Ambos países consolidan el llamado Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe.
 
El Reino de los Países Bajos hizo acto de entrega ayer del instrumento de aceptación al Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe, que reúne esfuerzos de siete naciones de Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Europa para  hacer frente a la creciente amenaza del narcotráfico y el crimen organizado.
 
El depósito del Convenio fue hecho por el Embajador del Reino de los Países Bajos, Matthijs van Bonzel, al Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro Salazar, al ser Costa Rica depositario del Convenio.
 
Costa Rica y el Reino de los Países Bajos  fueron coauspiciadores en el proceso de aprobación de este instrumento jurídico internacional y en la actualidad han jugado un papel rector en la promoción y entrada en vigor del Convenio.
 
Los siete países que son Parte del Convenio son: Belice, Estados Unidos de América, República Francesa, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y el Reino de los Países Bajos.
 
El Canciller Castro resaltó  que “el Congreso costarricense ratificara plenamente su participación a este Convenio, algo que nos va a permitir ejercer la soberanía en el Caribe al estilo costarricense: en asocio, en confianza con las naciones civilizadas del mundo, lo cual nos ha permitido ser pioneros y líderes en señalar que no es necesario tener ejército para ejercer su soberanía, pero sí es necesario aliarse con las naciones civilizadas del mundo que nos ayudan en forma solidaria y comparten el cuido de responsabilidades y el resguardo de nuestra soberanía”.
 
El convenio en el Caribe, amplía los esfuerzos que se iniciaron hace más de diez años con Estados Unidos, mediante el patrullaje conjunto contra las mafias del narcotráfico.
 
El Embajador del Reino de los Países Bajos, dijo que es un “día especial al formalizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre dos países, que iniciaron el Convenio que poco a poco recibe más apoyo de Estados alrededor del Caribe, y de Francia, Estados Unidos y otros  países”.
 
Puntualizó, que además del narcotráfico, el acuerdo multilateral también permitirá  afianzar la lucha contra el tráfico de armas, de personas y de otros negocios ilícitos. Resaltó “la toma de liderazgo” de Costa Rica que es depositario del nuevo instrumento internacional.
 
Costa Rica, al hacer el depósito el pasado  4 de julio de 2010, pasó oficialmente a ser parte del instrumento, el cual entró en vigencia  el 18 de setiembre de 2008, tras la aprobación de la Asamblea Legislativa.
 
El acuerdo, conocido también como Convenio de San José,  se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 1982.
 
Bajo el marco normativo mencionado, este Convenio contempla la posibilidad que tienen los Estados de cooperar de conformidad con sus necesidades, recursos disponibles y prioridades, ampliando o minimizando su participación según las circunstancias.
 
En este sentido, aquellas Partes que carecen de medios pueden autorizar el ingreso a sus aguas jurisdiccionales, en aras de colaborar en la lucha contra el flagelo del narcotráfico en el Área del Caribe. En términos generales, el Convenio reconoce esa asimetría y admite que cada Parte diseñe un esquema de participación a la medida de sus necesidades y conveniencia.
 
Costa Rica, que desde 1948, abolió sus fuerzas armadas, y tras observar que en los  años noventas se produjo un incremento exponencial del narcotráfico por vía marítima, decidió sumarse a diversos convenios bilaterales y multilaterales de cooperación  internacional para hacer frente a la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado.
 
Los informes de inteligencia y las incautaciones que con los medios disponibles en ese momento se logran, evidencian un fuerte recrudecimiento en la utilización de los corredores marítimos del Océano Pacífico y el Mar Caribe para el transporte de cargamentos de estupefacientes, principalmente con la utilización de lanchas rápidas.