El 6 de noviembre, el pueblo guatemalteco elige un nuevo presidente. La lucha se plantea entre el ex militar conservador Otto Pérez Molina, y el populista de derecha, el abogado Manuel Baldizón. Ambos candidatos prometen combatir con mano dura la inseguridad y la violencia. ¿Qué significa el resultado para los derechos humanos en el país?

Guatemala es uno de los países más peligrosos de América Latina. Según estadísticas de la Policía Nacional, en el año 2009, 451 personas perdieron la vida a consecuencia de la violencia. La seguridad es también el tema más importante en la actual campaña presidencial.

Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón son, a primera vista, dos polos opuestos. Mientras el ex general lleva a cabo su campaña con prudencia y calma, su rival lo hace al estilo populista: cantando, gritando y con mucha emoción. Pero el núcleo de sus campañas desemboca en lo mismo: ambos candidatos deben poner fin a la violencia con mano dura.

Problemas para la resistencia social
A pesar de que la política contra la violencia es, en sí, una promesa positiva, los resultados de los comicios todavía preocupan a una cantidad de grupos de la sociedad. Elisabeth Rasch, antropóloga cultural que obtuvo su título con un trabajo sobre la política interna en Guatemala, teme que el clima, ya tenebroso, en el país todavía se agravará más bajo el gobierno de cualquiera de los dos candidatos. “No solo la ‘narcoviolencia’ será combatida con medidas fuertes sino también los movimientos sociales podrán tener problemas. Ya se ve cómo en los últimos años las autoridades han venido criminalizando cualquier forma inocente de resistencia social. Activistas que, por ejemplo, son detenidos por haber ocupado un camino, son tratados como terroristas.”

El activismo social en Guatemala se relaciona especialmente con la minería. “Gran parte de los activistas protestan contra la explotación de los grupos mayas que trabajan en ese sector. La minería está en gran parte en manos de empresas canadienses. Dentro de esos movimientos de protesta existe el temor de que el nuevo gobierno comience a ganar dinero a través de la concesión de licencias para empresas internacionales,” explica Rasch. “No sé si esto llegará a ocurrir, pero considerando el enfoque neoliberal de ambos candidatos, creo que la criminalización de esos activistas solamente aumentará.”

Justicia
El país arrastra un pasado sangriento. Durante los 36 años que duró la guerra (1960 y 1996), entre el gobierno y la guerrilla, más de 200.000 personas perdieron la vida. La mayoría de las víctimas se produjo bajo el gobierno del general Efraín Ríos Montt (1980-1983). El militar hizo asesinar a los habitantes de cientos de pueblos de mayas debido a la sospecha de que simpatizaban con el movimiento guerrillero comunista.

Recién el verano pasado se dio un importante paso adelante en la búsqueda de la justicia, por primera vez desde el fin del conflicto: cuatro militares que en 1982 perpetraron una masacre en la localidad de Dos Erres, fueron condenados a cadena perpetua.

Proceso contra criminales de guerra
Un “reformista,” un “candidato por la paz”; así se presenta el ex general Otto Pérez Molina a sí mismo. Pero según un informe de tres activistas pro derechos humanos presentado a las Naciones Unidas el pasado mes de julio, el candidato presidencial estuvo personalmente involucrado en la masacre contra comunidades indígenas en la región de Ixil. Igualmente sería responsable por el encarcelamiento y tortura del revolucionario Efraín Bamaca Velásquez.

La guerra civil, para Pérez Molina, parece ser un asunto cerrado. “El ejército ha cumplido con todas las condiciones del acuerdo de paz. Yo creo que también el pueblo guatemalteco en el futuro valorará mejor a las fuerzas armadas", manifestó el general en una entrevista con Radio Nederland.

“Yo estoy expectante por lo que pase,” dice la antropóloga Rasch. “A pesar que, formalmente, Pérez Molina no puede decidir si dichos procesos continuarán o no, puede mantener un control sobre los procedimientos. El chantaje y las amenazas contra fiscales o jueces son un fenómeno frecuente en Guatemala. Depende del presidente el crear un clima para que ese tipo de cosas no sea tolerado. No es muy probable que él lo vaya a hacer, teniendo en cuenta el papel que él mismo ha desempeñado en el conflicto.”

Preocupación por el futuro
¿Quiere decir que la alternativa mejor es la del populista Baldizón? ‘Para un gobierno sin corrupción, vota Baldizón,’ canta el candidato presidencial a todo pulmón en un video de su campaña. Pero hasta ahora no ha dicho una palabra sobre derechos humanos. Rasch duda que los procesos contra los criminales de guerra, bajo un gobierno de Baldizón, se puedan continuar de una manera segura. “A pesar que Baldizón no está directamente relacionado con la guerra civil, él considera que los procesos no tienen prioridad,” opina Rasch. Mario Minera, de la organización pro derechos humanos guatemalteca “Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos,” (CALDH), ve el futuro con preocupación:

“Estamos realmente preocupados por lo que ocurrirá en el futuro. Se trata de elegir el menos malo de los dos candidatos. El gobierno actual muestra, al menos, algo de respeto por el sistema jurídico. Esperemos que el candidato triunfante continúe en esa línea. Es su obligación ante el pueblo guatemalteco.”

Según Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, las propuestas “populistas” dominan el último tramo de las elecciones presidenciales de Guatemala. El defensor de los derechos humanos analiza las ofertas en esta materia de los candidatos Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón.