Después de la II Guerra Mundial, muchos alemanes, italianos y austríacos que vivían en Holanda debían solicitar una ‘declaración de Sujeto no-enemigo’. La organización encargada de concederla fueron blanco de mucha crítica.

Para poder seguir residiendo en el país, incluso aquellos que ya habían vivido durante décadas en Holanda y se habían integrado completamente a la sociedad holandesa, estaban obligados a solicitar dicha declaración, con la que se demostraba que no habían pertenecido al bando enemigo. Su destino dependía, entonces, del llamado ‘Nederlands Beheersinstituut’ (NBI), entidad que se encargaba de administrar los bienes de esas personas.

Además, los alemanes, italianos y austríacos residentes en Holanda tenían la obligación de poner la totalidad de sus propiedades temporalmente a disposición del NBI, encargada de administrarlas, y sólo las recuperaban quienes obtenían la certificación. El citado instituto administrador ya era controvertido en esa época. En 1953, el entonces ministro de Justicia, Leendert Antonie Donker, reconoció que la administración era inadecuada, y también el Tribunal de Cuentas condenó la gestión administrativa del instituto.

Saqueo y robo
Las tareas del NBI fueron establecidas desde Londres por la reina Wilhelmina y su Gobierno. Mucho patrimonio se había obtenido mediante saqueo, robo y expropiación. Basándose en la Ley sobre Patrimonio Enemigo, de 1944, propiedades tanto muebles como inmuebles de traidores pasaban a custodia del Estado.

Lenie Bolle, investigadora del Instituto Holandés de Documentación sobre la Guerra (NIOD, por sus siglas holandesas), adelanta estudios sobre el NBI y el trato que se dio a familias de seguidores del NSB, el movimiento nacionalsocialista holandés, que habían colaborado con los invasores alemanes. “Si bien el instituto administrador se consideraba como una entidad de carácter temporal, su misión era enorme, y llegó a tener bajo su responsabilidad a más de 150 mil casos de pesquisas, administración y liquidación,” explica la experta, “y administraba no sólo el patrimonio de traidores, sino también el de personas que nunca regresaron después de la guerra. La administración corría a cargo de 2000 ejecutivos, 20 mil gestores y una cantidad desconocida de administradores.”

Jugosos ingresos
Pese a ser controvertido, el instituto generaba jugosos ingresos, y el Gobierno holandés opinaba que tenía derecho a adquirir esos fondos para la reconstrucción nacional. Hein Klemann, catedrático de Historia económica, vinculado a la Universidad Erasmo de Róterdam, confirma que, a través del instituto, Holanda intentaba obtener miles de millones, aunque no se sabe con certeza cuánto dinero se generó en realidad. Lo que sí se estableció es que, desde el punto de vista económico, no fue necesariamente sensato recurrir a este método. “Antes de la guerra, las economías de Holanda y Alemania estaban íntimamente entrelazadas, y al verse obligados a ceder su patrimonio al NBI, tanto empresas como individuos se encontraron repentinamente en serias dificultades, entre ellos, los propietarios de barcos fluviales alemanes que navegaban bajo bandera holandesa,” señala el catedrático.

La familia italiana Mion
La documentación del NBI se encuentra en los sótanos de Archivo Nacional holandés, en La Haya. Hasta ahora, no se han investigado con frecuencia las actividades del instituto, lo cual no es extraño, ya que los documentos no se han digitalizado, y los investigadores deben estudiar una inmensa cantidad de expedientes. En el archivo se encuentran, entre otros, los datos de las familias Mion y Schneider. El expediente de la familia italiana es un caótico montón de documentos, cuentas y más cuentas. El de la familia alemana Schneider es algo menos caótico, pero su estudio requiere muchas pesquisas. Tras la publicación, por Radio Nederland y el diario holandés Trouw, de un artículo sobre ‘declaración de No-enemigo’, en mayo del 2011, las citadas familias buscaron contacto con nuestra emisora.

Expropiación
En la documentación consta que los miembros de la familia italiana Mion en Dordrecht y Tilburg, eran acusados de colaboracionismo. Al parecer, el propietario de la empresa de Dordrecht se había expresado en términos favorables sobre Alemania. Sin embargo, en el expediente se encuentra una carta en la que el alcalde de la ciudad sale en defensa de la familia. Sin éxito, por lo demás, ya que, tras la expropiación, la empresa fue vendida a un damnificado durante la guerra.

En el caso de la rama de Tilburg, la producción de pruebas se hizo rápidamente, y el instituto llegó a la conclusión de que esta familia era culpable de colaboracionismo. Por su parte, ya en 1948 la rama de Breda obtuvo la ‘declaración de Sujeto no-enemigo’ y recuperó sus propiedades. Esta familia aún reside y trabaja en dicha ciudad.

La familia Schneider
En 1947, se citó a la familia a presentarse en un campamento de Nimega. A cada integrante se le permitió llevar como máximo 25 florines (11 euros), y sus propiedades fueron expropiadas y vendidas. Por razones familiares, ya que Wilhelm Schneider estaba casado con una holandesa y tenía cuatro hijos, se le concedió al padre de familia un permiso de residencia. También esta familia sigue viviendo en la ciudad de Breda.