Recientemente la presidenta argentina Cristina Kirchner, enviaba al Congreso un proyecto de ley de medios que puede suponer la renovación de una legislación proveniente de la época de la dictadura.
Por Pepa Palma
Hoy en día, en el país sudamericano los servicios de radiodifusión siguen legislados de acuerdo a un decreto ley impuesto en 1980 por la dictadura militar. Se trata de una ley, como nos cuenta Nestor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de “inspirada en la doctrina de la seguridad nacional que considera la comunicación un tema de seguridad y un negocio simplemente”.
El nuevo texto legislativo limita los monopolios en el espacio audiovisual, y prevé una división de las frecuencias en tres tercios: un tercio para el ámbito privado, un tercio para el ámbito gubernamental, y otro tercio para las organizaciones civiles. En la actualidad, “cuatro grupos económicos controlan el 84 por ciento de la información que circula en el país”, señala Busso. Transformar este panorama y garantizar la efectiva diversidad de voces es, por tanto, uno de los principales objetivos de esta ley.
Este proyecto se ha venido debatiendo desde marzo, pero desde mucho antes, desde el año 2004, una Coalición por una Radiodifusión Democrática, formada por unas 100 instituciones ligadas a la comunicación y a los movimientos sociales en la Argentina, ha venido creando un consenso en torno a lo que consideran los 21 puntos fundamentales para una comunicación democrática, basados en la consideración de la comunicación como un derecho fundamental, no como un negocio o una mercancía.
Coalición por una Radiodifusión Democrática
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales que poseen radios comunitarias, universidades nacionales o radios universitarias conforman esta Coalición, que considera indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura vigente.
A 5 años de la presentación de estos 21 puntos por una comunicación democrática y a 89 de la primera transmisión en radio en Argentina, el 27 de agosto se ha convertido ya en una fecha simbólica para la radiodifusión y el Derecho a la Comunicación en el país sudamericano. Ese día, unas veinte mil personas se manifestaban a favor del nuevo texto legislativo y exigiendo una pronta discusión parlamentaria. Busso destaca como muy llamativo “que este proyecto de ley sea apoyado por todas las Universidades Nacionales”.
Apoyo de la ONU
También han llegado apoyos desde el exterior. El Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, Frank La Rue, ha considerado el proceso de debate de esta ley de comunicación audiovisual, como un modelo a seguir en el mundo, por el alto compromiso de la sociedad civil en la elaboración de la iniciativa, que señala como todo un logro en la defensa de la libertad de expresión.
Sin embargo, en el interior del país, los grandes medios apenas están cubriendo las movilizaciones, lo que hace temer a las organizaciones civiles “que las grandes corporaciones transmitan al mundo que el gobierno argentino está queriendo limitar la libertad de prensa o controlar los medios”, afirma Busso.
Esta misma semana comienza el debate parlamentario de esta Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, que desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática se espera que se apruebe, si bien aún se considera un reto que “el Estado tenga la decisión para hacer cumplir la ley”, señala Busso, porque “aquí está en juego, por un lado la democracia, y por otro las corporaciones económicas. Esta es la gran disputa, el debate político o el manejo desde el poder económico de los medios”.
Hablamos con Nestor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, integrante de Aler y miembro de la Coalición por una Radiodifusión democrática.




























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