Más de 180 organizaciones guatemaltecas e internacionales han pedido al presidente del Gobierno español y al de Guatemala que detengan los asesinatos, persecución, criminalización y represión de que son objeto defensores civiles y de derechos humanos en Guatemala.

En concreto se refieren a la protesta que llevan a cabo comunidades contra dos empresas de distribución de energía pertenecientes a Unión Fenosa de España. Las comunidades, a las que ya les han asesinado tres líderes, protestan por los cortes de electricidad y cobros excesivos que llevan a cabo las empresas.

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Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos de Guatemala (CIIDH),en entrevista con Radio Nederland, explicó los antecedentes:

“Unión Fenosa en Guatemala funciona a través de dos empresas, Deocsa y Deorsa. Ambas tienen bajo su cargo una parte importante del negocio de la distribución de la energía
eléctrica en Guatemala. Diferentes comunidades de una buena cantidad de departamentos de Guatemala han manifestado insistentemente desde hace años una serie de graves problemas con la distribución de la energía eléctrica.”

Los hechos
Según explica Santos las comunidades han hecho denuncias por cortes permanentes de la distribución de la energía, por lo que comunidades completas se han quedado sin suministro -todo esto sin previo aviso-, y además por las consecuencias de estos cortes como, por ejemplo, desperfectos técnicos.

“Se han quemado sus aparatos eléctricos, televisores, han tenido problemas sus refrigeradores. Estas empresas distribuyen en departamentos que están en situación de pobreza y de pobreza extrema. Estas denuncias presentadas parten también de las facturas que les presentan estas dos empresas, en las que hay excesivos cobros, es decir con precios que están muy por arriba de lo que otras empresas cobran” nos dice Jorge Santos.

Protestas y tres asesinatos
A partir de estas denuncias, las comunidades han tomado una serie de acciones de resistencia frente al abuso de poder que cometen las dos empresas, explica el coordinador del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos de Guatemala:

“Las acciones han llegado hasta a tomar una Municipalidad de una de estas comunidades, y después les fue cortado el suministro. Otra protesta obviamente es el no pago de las facturas por parte de los comunitarios, provocando que el tema hoy por hoy esté en la agenda pública nacional y que hasta la fecha hayan sido asesinados tres dirigentes sociales del llamado Frente Nacional de Resistencia de Guatemala”.

“Los tres tienen como denominador común en ser del frente y con mayor vehemencia han presentado estas denuncias de abuso que durante años han cometido tanto Doscsa como Deorsa” dice Santos.

Estados de sitio, justicia y CICIG
Jorge Santos, portavoz de las numerosas organizaciones que denuncian y piden justicia, y apoyan a las comunidades en su exigencia de justicia y denuncia de impunidad, cree que lo que ha hecho el Estado hasta el momento es muy poco:

“La respuesta es muy débil, y en términos de la investigación criminal también. Se trata de una ejecución prácticamente extrajudicial de los tres. Uno de estos asesinatos se da inclusive horas después de haber mantenido una reunión con diputados del Congreso de la República. Los dirigentes ya retornaban hacia sus hogares en un departamento remoto en el país. La única respuesta del Estado ha sido provocar un estado de excepción, donde se limitan las garantías constitucionales y algunos derechos a la ciudadanía, que en definitiva lo que desean así es lograr la disminución de la protesta.”

Ante la pregunta de Radio Nederland si creía que la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala puede hacer algo, Jorge Santos fue enfático:

“El mandato de la CICIG es el desmantelamiento de las estructuras paralelas que están enquistadas en el estado de Guatemala. Nosotros creemos que detrás de estos asesinatos no dudamos de que hay verdaderas estructuras que estén enquistadas dentro de las instituciones públicas , ya sea por la omisión del accionar de las autoridades gubernamentales que permiten que estos hechos se den, en el amparo de la impunidad. Algo que tradicionalmente, en el caso de defensores de derechos humanos o de dirigencia social se da en este país”.
 

Las comunidades han denunciado la existencia de listas de amenazados de muerte. Sobre esto el coordinador del Centro Internacional para Investigaciones en DD.HH. de Guatemala explicó:

“Desconozco el número que está en esas listas, pero las comunidades en su conjunto están siendo objeto de una fuerte represión por parte del Estado guatemalteco, por lo que hay un estado de excepción en algunos municipios, lo que les limita el derecho de sus ejercicios, desde de organización hasta de manifestación. Hay una agresión constante, y los dirigentes son los que reciben la mayor fuerza de agresividad, amenazas e intimidaciones. No se trata sólo de una acción contra quienes conducen el proceso, sino contra las comunidades que están actuando de manera conjunta contra los abusos que estas empresas cometen”.