Unas 15.000 personas morirán este año en Guatemala por causas relacionadas con el hambre. En el Análisis situacional de la malnutrición en Guatemala, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo alerta que, lejos de corregirse, el problema empeora.
 

Marta Garrido

Pese a la gravedad de la situación, el Ministro de Salud, Ludwig Ovalle, y el Gobierno de Álvaro Colom evitan tomar medidas. “A principios de este año, pedí públicamente al Gobierno que decretara la alerta nutricional, porque las tormentas del año anterior habían reducido el período de cosechas y temimos que no hubiera una producción agrícola de subsistencia,” declara a Radio Nederland el Defensor del pueblo de Guatemala, Sergio Morales. Sin embargo, “el año pasado estimamos que murieron 6.247 personas por causas relacionadas con el hambre y este año se estima el fallecimiento de 15.000,” agrega.

Según Morales, “esto ocurre por falta de una política de seguridad alimentaria integral. Es decir, a los campesinos no se les asegura acceso a tierras, fertilizantes, semillas, créditos ni tecnificación, y todo esto redunda en una población que depende únicamente del maíz y del frijol, pero que, ante los desastres climáticos, pierden sus cosechas y sufren situaciones realmente alarmantes”. Uno de tales desastres naturales ha sido el huracán Jova, que abandonó recientemente el país dejando, según se estima, 14 muertos. “Y todavía sigue lloviendo en Guatemala, por lo que nosotros creemos que puede haber un problema nutricional, ya que las cosechas de subsistencia volverán a mermar”, asegura el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco.

Desorden institucional
Mauricio Valdés, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Guatemala, entregó una copia del informe sobre malnutrición en el país al vicepresidente Rafael Espada, quien señaló que el desorden institucional impide avanzar para solucionar la situación. ¿Quiere esto decir que estamos ante una situación de malnutrición ´por burocracia´?

“Son impresionantes las declaraciones del vicepresidente, porque él es el responsable de la Convención Nacional de Seguridad Alimentaria en el país, y que él venga a decir eso realmente es desolador¨, opina Sergio Morales. “Desde la Procuraduría llevamos cuatro años advirtiendo que existe un desorden de las instancias que colaboran en el tema de seguridad alimentaria, así como actos hasta criminales. Por ejemplo, cuando suspendieron la talla de brazo de los niños como procedimiento para identificar a los niños desnutridos, porque era un peso político sobre el actual Gobierno¨.

Ministro de Salud
Desde la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala han impuesto dos antejuicios* contra el ministro de Salud, Ludwig Ovalle. Uno de ellos por la muerte de bebés en hospitales nacionales a causa de infecciones intrahospitalarias.

“A principios de año murieron 50 niños en el hospital de Santa Rosa por enfermedades pulmonares y diarreicas. Pero nosotros hicimos una investigación y hallamos que todos estos niños tenían en común la baja talla, es decir, el anuncio de que eran niños desnutridos. Entonces, planteamos un antejuicio contra el Ministro de Salud, porque se le había prevenido que los niños desnutridos se trataran en centros nutricionales y no en hospitales, ya que en éstos contraen con más facilidad enfermedades nosocomiales¨, explica Morales. Hasta este momento, este Ministro lleva 15 antejuicios, pero “por cosas que uno no se explica, no hay manera de que el Congreso entre a conocerlos”, a pesar de que “él es el responsable de esto,” precisa el Defensor del Pueblo.

Falta de voluntad política
La malnutrición en Guatemala “no se debe a un desorden administrativo sino a la falta de voluntad política para enfrentar problemas a largo plazo”, asegura Morales. Los guatemaltecos han soportado problemas de desnutrición desde mediados del siglo XX. “Si no se dan semillas ni fertilizantes, es porque hay intereses económicos que lo impiden. La negativa del Gobierno a dar dinero para que los campesinos pobres puedan tener acceso a tierras también es un problema político. Esto va más allá de un simple problema burocrático, es una política económica que mantiene una situación que viene sucediendo en Guatemala desde hace casi un siglo”.

(* El privilegio de antejuicio es un mecanismo de defensa de la función pública que protege al funcionario público contra denuncias infundadas, espurias o motivadas por intereses políticos, evitando que se menoscabe las funciones que realiza en el ejercicio de su cargo. Para evitar los abusos de poder a favor de este privilegio, en Guatemala se creó, en el 2002, la Ley en Materia de Antejuicio, mediante la cual el Congreso debe investigar si procede recomendar que retiren la inmunidad al funcionario.)