A las 23:45 del 12 de agosto del 2005, Claudina Isabel, estudiante de la Universidad Nacional de San Carlos, de 19 años, dijo por teléfono a su madre “ya voy para casa”. Fue la última vez que un familiar la escuchó.

 
El cadáver de la estudiante, con la cabeza perforada por un disparo de 9 mm. y golpes en el cuerpo, apareció en la mañana del día siguiente en una calle de un barrio de la periferia.
 
¿Quién la asesino? ¿Con qué arma? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿En el lugar donde fue encontrado el cuerpo o en otra parte?
 
Transcurridos casi cinco años, aún no existen respuestas ni hipótesis oficiales, ni testigos y mucho menos sospechosos, para ninguno de interrogantes que el homicidio de una mujer plantea.
 

Del extenso y pormenorizado relato de Jorge Velásquez Paiz, se desprende que son tantos y tan aberrantes los errores y vacíos jurídicos del caso de su hija, como las pistas que dejo o dejaron el o los asesinos, cómplices y encubridores, sin que la Policía Nacional Civil, el Ministerio Publico ni la Fiscalía General se hayan preocupado por seguirlas.
 
Como todos los días a las 8:30, Claudina Isabel salió rumbo a la Universidad. Por la tarde se comunico tres veces con sus padres. A las 21:45 le informo a su madre que había ido a una fiesta en casa de una amiga. En la mañana siguiente, a eso de las 2, una mujer –“probablemente alcoholizada”, según Jorge – llego a la casa de la familia, acompañada por un joven a bordo de un vehículo. En su interior permanecieron, por lo menos, dos personas más.
 
La mujer argumentó que buscaba a su hijo porque sabía que estaba en compañía de Claudina Isabel, y aseguró haberse comunicado telefónicamente con ésta a la 01.30 de la madrugada. La conversación se habría interrumpido después que la joven gritara “!No, no, no!”. En el lugar de la fiesta le dijeron a Jorge haber visto a Claudina Isabel en compañía de personas “nada que ver” (pertenecientes a otro grupo o clase social), a las que, probablemente, podrían haber reconocido posteriormente. La policía se negó a recibir la denuncia de desaparición hasta transcurridas 24 horas.
 
Durante ese período se desarrolló una búsqueda desesperada y se produjeron algunas llamadas de celulares sumamente extrañas, que nunca fueron rastreadas. El ex novio de Claudina Isabel, con quien, señaló Jorge, “no había llegado a una ruptura definitiva pese a tratarse de una relación difícil, con agresiones verbales y físicas,” le recomendó a primeras horas de la mañana, con toda frialdad, “mejor búsquenla en la morgue”.
 
¿A qué hora se produjo el homicidio? En su informe oficial, el médico forense aseguró que pudo hacerse producido entre las 7 y las 11 a.m. “después de efectuada la necropsia”. Seguidamente, se limitó a aclarar que se trataba de un error.
 
Con un mínimo de responsabilidad profesional y voluntad política, hasta el más torpe de los investigadores, mediante las declaraciones de todos los que esa noche fatídica formaron parte del entorno; careos y, de ser posible, pruebas de polígrafo (no obligatorias), hace tiempo que hubiese logrado esclarecer el hecho.
 
Sin embargo, el padre de Claudina Isabel, quien entre muchas muestras de solidaridad nacional e internacional cuenta con el acompañamiento de la Embajada de Holanda, país del que ha recibido mas de 20 mil cartas de apoyo, ha recurrido a todas las instancias, la Presidencia de la Republica incluida, no ha obtenido ningún resultado.
 
Esto es mucho peor que la inexistencia de la Justicia en Guatemala. Es su activa participación como encubridora de más de un 90 por ciento de los homicidios cometidos en este país, que permanecen impunes, especialmente del asesinato de 3.774 mujeres entre el 2000 y el 2008, según cifras de la Fundación Sobrevivientes, que dirige la luchadora social Norma Cruz.
 
La impunidad fomenta el crimen
Entre el 2002 y el 2005, el número de asesinatos de mujeres aumentó en más de un 63 por ciento. En el 2006 más de 600 murieron violentamente. En el 2007, el promedio diario de mujeres asesinadas fue de 2. Desde el 2008, esta cantidad viene creciendo de manera alarmante, afirma la Procuraduría de Derechos Humanos.
 
Una agente de la División de Delitos contra la Vida le explicó al padre de Claudina Isabel que no pusieron mayor atención a la escena del crimen porque “el cuerpo apareció en una zona conocida por la prostitución, tenía una gargantilla en el cuello, un arete en el ombligo y calzaba sandalias”. Con ello se confirmó la existencia de un fenómeno aterrador: el feminicidio.
 
Un arete en el ombligo y el uso de sandalias puede ser, para los agentes públicos, indicio de prostitución o pertenencia a una “mara”, hechos que, por lo tanto, no ameritan el accionar pronto, eficiente y eficaz de la justicia.
 
En criminología, el ‘femicidio’ es el asesinato de mujeres cometido por hombres, en un contexto de estructuras patriarcales y misóginas. El ‘feminicidio’, en cambio, “es un termino político,” como señala la antropóloga estadounidense Victoria Sanford en su reciente libro ‘Guatemala: del genocidio al feminicidio’.
 
Conceptualmente, el segundo abarca más que el femicidio porque no solamente culpa a los perpetradores masculinos sino también al Estado y las estructuras judiciales que normalizan la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia forman parte del feminicidio.
 
El concepto de feminicidio rescata de la esfera privada la violencia basada en la desigualdad de genero sexual y revela el carácter social del asesinato de mujeres.
 
En Guatemala, el feminicidio es un crimen que existe por la ausencia de garantías para proteger los derechos de las mujeres.
 
Sanford recurre a la comparación con Canadá, donde en Notario, en un periodo de 20 años también fueron hombres quienes perpetraron el 98 por ciento de los asesinatos de 1.206 mujeres. Pero, el Estado canadiense resolvió el 93 por ciento de esos crímenes.
 
Ya sea porque se presume que ejerce la prostitución, porque pertenece a una “mara”, porque usa adornos o atuendos que no corresponden a los parámetros de la tradicional cultura conservadora, porque ejerce su derecho a estudiar y/o trabajar a la par de los hombres, a salir y divertirse en lugar de permanecer en su casa dedicada a las labores “propias de su sexo”, a disfrutar de la sociabilidad mas allá del seno familiar y de su afectividad y actividad sexual según su libre albedrío, tanto en Guatemala como en otros países de la región (México, por ejemplo) se considera más comprensible o común que una mujer sea maltratada, golpeada, ultrajada, violada o asesinada, y que el Estado se exima de su responsabilidad de garantizar la seguridad de las ciudadanas y de administrar justicia por igual.
 
¿Lograr que algún día se haga justicia es su principal motivación vital?”, le preguntamos a Jorge Velásquez Paiz.
 
“Para mí, ya no,” respondió, “es una perdida irreparable que, ni siquiera, la pena de muerte para el asesino, con la cual estoy de acuerdo, podría compensar. Pero, si continúo luchando cada día de mi vida en procura de justicia, es porque pienso que los guatemaltecos no nos podemos declarar derrotados por la impunidad. Tenemos que sumar fuerzas para que ninguno de los asesinatos selectivos o masivos, cometidos en el pasado, o individuales como el de Claudina, se olvide, sea borrado de la memoria colectiva, sobre todo de los jóvenes. Y a partir de allí, exigir el esclarecimiento y el castigo que, según la ley, corresponda. No podemos permitir que el genocidio del pasado se perpetúe en el feminicidio de la actualidad”.