La Justicia peruana ha comenzado el cuarto proceso penal contra el ex Jefe de Estado peruano, Alberto Fujimori.

Es el último que al que se deberá enfrentar. El resultado de éste no cambiará en nada la condena de 25 años que pesa sobre él por violaciones a los derechos humanos; en el Perú las penas no son acumulativas. Esta vez, los jueces se pronunciarán sobre la red de espionaje telefónico que el presidente y su servicio de inteligencia construyeron para la extorsión y el chantaje a los líderes políticos de oposición y periodistas durante la década del 90, así como la compra de conciencias de miembros del Congreso.

El lunes 28 de septiembre, el Poder Judicial peruano inició el cuarto y último juicio penal contra Alberto Fujimori. Hace una semana se cumplieron dos años de haber sido extraditado al Perú tras su renuncia a la Presidencia vía fax y a su refugio en Japón antes de ir a Chile, buscando su ingreso al Perú libre de cualquier señalamiento judicial. Recordemos que Fujimori esperaba que la Justicia chilena no aceptara la solicitad de los tribunales peruanos.
 

Éste es uno de los siete casos que la Corte Suprema chilena tuvo en cuenta para autorizar la extradición del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, y que la Justicia peruana agrupó en cuatro. Este caso está vinculado al espionaje telefónico, al mal uso de fondos públicos y corrupción de funcionarios.

Tal como indica el derecho internacional, Fujimori sólo puede ser juzgado por siete de los doce delitos que en total comprendía el voluminoso expediente de solicitud de retorno del ingeniero de origen japonés. Sólo por los siete en los cuales, la Suprema chilena, observó delito. Al concederse la extradición, dice la ley internacional, el extraditable será juzgado sólo por los delitos admitidos en dicho proceso. En el caso de Fujimori, la extradición permitirá que sea juzgado en Perú por los delitos que los jueces chilenos señalaron y no por otros.
 

Este cuarto proceso encuentra a Fujimori ya con tres condenas encima, siendo la más seria, la que lo mantiene recluido en una sede policial y que lo mantendrá allí por los próximos 25 años, los gravísimos delitos contra los derechos humanos. El interés ciudadano y mediático por este último proceso judicial está en su nivel más bajo.
 

Para este proceso, el Fiscal Supremo José Luis Peláez, quien encabeza la acusación, solicitó más tiempo a los tribunales para comenzar, pues más agraviados deseaban constituirse como parte civil, y por tanto se necesitaba su notificación así como acreditar a sus abogados en el juicio. La cifra de testigos era superior a 160. La Sala no lo aceptó; entremos pronto en materia pareció decir.
 

La acusación
Fujimori es acusado de haber pagado con fondos públicos sobornos a dueños de medios de comunicación y comprado acciones de un canal de televisión para que su línea editorial lo apoye, así como haber sobornado a congresistas opositores para que pasen a sus filas. Se ha pedido para el ya sentenciado Fujimori una condena a ocho años de prisión y el pago de una reparación civil de 5 millones de soles (1,5 millones de dólares) a favor del Estado y tres millones de soles (un millón de dólares) para los agraviados por la ilegal interceptación telefónica.
 

Entre las víctimas del espionaje telefónico estaba el escritor Mario Vargas Llosa, rival político de Fujimori en el 90, y el ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, su rival en los comicios de 1995, y de otros políticos y periodistas opositores, así como empresarios.

En caso de ser encontrado culpable, la pena no afectará la previa condena a 25 años de prisión por los casos de derechos humanos, pues en el derecho peruano las penas no son acumulativas.
 

Ya se definió el caso
Al cierre de este informe sucedió lo que la defensa de Fujimori proyectó. Éste aceptó su culpa en forma limitada, a fin de que el proceso termine rápidamente, sin que lleguen a ventilarse públicamente los cargos, con abundancia de testigos. Muy temprano en la mañana del lunes Fujimori se declaró culpable. El miércoles 30, la Sala que lo juzga dará, sin lugar a dudas, sentencia condenatoria nuevamente.
 

El fujimorismo ha jugado todas sus cartas al silencio para que este proceso que queda pase rápido, sin muchas luces mediáticas. Son conscientes que su carta más importante es la congresista Keiko Fujimori, hija del ex presidente, y candidata de fuerza de la agrupación de color naranja de cara a las presidenciales del 2011. Con Keiko Fujimori en el poder no habrá presión suficiente que pueda cambiar lo ya declarado por la congresista: “Yo indultaré a mi padre si llego a ser presidente”.