El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg sigue sin resolverse. El crimen ha despertado un movimiento masivo que exige el fin de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, un mes más tarde, las investigaciones no avanzan.

Fernando Cabrera

¡Ni rastros! Los asesinos siguen libres y las pistas parece haberlas borrado el viento.
Exactamente un mes después del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, las autoridades no han logrado dar con el paradero de los autores del crimen perpetrado el 10 de mayo en un elegante barrio de Ciudad de Guatemala. De allí que varias organizaciones sociales y de derechos humanos han demandado que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encargados de las investigaciones, presenten a la brevedad resultados concretos del caso.

Tres días antes de su asesinato, el abogado Rosenberg dejó grabado un video en el que denunciaba como responsable de su muerte a una red del crimen organizado, del que formaría parte el presidente Álvaro Colom, su esposa, Sandra Torres; el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos; un par de empresarios y dos banqueros. El video fue visto en todo el mundo a través de YouTube y de los medios tradicionales. La comunidad internacional recibía una prueba más de los horrendos crímenes que se cometen en esta nación centroamericana y que, como se vio hasta ahora, quedan en absoluta impunidad.

La denuncia en video hecha por Rodrigo Rosenberg logró que miles de personas salieran a las calles para exigir al Gobierno del presidente Colom el fin de la corrupción y de la impunidad, además de la renuncia del gobernante y su secretario. La respuesta, en defensa propia, no se hizo esperar y el gobernante promovió una concentración de apoyo, que reunió a otros miles de personas. Guatemala quedaba polarizada. ''Éste es un complot de los sectores conservadores que quieren comprometer y desprestigiar al mandatario", se quejó el oficialismo. Mientras que, desde el otro lado, la oposición señalaba con el dedo la corrupción y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato del abogado.

Según informa el matutino guatemalteco Prensa Libre, recientemente, "un supuesto testigo ... señaló al Partido Patriota de estar detrás del asesinato de Rosenberg, pero como evidencia solo mostró un mensaje de texto en su celular."

Pero Guatemala no sería Guatemala si esas acusaciones mutuas entre oficialistas y opositores faltaran.
En declaraciones a Radio Nederland, Mario Minera, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, (CALDH), afirma que no se puede dar, sin más, por válida la denuncia planteada en el video sólo por la forma en que ésta fue hecha. "En el caso del Presidente de la República, lo que el fiscal hizo fue ver, en primera instancia, si existe la situación jurídica para llevar a un juicio al mandatario". Es, pues, posible que el fiscal que lleva el caso también esté investigando la misma posibilidad con los otros presuntos involucrados en el asesinato de Rosenberg. Entretanto los guatemaltecos siguen a la espera.

El martes pasado, el presidente de la Cámara del Agro de Guatemala exigió la renuncia del fiscal general, Amílcar Velásquez, y le acusó de no cumplir sus funciones de forma idónea. Según esta influyente organización, el fiscal no ha citado a declarar a quienes el abogado acusó de ordenar su muerte, entre ellos al presidente Álvaro Colom. "Solicitamos la renuncia del Fiscal General por su ineptitud, por no llamar a declarar a todos y cada uno de los sindicados, sean funcionarios o no", afirmó en conferencia de prensa Carlos Zúñiga, presidente de la institución.

Por su parte, el analista Héctor Rosada afirmó a través de la prensa local que la situación generada por el crimen es la más compleja que se ha registrado en la historia del país y que "...sería lamentable que un caso como éste se quede en la impunidad, porque nos equivocamos de camino".
Un mes después del asesinato, algunos grupos de la sociedad civil guatemalteca han convocado una manifestación para el próximo domingo contra la impunidad y piden que se aclare lo más pronto posible este crimen que, como aseguran varios analistas, desencadenó la peor crisis en la historia reciente del país.

* El entrevistado, Mario Minera, es director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

(Foto: Manifestantes exigen la renuncia del presidente Álvaro Colom. Foto: Surizar, Flickr)