El gobierno argentino se presentó como querellante en la causa judicial por el corte de la ruta 136, que une las ciudades de Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay).

 

El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, anunció que se radicaron denuncias penales y civiles contra los asambleístas que mantienen cerrado el paso internacional desde noviembre de 2006, en protesta por la instalación de la papelera UPM (ex Botnia).

El martes, el juzgado federal de Concepción del Uruguay (en la provincia argentina de Entre Ríos), a cargo de Gustavo Pimentel, había confirmado que se debe garantizar el libre tránsito por el Puente Internacional General San Martín. En el fallo, el magistrado aseguró que existen tres decisiones judiciales previas —anteriores al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya— que instaban a "arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales" de la provincia y "la totalidad de los pasos fronterizos" con Uruguay, además de "velar por la seguridad de los manifestantes y de las personas que quieran utilizar las rutas y los pasos fronterizos".

"La medida (judicial) no refleja con contundencia cuál es la situación en la que nos encontramos y cómo se resuelve este tema", dijo el jefe de Gabinete, en diálogo con la prensa. "En lugar de poner las fuerzas de seguridad a presionar para poder habilitar el puente, como hubiese sido intención de más de uno (...) y porque no tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir, hemos decidido presentarnos como querellantes en la causa", aseguró Fernández.

La decisión del gobierno argentino se conoció luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reuniera durante varias horas con el ministro de Justicia, Julio Alak, el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, y el jefe de Gabinete para definir los pasos a seguir. Aunque por la mañana, antes de esa reunión, el ministro de Justicia había asegurado que iba a hacer cumplir el fallo a través de las fuerzas de seguridad federales "en el marco del estado de derecho", la intervención de la Gendarmería argentina ha quedado descartada.

LA ACUSACIÓN CONTRA LOS ASAMBLEÍSTAS
El fallo judicial que confirma la orden de garantizar la libre circulación por la ruta 136 responde a una presentación efectuada el 20 de mayo pasado por los Ciudadanos Movilizados de Gualeguaychú, un grupo de habitantes de esa ciudad argentina que denunció que los asambleístas cometen un delito al cortar el puente internacional, ya que les impiden el "normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar".

Según informó el jefe de Gabinete, el gobierno argentino ahora será querellante en esa causa, ya que acusa "con nombre y apellido" a quienes con su conducta han permitido —por acción o por omisión— que se cometan varios delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, amenazas, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional de la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad, encubrimiento, todos enumerados en diversos artículos del Código Penal argentino.

Al mismo tiempo, el gobierno presentó una denuncia civil contra los asambleístas, a quienes acusa, a raíz de su decisión de cortar el paso fronterizo, de ser responsables del cierre de negocios de la zona y de haber generado pérdidas económicas importantes para sectores como el transporte, el turismo y el comercio entre Argentina y Uruguay.

Entre los argumentos que sostienen esta decisión de presentarse ante la justicia, el funcionario explicó que el corte de ruta impide cumplir con lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya: "Entendemos que a esto hay que darle un corte definitivo, y ese corte definitivo comenzaba el día en que la Corte, conforme establece el artículo 60 del Tratado del Río Uruguay, dictó un fallo. Puede gustar más, puede gustar menos, pero es un fallo que hay que acatar. Y vuelvo a insistir: no podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer lo que significa un fallo a nivel internacional, donde ha habido una respuesta específica por parte del Estado nacional para cumplir con ello".

Además, el jefe de Gabinete agregó que el corte trae otras consecuencias negativas para el Estado argentino: "Nos impide poder avanzar con la recomposición de las relaciones con la República Oriental del Uruguay, nos impide poder cumplir con los estándares internacionales que nuestra Presidenta exige como mínimo para que los ciudadanos de la zona puedan vivir tranquilos, sin ningún tipo de inconvenientes".

LAS REACCIONES EN GUALEGUAYCHÚ
En Gualeguaychú, los asambleístas escucharon con atención las declaraciones del jefe de Gabinete. Inmediatamente después del anuncio, se conocieron las primeras reacciones. Aunque los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental anunciaron que analizarán el tema con mayor profundidad en las próximas horas y que luego evaluarán los pasos a seguir, algunos integrantes manifestaron su disgusto con la decisión del gobierno argentino.

"No sólo no resuelven el problema, sino que además lo agravan, poniéndonos a nosotros como los culpables del problema o quienes generamos los inconvenientes en las relaciones hermanas con Uruguay. Acá el que originó el problema es Botnia. Botnia es ilegal y sigue funcionando, entonces evidentemente representan intereses que no son los nuestros", dijo una de las asambleístas a un canal de televisión local. "Soy comerciante y, en realidad, me siento tocado. Yo he dejado la vida en el corte para defender la causa. Nosotros estamos por la vida y no por el dinero", agregó uno de sus compañeros. Entre los asambleístas, había un grupo de ciudadanos uruguayos que se acercó a la Asamblea para solidarizarse con el reclamo.

En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el asambleísta Juan Veronese señaló que el corte "es un problema contra Botnia, no contra Uruguay". Otra integrante de la Asamblea, Paola Robles, sostuvo que "lo que se buscó fue encapsular el conflicto y no resolverlo", y anticipó que el corte de ruta "se va a mantener hasta tanto la Asamblea determine lo contrario". Por la mañana, Juan Ferrari había comentado: "No negamos que algún día tengamos que buscar otra alternativa, pero desde el lado de la sociedad".
Luego de anunciar la presentación de las denuncias, el jefe de Gabinete reafirmó la voluntad del gobierno argentino de resolver este conflicto: "Es imperioso tener el tema resuelto a la brevedad, y por eso entendemos que la Justicia debe tomar cartas en el asunto e ir específicamente sobre los responsables por este tema desde el punto de vista penal y civil, y concluir en algún momento, el más corto posible, con la liberación del puente, para que vuelva a la normalidad la vida de los habitantes de la zona y el contacto directo con la República Oriental del Uruguay".

EL TEMOR ANTE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN
"No sabemos realmente si se está contaminando o no se está contaminando", dijo Aníbal Fernández, y luego agregó que el corte afecta la capacidad de monitorear y trabajar en conjunto con Uruguay para controlar que no haya daño ambiental.

"Nosotros pusimos en riesgo la relación con República Oriental del Uruguay y es imperioso recuperar esa relación", afirmó el jefe de Gabinete, quien recordó las dos reuniones que mantuvieron los mandatarios de ambos países. Además, sostuvo que el gobierno argentino defiende el cuidado del medio ambiente porque "significa la vida de los actuales habitantes de la zona, de sus hijos y de sus nietos", y remarcó: "Eso solamente se puede preservar y garantizar si nosotros nos hacemos responsables del control de la calidad de las aguas".

Por la mañana, Cristina Garciarena, una de las integrantes del grupo de vecinos que reclamaron judicialmente que se levante el corte, había pedido "no exacerbar los ánimos para impedir que la sociedad de Gualeguaychú se divida". "Nosotros hemos pedido el fin del corte porque creemos que ya no tiene razón de ser y porque perjudica a los pueblos y no a la empresa. Estamos aislados y nos estamos aislando cada vez más. Estamos quedando afuera del corredor del río Uruguay y afuera del circuito turístico y comercial", sostuvo Garciarena. Sin embargo, remarcó que "se debe seguir luchando" contra la pastera, aunque aclaró: "La lucha no la tenemos que hacer solos sino compartiendo los controles con el vecino país".