Vuelve a hacerse evidente la falta de protección de los campesinos e indígenas guatemaltecos. El gobierno no ha cumplido las medidas cautelares dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de desalojo de más de 800 familias en el Valle de Polochic.

Por Mara Landa

Desde el mes de marzo, diversas marchas y movilizaciones tienen lugar en Guatemala para exigir sus derechos en relación a la tierra. En 2011, 800 familias de 14 comunidades mayas en el Valle de Polochic fueron desalojadas y desplazadas de sus tierras. Su caso sigue pendiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica; sin embargo, las medidas cautelares dictaminadas por la corte, consistentes en otorgar vivienda y alojamiento, no han sido cumplidas por parte del gobierno guatemalteco: “ellos con seis entregas de alimentos, que han sido bolsas que no llenan las expectativas de las familias, piensan cerrar la entrega de los alimentos”, explica Rafael González, responsable político del Comité de Unidad Campesina.

“Creemos que tendríamos que retomar las recomendaciones que dejó la Corte Interamericana en relación con la problemática de las comunidades que, como no tienen tierras para producir, están viviendo con familiares o pagando terrenos”.

Por el momento y gracias a las distintas acciones del Comité se ha logrado que doscientas de estas familias recibieran atención por medio del programa Atención a Crisis y “en este año – expone González - hay un compromiso del ejecutivo de dotar de tierras a 300 familias pero digamos eso es un logro todavía no logrado”.

“Ley de Desarrollo Rural integral”
El caso de Polochic vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una ley de garantías para los pequeños campesinos y comunidades indígenas ante la incursión de grandes empresas. Desplazamientos en los que la población más afectada son mujeres y niños.

Desde el Comité de Unidad Campesina prepararon un proyecto de ley en 2007 que se ha presentado varias veces en el Congreso de Guatemala, pero no ha conseguido su aprobación. “El coordinador general y la subcoordinadora están en una gira exponiendo el caso en el Parlamento Europeo, porque el caso de Guatemala es bastante preocupante por la extensión del monocultivo, las empresas mineras, las hidroeléctricas y toda una serie de empresas que están saqueando nuestro país de todos sus recursos naturales”, concluye González.

Escuche la entrevista a Rafael González, del Comité de Unidad Campesina