La relación entre la Corte Penal Internacional y Holanda se ha enfriado. Recientemente se ha constatado irritación en torno a las designaciones a la CPI, problemas para expedir permisos de residencia en Holanda a testigos que tengan que declarar en un juicio y el pago del alquiler de la sede del tribunal.

Sin embargo, según el alcalde de La Haya, Jozias van Aartsen, es impensable que esa renombrada institución abandone esa ciudad.

El municipio de La Haya se presenta pomposamente como “Capital Internacional de la Paz y la Justicia” y la Corte Penal Internacional, CPI, es la gran carta de presentación. Pero en la ciudad también tienen su sede el Tribunal para la ex Yugoslavia y el del Líbano, además del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

Cuando se fundó la CPI, en el 2002, Holanda se comprometió a pagar el alquiler de la sede durante diez años, pero ese contrato vence dentro de poco. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacer grandes recortes presupuestarios y no parece decidido a hacerse cargo de ese gasto. Esto ha causado irritación, dijo al diario holandés Trouw Marc Dubuisson, uno de los directores de la CPI. El funcionario declaró que: “Son realmente holandeses”, aludiendo al carácter ahorrativo de los neerlandeses.

Acuerdos
Según el ministerio, Holanda cumple con lo pactado y ahora corresponde pagar el alquiler a los 119 países que reconocieron al tribunal. El catedrático en derecho internacional Göran Sluiter manifestó que, formalmente, Holanda tiene razón. Sluiter fue uno de los observadores durante las negociaciones para la fundación del tribunal, que tuvieron lugar en Roma. “Sin embargo –añade el jurista- Holanda insistió en tener en su territorio la sede de la Corte Penal. No creo que Japón y Alemania, los mayores contribuyentes al presupuesto de la Corte, también quieran pagar el alquiler.”
En un principio, el Ministerio de Relaciones Exteriores quería suspender el subsidio completamente, pero encontró resistencia en el parlamento holandés. Entre tanto, el Ministro de Exteriores, Uri Rosenthal, ha dejado entrever que, como buen anfitrión, Holanda si contribuirá. Aunque resta saber a cuánto asciende la contribución.

Alquiler
El alcalde de La Haya, van Aartsen, también ha presionado al ministro Rosenthal para que aporte sustancialmente en el pago del alquiler. Van Aartsen declaró que se están llevando a cabo negociaciones, pero se pregunta si se obtendrán suficientes fondos. De todas formas, el alcalde de La Haya piensa que es impensable que el tribunal abandone su ciudad y agrega: “Aunque solo sea porque en el Estatuto de Roma quedó plasmado que la Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya”.

Edificio pequeño
La CPI está alojada en un pequeño edificio de oficinas en la periferia de La Haya, aunque ya está planeada su mudanza al más céntrico Cuartel Alejandro. Pero ese antiguo cuartel recién estará listo en el 2015, renovado con un generoso crédito holandés que asciende a 200 millones de euros. Los terrenos han sido ofrecidos sin costo, con lo que queda demostrada la voluntad holandesa de mantener la CPI en su país.

Pero los problemas no se circunscriben solo al alquiler. Las irritaciones también surgieron cuando no se cumplieron los deseos de Holanda de que la corte designase un juez y un secretario de ese país. Por su parte, el director de la CPI Dubuisson, se queja de que Holanda pone dificultades a la entrega de visas a los testigos de los juicios. La corte sostiene que a veces se necesitan trámites urgentes, como cuando un testigo corre peligro en su país. Sin embargo, Holanda no quiere darle ´carte blanche´ al tribunal internacional.

Crímenes de guerra
Actualmente tiene lugar el juicio de Germain Katanga, líder de unas milicias del Congo, acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Para la defensa, los abogados de Katanga citaron a dos testigos que estaban presos en Kinshasa. Al llegar a Holanda ambos solicitaron asilo porque temen por sus vidas si regresan a la República Democrática del Congo. Sin embargo, esta el momento Holanda no ha respondido al pedido.

El abogado de estos testigos, Göran Sluiter, manifestó: “Holanda pone dificultades sobre personas que son realmente necesarias para el normal desarrollo de la justicia. Eso pone en peligro el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.”