El ministro holandés de Justicia, Ernst Hirsch Ballin, ha presentado un proyecto de ley que ampliaría las posibilidades de detectar y perseguir el genocidio.

 
La ley permitiría a Holanda enjuiciar con retroactividad a sospechosos de crímenes de guerra o genocidio, y colaborar más estrechamente con la justicia internacional. En su propuesta, el titular se refiere al enjuiciamiento de crímenes cometidos después de septiembre de 1966.
 
Actualmente, Holanda cuenta con instrumentos legales para juzgar a extranjeros sospechosos de crímenes internacionales, incluido el genocidio. Pero, la ley sólo puede aplicarse a delitos cometidos después del 1 de octubre del 2003. Para casos anteriores a esa fecha rige la ley holandesa de Aplicación de la Convención contra el Genocidio, cuya jurisdicción es limitada.
 
Ciudadanos holandeses
El juicio sólo es posible cuando el genocidio fue cometido por o contra ciudadanos holandeses. Esto quiere decir que en los casos de Ruanda (1994) o Srebrenica (1995) los fiscales holandeses no pueden abrir expedientes por genocidio, el delito más serio en el derecho internacional. En lugar de genocidio, los fiscales se ven forzados a presentar cargos por crímenes de guerra o tortura.
 
Ante esta situación, el ministro holandés quiere ampliar la Ley de Crímenes Internacionales hasta la fecha en que entró en vigor la Ley de Aplicación de la Convención contra el Genocidio, el 18 de septiembre de 1966.
 
En su presentación, el ministro Hirsch Ballin señala: “Es inaceptable que un extranjero que de otra manera sería culpable de genocidio no pueda ser juzgado, sólo porque Holanda carece de jurisdicción en fecha anterior al delito. Esta no es una buena señal para las víctimas y sus familiares”. El ministro agrega, no obstante, “que será cuidadoso en la aplicación del efecto retroactivo”.
 
Casos de refugiados
El proyecto de ley se ha presentado en un momento en que los fiscales holandeses y el equipo especial de investigadores de crímenes internacionales esperan más denuncias de casos antiguos, en su mayoría relacionados con refugiados sospechosos de crímenes internacionales, los llamados casos F-1. Algunos ejemplos son las masacres en Ruanda, las guerras en Afganistán entre 1978 y 1992 y especialmente el conflicto en la ex Yugoslavia.
 
Cooperación con los tribunales internacionales
La nueva ley regularía también la extradición de sospechosos a otros países o su entrega a tribunales internacionales. Dada la responsabilidad de Holanda, como sede de varios tribunales y cortes internacionales, al ministro Hirsh Ballin le parece deseable que se permitan todas las extradiciones a países y tribunales internacionales, tal como se definen en el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal internacional.
 
 
El titular holandés agrega una disposición que permitiría a las cortes holandesas hacerse cargo de casos que estén en manos de los tribunales internacionales. Bajo la actual legislación no es posible juzgar a sospechosos de los tribunales de la ONU para la ex Yugoslavia (ICTY) y Ruanda (ICTR), la Corte Penal Internacional (CPI), el Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL) o el Tribunal Especial para el Líbano (STL).
 
“La capacidad de los tribunales internacionales para juzgar a sospechosos de crímenes internacionales no es ilimitada,” reconoce el ministro. “Dado el mandato limitado y el carácter temporal de las cortes internacionales,” precisa seguidamente, “éstas deben ocuparse en primer lugar de los sospechosos de más alto nivel. Las personas sospechosas de delitos menores podrían ser transferidas a los tribunales holandeses”.