La narcoactividad, la corrupción y la violencia han conducido a Guatemala al borde de transformarse en un Estado fallido. ¿Por qué creer ahora que un general salvará el país del abismo?

El general Otto Pérez Molina se posesiona como presidente de Guatemala. Lo hace con una serie de promesas que han generado esperanzas en un país azotado por una violencia endémica, donde el narcotráfico se abraza con la corrupción, donde la pobreza se ha enquistado en la sociedad y en donde la democracia ha vivido un debilitamiento sistemático, a pesar de los intentos por establecer un principio de autoridad basado en la ley, piedra angular de cualquier Estado de derecho.

Polarizada por sus desigualdades y los dolores de una guerra que no termina de sanar, la sociedad guatemalteca ve con alivio y recelo la llegada de un general al poder, en un momento decisivo para el futuro democrático del país centroamericano.

Recelo
De recelo porque Pérez Molina pertenece a un ala castrense acusada por los abusos perpetrados durante la guerra de guerrillas de 36 años (1960-1996), delitos en materia de derechos humanos que le son señalados, pero cuya investigación no se concreta por tráfico de influencias, amenazas y corazas de impunidad tan gruesas como la corteza de un castaño.

Hay un sector considerable de la sociedad guatemalteca que vive en el temor de regresar al pasado. El puño fuerte de la mano de un militar les golpea la memoria de la noche oscura de la dictadura.

¿Es posible olvidar que el Ejército fue responsable de 9 de cada 10 masacres contra civiles en el contexto del enfrentamiento armado interno? ¿Que más de 250.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas?
Las heridas siguen latiendo y la presencia de un general en la silla presidencial solamente alimenta el temor de un retroceso en los frágiles avances hechos en el Estado de derecho, el fortalecimiento de la justicia y la democracia.

Esperanza
El otro sector ve la esperanza. “Paradójicamente gana la democracia de Guatemala. Gana “paradójicamente” por tratarse de un militar”. La cita es de Héctor Rosada, figura central de los acuerdos de paz con la guerrilla, y asesor en temas de seguridad y militares.

Rosada argumenta su posición: “Casi siempre la historia de Guatemala distingue entre democracia y dictadura, colocando a los civiles de un lado y los militares del otro. Es una apreciación equivocada, porque hemos tenido dictaduras civiles, y creo que vamos a tener el caso de un militar que se hace con la presidencia de la república con muchas posibilidades de encaminar el país en las reglas y derroteros de la democracia”.

No sería la primera vez que sucede. El primer caso fue con el presidente Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954); el segundo caso fue un ministro de la defensa, el general Héctor Alejandro Gramajo Morales, y, ahora, Otto Pérez Molina se plantea como la posibilidad de un tercer militar que podría colaborar a que Guatemala madure hacia la democracia.

“Tengo un criterio formado de que en tanto principio de autoridad, su propia profesión militar y su carácter y personalidad lo colocan como un buen candidato a recuperar y enfrentar el reto de reconstruir el principio de autoridad en Guatemala”, dice Rosada, agregando:

“Se requiere un principio de autoridad. Que se respete ese principio y que tenga como base la vigencia de un Estado de derecho. Pensar en una persona autoritaria es evocar las dictaduras históricas que hemos tenido. Una cosa es pensar en un dictador y otra es pensar en un principio de autoridad basado en la ley”, señala Rosada.

Complejo panorama
Ese principio basado en la ley tendrá que encarar un panorama muy complejo: la naturaleza de la causa que ha generado la desbordada violencia en Guatemala. Una violencia acumulada de los años de la dictadura y de la guerra, la herencia de una guerra mal resuelta. “Se lo dice un hombre que negoció con la guerrilla. Se fueron dejando condiciones sociales, culturales, políticas que obligaron a no resolver las causas que generaron la guerra”, explica Rosada.

Analistas, ONG´s y prensa independiente coinciden que la bomba de tiempo que va a enfrentar el nuevo gobierno y el general Pérez Molina está especificada en una sola condición: narcoactividad.

Rosada: “Hago la diferencia entre narcotráfico y narcoactividad, porque la segunda es un proceso más amplio y tiene el inconveniente perverso de que cuando hablamos de narcotráfico, pensamos en narcotraficantes, pero no pensamos en quiénes son los que venden los elementos químicos para la droga, los campesinos empobrecidos que tienen que trabajar cultivándola, quiénes son los que trabajan en el trasiego y quiénes son los que participan en el lavado de activos, muchas veces ciudadanos muy honorables, metidos en una cadena que está arruinando a nuestros países”.

“Lo cierto es que estamos en la antesala de un momento fundacional en la historia de Guatemala. Es paradójico que alguien que ha sido denostado y acusado por su naturaleza de militar, vaya a ser ahora el eje de un posible proceso de reconstrucción social, política y económica del país. Hay esperanza en eso”, concluye Rosada.