Organizaciones de derechos humanos denuncian un pacto entre el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, miembros del crimen organizado y de la comisión postuladora para elegir un fiscal que esté a su servicio.

"En Guatemala grupos que están en la ilegalidad y grupos del crimen organizado tienen mucha influencia en instituciones que deberían ser completamente autónomas," afirma Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM.
 
Escuche la entrevista con Mario Polanco:

 
Según Polanco, la comisión de postulación para la elección del nuevo Fiscal General de la República votó a favor de una nómina de seis integrantes de candidatos a fiscal, de los cuales al menos cinco podrían tener vínculos con grupos que están fuera de la ley. Estos grupos gozarían, además, del respaldo de la Presidencia de la República.
 
La acusación contra la comisión postuladora, órgano conformado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, decanos de las facultades de Derecho, el presidente del colegio de abogados, etc, es fuerte y, a juicio de Polanco, habría pruebas suficientes para ello.
 
Según señalamiento realizado por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, el Gobierno de Guatemala, junto a estas estructuras que están al margen de la ley, pactó con los integrantes de la comisión de postulación para que voten, según Mario Polanco, por los personajes menos idóneos para dirigir el Ministerio público. "Nosotros estamos sumamente preocupados, porque cualquiera de estos seis que sea elegido estará al servicio de las redes que están funcionando alrededor de la Presidencia de la República, de Álvaro Colom y de grupos que están al margen de la ley".
 
En otras palabras, las organizaciones aglutinadas en la Convergencia por los Derechos Humanos acusan directamente al Gobierno de estar en estrecho contacto con el crimen organizado. De acuerdo a las declaraciones hechas por Polanco a Radio Nederland, eso ya se ha demostrado. A ello, añade que "...el secretario general del partido de Gobierno, Cesar Fajardo, está en contacto con estos grupos que están al margen de la ley."
 
Las acusaciones son graves y, debido a eso, en la actualidad, organizaciones sociales de Guatemala están analizando qué mecanismo implementar para acudir a la Corte de Constitucionalidad y hacer posible el rechazo o la anulación de la nómina de los seis candidatos, todos ellos profesionales del Derecho, pero con tacha.