La justicia holandesa rara vez castiga casos de soborno internacional en los que están involucrados sus nacionales. Según expertos, la falta de voluntad política impide enfocar el problema adecuadamente.

Bette Dam

Chile ha detenido a dos antiguos oficiales en relación con posibles sobornos en la compra de 200 carros de combate holandeses. Al parecer, en 1998, cada uno de los arrestados se embolsó unos 300.000 dólares provenientes de la firma holandesa RDM, del empresario Joep van de Nieuwenhuyzen. ¿Hasta que punto se aborda el tema de holandeses que pagan sobornos en el extranjero?

En el caso chileno, la compañía holandesa en cuestión, y que entre tanto ha quebrado, no puede ser procesada jurídicamente porque el soborno a funcionarios extranjeros sólo es punible desde el 2001. El empresario Joep van den Nieuwenhuyzen desmiente toda implicación con el soborno, aunque reconoce, en efecto, haber pagado dinero a las autoridades chilenas, mas en concepto de comisión, destinada al mediador que hizo posible la transacción. Si bien Van den Nieuwenhuyzen fue interrogado más tarde a solicitud de la justicia chilena, el Ministerio Público holandés no tenía, jurídicamente, ninguna razón de peso.

Ninguna condena
Desde el 2001, la legislación ha cambiado y las empresas bajo sospecha de soborno pueden ser encausadas. No obstante, esto no sólo rara vez ocurre, sino que hasta el presente nadie ha sido sentenciado. Este hecho llama la atención en un país donde a diario se celebran tantas transacciones comerciales internacionales, y que además posee una tradición secular en materia de comercio internacional.

La falta de condenas es ocasionada por todo tipo de dificultades a la hora de encontrar pruebas, afirma el jurista de la Universidad Erasmo, Germen Smid, quien investiga el tema
y es miembro del grupo activista Transparencia Internacional. Según el experto, el asunto es complicado, ya que los sobornos ocurren a menudo en países donde muchos funcionarios tienen intereses directos en las sumas que se pagan en las transacciones de compraventa. Además, no se presta atención a las instancias de ayuda jurídica de la policía judicial holandesa, y, como si eso no bastara, tampoco existe voluntad política para atajar el problema de manera efectiva.

“Lo que sí vemos es que en otros países, como por ejemplo EEUU, Alemania y Gran Bretaña sí se enfoca el problema, y los sobornos extraterritoriales salen a la luz y se penalizan. En cambio, Holanda se queda atrás. Quizás tengamos que esperar hasta que surja un gran caso y, con él, arranque la maquinaria, lo que hasta la fecha no ha ocurrido”.

Regular
La OESO, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que cada año elabora una lista en la que se evalúan decenas de países en su lucha contra la corrupción, concede a Holanda una calificación mediocre. En dicha lista, Holanda se sitúa a la altura de países como Corea del Sur, Bélgica e Italia. Según la OESO, habría que conceder al tema la importancia que merece y elevar las condenas.

El investigador Germen Smid, de la Universidad Erasmo, aún encuentra otro punto que se debe solucionar. A su juicio, la investigación de esta forma de criminalidad no debería recaer en la policía judicial del Estado, como es actualmente el caso. A tal respecto, se pregunta si la policía judicial estatal es la instancia más indicada para estas investigaciones. “Tal vez,” precisa, “se deba asignar este papel a la policía judicial financiera, que posee más experiencia en la investigación de flujo de dineros y asuntos similares.”

La sugerencia de Smid parece estar teniendo repercusión. El Ministerio Público declara que en las investigaciones sobre posibles sobornos en el extranjero, cada vez más frecuentemente se acude a la Oficina de Investigaciones de Fraude Fiscal de los Países Bajos.
 

Escuche la entrevista con Alfonso Insulza, abogado querellante: