El célebre magistrado español Baltasar Garzón, juzgado en España por haber investigado los crímenes del franquismo, fue condenado el jueves a 11 años de inhabilitación en otro caso contra él, por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación en el Caso Gürtel, informó la corte.
Caso Gürtel
El ‘caso Gürtel’. Esta trama, que recibe su nombre por la traducción al alemán del apellido del principal imputado, Francisco Correa, se considera la red de corrupción más extensa destapada durante la democracia española. En ella están implicados cargos del Partido Popular de Valencia, Madrid y Galicia, y entre los presuntos delitos cometidos se incluye evasión de dinero, fraude fiscal, soborno a las autoridades, adjudicación a dedo de contratos a las empresas de la red corrupta, e incluso se habla de supuesta financiación irregular del partido.
En un principio, Baltasar Garzón fue el juez instructor del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM. En esa etapa de la instrucción, el juez intervino las comunicaciones privadas entre algunos de los detenidos y sus abogados, y este fue el motivo de la querella presentada en su contra. Garzón fue recusado por el Partido Popular.
Tanto la Fiscalía anticorrupción como el actual juez instructor del caso ante el TSJM, Antonio Pedreira, han avalado las escuchas. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, asegura que Garzón actuó adecuadamente al ordenar la intervención las comunicaciones. La Fiscalía recurrió en aquel entonces la querella interpuesta contra Garzón y argumentó que ésta contiene numerosas e importantes incorrecciones y oculta datos de forma interesada.
Nota de Beatriz Díez
El Tribunal Supremo español lo condenó a "11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos", según la sentencia.
La alta corte juzgó a Garzón a mediados de enero por haber vulnerado el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España.
Esto significa el fin de la controvertida carrera del juez español, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres y suspendido de sus funciones en España desde mayo de 2010.
El mismo tribunal dejó visto para sentencia el miércoles otro juicio contra el magistrado, acusado por dos grupos ultraderechistas españoles de haber querido investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante el franquismo pese a una ley de Amnistía de 1977.
La coincidencia de estos casos contra Garzón, y la existencia de un tercero para el que aún no se anunció juicio, llevaron a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra un magistrado al que sus osadas investigaciones le valieron más de un enemigo.
Garzón anulado definitivamente
El Tribunal señala en el fallo que esta decisión supone para el juez de la Audiencia Nacional "la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener, durante el tiempo de la condena, cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, así como el pago de las costas procesales".
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A quienes alguna vez se creyeron el tan cacareado cuento de la "ejemplar transición española", déjenme decirles algo: es pura mentira, el franquismo, ese régimen hermano y aliado del nazismo, nunca ha dejado de ser; ha sabido camuflarse hábilmente dentro de todas las instituciones democráticas donde se la dado cabida, las cuales controla desde adentro en su propio beneficio y en aras de su pervivencia. Sus descendientes, los hijos y nietos de los genocidas fascistas que deberían haber sido juzgados hace años por crímenes de lesa humanidad, han sido quienes sentaron al juez Garzón en el banquillo. Quienes dictaron contra él sentencia condenatoria, se han marcado para la historia como acólitos del mismo sistema represor que evita a toda costa ser sacado a la luz del juicio universal.
Es un escándalo sin precedentes ni paliativos, un hecho reprobable que todos los españoles y demás personas de bien, amantes de la justicia, cuantos haya en el mundo, debemos condenar y denunciar ante la corte internacional de los derechos humanos.
Hoy es un día muy triste para los demócratas españoles y, por supuesto, para el derecho internacional y todos sus valedores a escala global.
¡Qué vergüenza más grande!
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