para decidir respecto al punto 5 del llamado Acuerdo Tegucigalpa-San José respecto a "retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010". En otras palabras, que Zelaya fuera restituido en Casa Presidencial.

Zelaya reclamó insistentemente que el asunto se dilucidara antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero los congresistas afines al gobierno de facto dijeron que el acuerdo no establecía fechas y agregaron que antes solicitarían un dictamen a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Procuraduría General y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Las cuatro instituciones coincidieron en “declarar inadmisible e improcedente” la restitución de Zelaya. Con ello reafirmaron su posición del 28 de junio.

El fallo de la Fiscalía General fue más allá puesto que sumó tres interpretaciones jurídicas no escuchadas hasta ahora y que fueron calificadas como “cínicas” por la diputada liberal Elvia Argentina Valle, partidaria de la restitución de Zelaya.

1) Según la Fiscalía, el 28 de junio la Presidencia cayó en situación de “ausencia” porque no estaba Zelaya y fue correcto sustituirlo por abandono del cargo.

2) No se puede invalidar la designación del presidente de facto, Roberto Micheletti, porque según la Fiscalía fue escogido en “una elección de segundo grado y no se puede invalidar una posición electiva”.

3) Finalmente, enfatizó que restituir a Zelaya es improcedente porque la “ley sólo admite la retroactividad en material penal cuando favorece al inculpado y en este caso la decisión fue administrativa”.

Con el “respaldo” legal de la institucionalidad pública, la votación estaba decidida de antemano; lo que quedó a debatir fue pura ideología Las alusiones más constantes de quienes votaron anti Zelaya fueron contra Hugo Chávez, Fidel Castro, José Miguel Insulza, Lula da Silva y el Foro de Sao Paulo, a quienes consideran culpables de la fractura nacional.

En contraste, los opositores destacaron el daño político, económico, social e institucional producido por el Golpe, la indefensión legal del gobernante derrocado y resaltaron que el Congreso Nacional no tiene facultades legales para destituir presidentes.

En efecto, la Constitución hondureña faculta al órgano legislativo a improbar la conducta de un gobernante, pero no a defenestrarlo. “Lo que hemos creado con esta manipulación es una nueva generación de políticos golpistas y que acentúa el retroceso terrible del país”, afirmó Marvin Ponce, parlamentario opositor, miembro del Partido Unificación Democrática.

Ponce agregó algo más: “con estas decisiones, las calles seguirán siendo escenarios de lucha”.

En efecto, la reacción inmediata del Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado fue rechazar el acuerdo del Congreso y anticipar que intensificará su “combate a la dictadura instalada”.

La Resistencia añadió que “esta es una decisión tanto del partido Liberal como del partido Nacional, lo que prueba que las intenciones reconciliadoras que manifiesta Porfirio Lobo (Presidente electo, nacionalista) son falsas. Hay por lo menos 28 muertos por razones políticas, centenares de personas golpeadas por la represión, mujeres violadas por militares y una indefensión legal total para la ciudadanía. Eso no se puede olvidar; ni permitir”.

El cuadro es desalentador, pero realista. Honduras no está en paz, la conflictividad social y política se incrementa y la disputa se vuelve cada ve más nacional puesto que la influencia de la comunidad internacional ha sido mínima en la resolución del conflicto. Todas las condenas acumuladas a Micheletti – incluyendo inicialmente la de Estados Unidos - no lograron quitarlo de la Presidencia de facto. Si el golpismo lo quiere, Micheletti podrá llegar hasta el 27 de enero, cuando Lobo asuma por ley la primera magistratura.

Lo que se advierte a nivel local es que el rechazo externo al Golpe sigue siendo unánime, pero la fractura se da en el reconocimiento a la legitimidad del proceso electoral recién concluido. Algunos países anuncian su beneplácito y otros no.

“El daño sigue para Honduras”, lamentó el diputado Orellana Mercado. “Si la decisión del Congreso hubiese sido otra, mañana mismo habría ocurrido un reconocimiento internacional unánime y el futuro gobierno de Lobo habría salvado su gestión; pero no se hizo”, remarcó.

La complejidad de esta crisis, en una pequeña y empobrecida nación, sigue sorprendiendo. Todas las mediaciones internacionales se estrellan en el arrecife del Golpe. Las recientes elecciones no lograron ser un mecanismo conciliador y se consolida la duda del futuro democrático de Honduras. Como lo expresara la diputada Valle: “con este precedente impune, ningún gobernante estará seguro; incluyendo a Lobo”. La crisis, sin duda, sigue abierta.