Guatemala deposita su firma en el Estatuto de Roma, y asume con ello un compromiso “histórico” con el respeto de los derechos humanos.

“Es algo muy emblemático. Todos los que creemos en los derechos humanos estamos celebrando este día,” explica Marlies Stappers, directora de Impunity Watch, organización no gubernamental que monitorea la situación de los derechos humanos en América Latina y el mundo.

Stappers destaca que Guatemala ha pasado a ser el 121 Estado que forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que rige la Corte Penal Internacional (CPI).  “Con la ratificación, el país muestra un compromiso firme de que los crímenes que se cometieron en el pasado, nunca volverán a suceder. Esperemos que se exprese también una firme determinación de acabar con la impunidad”.

De acuerdo al informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, publicado bajo la égida de Naciones Unidas, entre 1960 y 1996 se produjeron 669 matanzas en Guatemala, con más de 200 mil muertos y más de 45 mil desparecidos. Anualmente se cometieron 6 mil asesinatos, 98 por ciento de los cuales quedó impune. La mayoría de las víctimas pertenecía a la etnia indígena maya.

La CPI hizo pública su bienvenida a la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma. El Presidente de la CPI, magistrado Sang-Hyun Song, se declaró “encantado de que Guatemala se una a la CPI. Su intención expresada se ha materializado de manera completa”.

Por su parte, la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, la Embajadora Tiina Intelmann, comentó que “la adhesión de Guatemala constituye un testimonio a la voluntad y férrea determinación de su pueblo y de sus líderes de fortalecer el Estado de derecho y de contribuir al esfuerzo internacional para poner fin a la impunidad por crímenes execrables.”

“Efectivamente”, comenta Stappers, “en el último año hemos visto avances históricos en intentos de enjuiciar a los responsables de estos crímenes atroces. La firma en el Estatuto de Roma subraya esta determinación. El caso de Efraín Ríos Montt es determinante, además de las otras sentencias de juicios que hemos conocido en las últimas semanas”.

“Pero también hemos visto en los últimos meses que el presidente Otto Pérez Molina sostiene que en Guatemala no hubo genocidio. Pensamos que es un asunto que los tribunales de justicia deben determinar, no es una responsabilidad del Presidente,” puntualiza Stappers.

Sólo dos países de América Central, Salvador y Nicaragua, aún no han ratificado el Estatuto de Roma,  destacó el presidente de la CPI, Sang Hyun Song.  La CPI, instancia que entró en funciones en el 2003, es el primer tribunal internacional permanente encargado de juzgar a sospechosos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

El estatuto entrará en vigor para Guatemala el 1 de julio del 2012.