El lunes de esta semana el jurista español Carlos Castresana Fernández (57) anuncio su renuncia a la jefatura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Juan Gaudenzi
 

El lunes de esta semana el jurista español Carlos Castresana Fernández (57) anunció su renuncia como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Nombrado en setiembre del 2007 con rango de subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas para hacerse cargo de la CICIG, solicitada por el Estado guatemalteco, Castresana presentó su renuncia ante el secretario general del máximo organismo multilateral, Ban Ki-Moon, “y ésta fue aceptada”, informó.

Fuentes cercanas a la CICG dijeron a RN que, en realidad, fue de la oficina de Ban Ki-Moon de donde partió la “sugerencia” a Castresana de que diese un paso al costado.
El motivo; al frente de un organismo dedicado a enfrentar a los delincuentes mas poderosos de este país, enquistados en todos los niveles del Estado – especialmente en las estructuras de Defensa y Seguridad - y del sector privado, se necesita alguien que no les de un sólo milímetro de ventaja. Y en las últimas semanas Castresana se había convertido en objetivo de una campaña de versiones y rumores sobre cierta “irregularidad” en su vida privada.

Tras declarar que se trataba de señalamientos “totalmente falsos”, él mismo dio su versión de los hechos: “cuando el crimen organizado se siente atacado despliega una estrategia de contraataque que incluye el descrédito de las figuras más visibles”.
“Desde enero de este año, tras la captura del ex presidente Alfonso Portillo – quien aguarda en prisión un proceso por peculado y, posteriormente, su deportación, ya otorgada por la Justicia guatemalteca, a Estados Unidos donde un juez de Nueva York lo requiere por lavado de dinero – recrudecieron los ataques mediáticos en mi contra y las amenazas contra personal de la CICIG”.
“Se contrató un equipo de profesionales para filtrar información falsa a los medios de comunicación”, aseguró.

Castresana aprovechó la que probablemente haya sido su última conferencia de prensa en Guatemala – permanecerá al frente de la CICIG hasta que llegue su relevo – para decir algunas cosas que, en otras circunstancias, tal vez hubiese callado:

-“ El acuerdo que dio vida a la CICIG es bilateral, entre la ONU y el Estado de Guatemala. Este último no ha cumplido su parte para combatir la impunidad en el país”.
-“Es notoria la infiltración del crimen organizado en las instituciones del país, especialmente en la Policía Nacional Civil”.
-“La Corte de Constitucionalidad debe revisar todo el proceso de selección del nuevo Fiscal General, Conrado Reyes. Él no es el fiscal que Guatemala merece. Tiene vínculos con organizaciones ilícitas. Su elección fue pactada con despachos de abogados que se dedican a defender a narcotraficantes”.
-“El equipo que llegó con Reyes está vinculado a Carlos Quintanilla, ex jefe de la Secretaria de Análisis Estratégico, actualmente procesado por espionaje telefónico al presidente de la República”.
Reyes negó las acusaciones, calificándolas de “calumnias” y dijo que, en lugar de combatir la impunidad, Castresana usufructua su inmunidad”.
Nada indica que esté dispuesto a renunciar, como lo exigió Castresana.

 

Contra el gobierno de Estados Unidos

Lo más impresionante del caso es que los interesados en deshacerse de Castresana no sólo lograron su propósito, sino que también parecen dispuestos a confrontar… al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

En otros tiempos la sola ausencia del embajador estadounidense en la toma de posesión de un alto funcionario quería decir que Washington le “había bajado el pulgar” y el gobierno de turno se preocupaba por enmendar rápidamente “el error”.

Esta vez fueron dos los desaires sucesivos del embajador Stephen McFarland al recién nombrado Fiscal General, Conrado Reyes: no asistió a su toma de posesión ni a la reunión convocada por este con los embajadores de los países cooperantes con Guatemala.
Y si quedaba alguna duda sobre la oposición de la embajada de EE.UU. a la designación de Reyes, un artículo firmado este lunes por José Rubén Zamora, propietario del diario local “El Periódico” y estrecho amigo de esa representación diplomática, se encargo de disiparla.

 

Zamora recordó los antecedentes y prontuarios criminales de los encargados de la seguridad de Reyes en la mencionada reunión. “Dos de los hombres de confianza de Carlos Quintanilla”. El presunto jefe – aunque el ha negado cualquier vinculo oficial – el capitán Juan Roberto Garrido, fue quien recomendó a un tal Douglas Meneses para que se hiciera cargo de la seguridad aeroportuaria, durante la gestión del presidente Berger. Meneses terminó procesado por su participación en el robo más grande de la historia de Guatemala – U$S 9 millones – cuando ocupaba ese puesto. Garrido perdió su cargo oficial por recomendación de la embajada de Estados Unidos, que incluso le retiro la visa.

El artículo periodístico también informó que uno de los primeros trabajos de Garrido y su gente en la Fiscalía General fue el seguimiento e intercepción de llamadas telefónicas de varios fiscales, entre ellos la licenciada Gloria Porras. Fue así como se enteraron de una reunión de esta con personal de la embajada estadounidense y del gobierno de Álvaro Colom. Fue inmediatamente despedida.