Debido a la creciente desconfianza en la policía y el sistema de justicia, los linchamientos se han convertido en algo común en Guatemala, especialmente en poblados indígenas.
Indígenas de un poblado al oeste de la capital de Guatemala, lincharon y quemaron a tres hermanos a quienes acusaban de pertenecer a una banda de asaltantes. El incidente se inició la noche del martes cuando pobladores de la comunidad Semejá II, en el municipio turístico de Chichicastenango, Quiché, capturaron al supuesto líder de una banda de asaltantes. Éste fue obligado a delatar a sus dos hermanos, que, el miércoles, pretendían realizar un asalto en la carretera Interamericana.
Escuche la entrevista con Tomás Kalel Macario*:
Los lugareños se dirigieron al lugar y lograron capturarlos, tras lo cual los tres hermanos fueron quemados en presencia de los comunitarios.
Una vez más la historia parece repetirse. Este último incidente no difiere, en esencia, de los otros linchamientos perpetrados en meses pasados en otras regiones de este país centroamericano. Ante la desconfianza en la policía y el sistema de justicia, los linchamientos se han vuelto comunes en Guatemala después de la firma de la paz, en 1996, especialmente en poblados indígenas.
En vista de que, en las zonas rurales, la población es predominantemente autóctona, se tiende a explicar los linchamientos como una aplicación de la justicia maya. Según Eduardo Zacayón, del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos (Usac), el derecho consuetudinario Maya, basado en la tradición oral, permite que los miembros de las comunidades castiguen los delitos cometidos en ellas, pero no contempla la pena de muerte.
Zocayón añade que los castigos deben servir para escarmentar al malhechor y exponerlo frente a la comunidad con el fin de que todos conozcan su crimen, para, después de humillado, obligarlo a dejar la comunidad.
En una conversación con Radio Nederland, Tomás Kalel Macario, primer concejal del municipio de Quiché, comentó que los linchamientos que se suscitaron en la región como una reacción al aumento de la inseguridad ciudadana tienen ya una historia de casi 15 años. Además, corrobora, al igual que otros, que la razón primordial para estos trágicos desenlaces es la persistente ausencia policial en la zona. Kalel Macario afirma que la gente ya está cansada de que no se aplique la ley y por eso se suceden estos hechos. Según él, las organizaciones de derechos humanos protegen a los delincuentes, lo cual ha decepcionado a las comunidades.
El año pasado, un centenar de personas murió en Guatemala a manos de turbas enardecidas que tomaron la justicia en mano propia.
* Tomás Kalel Macario es primer concejal del municipio de Quiché, Guatemala
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Lamentable el enfoque de este periodista. Muy superficial al momento presentar los hechos.
Conviene que lea algo de la historia reciente de Guatemala, para conocer como la guerra interna de más de 3 décadas fracturó la institucionalidad del país. Fue el mismo ejército guatemalteco el que fomentó las acciones violentas en el área rural al instituir a las patrullas de autodefensa civil (campesinos armados y organizados por militares) para el control del territorio y la población de las áreas en conflicto. El legado de esto fue que el tejido social y las instituciones tanto comunales como las estatales encargadas de resolver conflictos y desaveniencias quedaron reducidas a nada. Se enseñó que mediante el terror y las acciones de hecho se resolvía cualquier conflicto.
Todo ello con la complicidad y aquiescencia de sectores poderosos de empresarios y apoyo del gobierno estadounidense. Ahora nos encontramos con que reconstruir la institucionalidad y la convivencia ciudadana apegada al respeto a la ley y normas jurídicas básicas ha sido tarea cuesta arriba y difícilmente pueda encontrarse estabilidad y armonía en el corto plazo.
Lo otro es que en esta nota noticiosa se dibuja el derecho consuetudinario de los pueblos mayas como algo basado en castigos para "escarmentar". Le aclaro, la naturaleza de este derecho consuetudinario es buscar la reparación del daño, que no siempre implica la expulsión del hechor de su comunidad. Se apoya en la reserva moral y la vergüenza que cada quien como individuo posee. Generalmente las visiones reduccionistas y racistas reducen este derecho consuetudinario a castigos corporales y violentos.
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